La plataforma nace de la mano de Enrique Díez Gutiérrez, especialista en pedagogía antifascista, que junto con otros y otras profesionales de la educación articula una red que reivindica la docencia como práctica política y transformadora. En su manifiesto fundacional, IADE defiende el papel emancipador de la educación y rechaza “la falsa neutralidad que encubre la perpetuación de las injusticias”.
En un contexto de despolitización de las aulas y avance de discursos reaccionarios bajo el paraguas de la neutralidad y la objetividad, el colectivo sostiene que “la verdadera educación debe dotar a las personas de un espíritu crítico para analizar el mundo, comprender sus desigualdades y transformarlo”.
El movimiento se declara contrario al adoctrinamiento y a las pedagogías dogmáticas, promoviendo el internacionalismo educativo como herramienta para impulsar modelos críticos y emancipadores de enseñanza. “La docencia no es una mera profesión técnica, sino un acto de compromiso ético y político con las generaciones presentes y futuras”, afirman en el texto.
Tras años de recortes y desideologización en la educación pública, IADE denuncia el vaciamiento político de la escuela y la expansión de los discursos de odio entre el alumnado. Por eso, subrayan que “una educación antifascista fomenta el pensamiento complejo y la capacidad de hacerse preguntas incómodas”.
Los centros educativos, especialmente los públicos, son espacios inherentemente políticos, aunque algunos se esfuercen en negarlo. La derecha, lejos de ocultar sus reservas hacia la función crítica de la escuela pública, ha convertido la supuesta “neutralidad” en una estrategia para vaciar el debate pedagógico y desactivar la pluralidad ideológica. Bajo el discurso de la despolitización, se ha normalizado la censura como herramienta de control cultural.
Desde El Diario de la Educación alertan de que, “bajo la coartada de la neutralidad ideológica o de la protección de la infancia”, se impone una única forma de pensar que rechaza lo que se etiqueta como “ideología de género, memoria histórica o derechos LGTBI”.
Un ejemplo reciente se dio durante la inauguración del curso universitario 2025-2026 en la Universidad de Alcalá de Henares, cuando Isabel Díaz Ayuso afirmó: “No vamos a consentir que se instrumentalicen los centros educativos para hacer ingeniería social ni para librar una guerra ideológica”, en referencia a lo que considera una deriva política dentro de las instituciones académicas.
Defender una educación antifascista implica asumir la dimensión política de la enseñanza y reconocer su papel en la formación de una ciudadanía crítica. Supone también disputar la batalla cultural que atraviesa hoy a los centros educativos y reivindicar la educación pública como garante de los derechos humanos, la igualdad y la libertad de pensamiento frente a los intentos de censura y “desideologización”.
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