Foto: Alabama Extension / Wikimedia Commons – CC0
La ciudad destinará 70 millones de dólares a cinco establecimientos municipales, uno por distrito. En España, más de 50 organizaciones reclaman una ley estatal que garantice el acceso a productos frescos y saludables a precios asequibles.
El Ayuntamiento de Nueva York ha puesto en marcha un proyecto para abrir cinco supermercados municipales con precios regulados en una parte esencial de la cesta de la compra. La medida, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani, pretende reducir el coste de los alimentos básicos y convertir el acceso a una alimentación saludable en una política pública.
La iniciativa contempla la apertura de un establecimiento en cada uno de los cinco distritos de la ciudad. El primero está previsto en Hunts Point, en el Bronx, antes de que termine 2027, mientras que la red completa debería estar operativa en 2029.
El presupuesto municipal reserva 70 millones de dólares —alrededor de 60 millones de euros— para habilitar los locales y desarrollar el proyecto.
Un 30% de descuento en alimentos esenciales
La rebaja del 30% no se aplicará a todos los productos, sino a una cesta básica compuesta por frutas, verduras, carne, pescado, marisco, huevos, leche y alrededor de veinte categorías de productos de despensa, refrigerados y lácteos.
Los descuentos estarán disponibles para toda la población, independientemente de sus ingresos. Además, los precios de los alimentos esenciales permanecerán estables durante periodos determinados para evitar las variaciones semanales habituales en las cadenas privadas.
Según las estimaciones municipales, la medida podría reducir alrededor de un 15% el gasto total en alimentación de los hogares. El proyecto llega en un contexto en el que el precio de los alimentos en Estados Unidos ha aumentado un 33% desde 2019.
Los datos difundidos por el Gobierno municipal señalan también que más del 40% de las familias de Nueva York encuentra dificultades para afrontar el coste de la comida.
Propiedad municipal y gestión privada
El modelo planteado no supone que el Ayuntamiento gestione directamente las tiendas. Los establecimientos serán municipales, pero su funcionamiento cotidiano se encargará a operadores privados seleccionados mediante concurso público.
Estas empresas deberán respetar los precios establecidos, garantizar la presencia de alimentos esenciales y cumplir determinadas condiciones laborales y de calidad. El Ayuntamiento conservará el control sobre los objetivos sociales y económicos de la red.
La primera tienda se instalará en Hunts Point, un barrio donde, según el consistorio, el 77% de los hogares tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
España no cuenta con una red semejante
En España existen supermercados cooperativos, economatos y mercados municipales, pero no una red estatal de establecimientos públicos comparable a la que proyecta Nueva York.
Justicia Alimentaria ha reclamado la aprobación de una ley para crear una Red Pública de Supermercados. Su manifiesto, presentado en julio, cuenta con el respaldo de más de 50 organizaciones, entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción y diferentes cooperativas, asociaciones vecinales y colectivos vinculados a la soberanía alimentaria.
La propuesta no plantea sustituir al pequeño comercio ni a las cadenas privadas. Su objetivo sería establecer un nivel mínimo de acceso a alimentos frescos y saludables, especialmente en barrios vulnerables, pueblos y zonas rurales donde existe poca oferta comercial.
Estos establecimientos priorizarían los productos de temporada y proximidad, las relaciones directas con agricultores, ganaderos y pescadores, la reducción de intermediarios y la creación de empleo con condiciones dignas.
Recuperar los mercados municipales
Una de las vías planteadas para desarrollar esta red sería aprovechar mercados municipales deteriorados, infrautilizados o abandonados. Las administraciones podrían rehabilitarlos y convertirlos en centros públicos de distribución alimentaria.
El modelo también podría incorporar cocinas comunitarias y centrales de compra vinculadas a colegios, escuelas infantiles, residencias, hospitales o comedores sociales. De esta forma, los supermercados formarían parte de una red más amplia de alimentación pública.
Justicia Alimentaria sostiene que el aumento continuado del precio de la cesta básica está expulsando productos como el pescado, las frutas o las verduras de la alimentación habitual de numerosas familias.
La patronal rechaza la propuesta
Las principales organizaciones empresariales de la distribución se oponen a la creación de supermercados públicos. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados y la Asociación de Fabricantes y Distribuidores argumentan que el sector trabaja con márgenes reducidos y que ya existe suficiente competencia.
Sus defensores, por el contrario, consideran que una red pública permitiría contener el precio de la cesta básica, mejorar el acceso a productos saludables y ejercer presión sobre las grandes cadenas privadas.
La experiencia de Nueva York permitirá comprobar si una intervención municipal en la distribución alimentaria puede reducir los precios sin deteriorar la calidad ni las condiciones laborales. En España, la propuesta ya está sobre la mesa, aunque su puesta en marcha dependerá de que las administraciones incorporen la alimentación a sus políticas públicas.
