Sergio Gómez, alcalde de Marinaleda, explica en una entrevista con Contraplano el sistema de vivienda pública y autoconstrucción del municipio sevillano, donde existen cuotas de entre 15 y 20 euros mensuales y actualmente se levantan otras 24 viviendas destinadas al alquiler social.
Mientras el acceso a la vivienda vuelve a ocupar las calles, las movilizaciones y buena parte de la agenda política, Marinaleda continúa reivindicando un modelo que lleva décadas desarrollándose en este municipio sevillano: suelo público, autoconstrucción, alquiler social y limitaciones a la especulación.
El alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez Reyes, ha explicado en una entrevista con Contraplano cómo funciona este sistema y ha defendido que detrás del conocido titular de las “casas por 15 o 20 euros” existe un modelo político y urbanístico desarrollado durante años.
«La vivienda no es una mercancía que sirva para hacer negocio, sino simplemente para cubrir un bien de primera necesidad».
El municipio cuenta con diferentes fórmulas para facilitar el acceso a una vivienda: promociones construidas directamente por el Ayuntamiento y proyectos de autoconstrucción en los que participan las propias personas adjudicatarias.
El Ayuntamiento de Marinaleda explica en su documentación pública que, en los proyectos de autoconstrucción, el suelo municipal se pone a disposición de la promoción, se facilita parte de los materiales y personal especializado dirige las obras. Además, los futuros residentes aportan trabajo durante la construcción.
Autoconstrucción: trabajar colectivamente para levantar las viviendas
Uno de los aspectos que Sergio Gómez quiso aclarar durante la entrevista es que cada participante no construye exclusivamente la que posteriormente será su vivienda.
«Las personas que se autoconstruyen su casa no se están autoconstruyendo la suya propia, están participando en la construcción de la promoción entera, precisamente para que no le pongan más cariño a la suya que a la del vecino».
Los participantes trabajan colectivamente en el conjunto de las viviendas y toman también decisiones sobre algunos elementos de la construcción.
«Se forma una especie de cooperativa entre los beneficiarios y los miembros eligen de manera mayoritaria el azulejo, el material que van a utilizar o el diseño de la propia vivienda».
Según la información publicada por el Ayuntamiento de Marinaleda, por este sistema se han construido más de 350 viviendas a lo largo de las últimas décadas.
El suelo fuera del mercado
Para Gómez, uno de los elementos fundamentales es precisamente el suelo.
«El suelo no se entiende como un negocio, sino como un instrumento social».
El alcalde contrapone este planteamiento al modelo por el que las administraciones venden o ceden suelo público para desarrollos inmobiliarios privados.
«No urbanizamos para vendérselo a las inmobiliarias de turno y que hagan negocio. Urbanizamos para que el suelo sirva al Ayuntamiento y esté a disposición del Ayuntamiento para después construir las viviendas públicas».
Viviendas por 15 o 20 euros al mes
El elemento que más atención mediática ha generado durante años son las cuotas mensuales.
Sergio Gómez explica que actualmente existen tanto viviendas desarrolladas mediante autoconstrucción como promociones municipales destinadas directamente al alquiler.
«Tenemos dos proyectos: uno es el proyecto de alquiler y otro el proyecto de autoconstrucción».
En el caso del alquiler, el Ayuntamiento está desarrollando actualmente 24 nuevas viviendas.
«El Ayuntamiento desde principio a fin construye la vivienda y, una vez que se termine, se selecciona en función de diferentes criterios económicos y sociales».
Según explicó Gómez durante la entrevista, posteriormente se entregan mediante un alquiler simbólico cercano a los 15 euros mensuales.
En algunas de las promociones de autoconstrucción las cuotas se encuentran igualmente entre los 15 y los 20 euros al mes.
No pueden utilizarse para especular
Pero el modelo incorpora otra condición fundamental: las viviendas públicas no pueden convertirse posteriormente en una operación especulativa.
«La gente sabe que no puede vender su vivienda porque sería muy injusto que las viviendas se construyan, entre otras cosas, con impuestos municipales y que después esos impuestos sirvieran para el enriquecimiento personal de cualquier persona».
El Ayuntamiento también comprueba que quienes optan a estas viviendas no dispongan previamente de otra propiedad.
«El primer requisito es que no tenga otra propiedad. No vamos a facilitar una segunda vivienda para alguien que ya la tiene».
«El 30% de las viviendas son de titularidad pública»
Durante la entrevista, el alcalde aseguró que alrededor del 30% de las viviendas existentes en Marinaleda son de titularidad pública, ya sea mediante autoconstrucción o alquiler.
«Cuando estamos hablando de que el porcentaje de vivienda pública en el Estado es del 2,5% y en Marinaleda del 30%, la diferencia es abismal».
Para Gómez, estas cifras demuestran que existen alternativas al funcionamiento convencional del mercado inmobiliario.
«Estamos demostrando que hay alternativa a la que nos ofrece el mercado, que hay otra posibilidad de que la gente viva dignamente».
¿Puede aplicarse el modelo fuera de Marinaleda?
Una de las críticas habituales al modelo es precisamente el tamaño de Marinaleda y la dificultad de trasladarlo a grandes municipios.
Gómez rechaza ese argumento.
«Nosotros no lo tenemos más fácil por ser un pueblo más pequeño, al contrario. Tenemos un término municipal muy pequeño y unos recursos más bien escasos».
Según el alcalde, los municipios de mayor tamaño cuentan también con mayores presupuestos, más suelo y más herramientas administrativas.
«En los ayuntamientos más grandes hay más posibilidades. Primero hay más dinero, hay más término municipal y, por supuesto, hay más necesidades. Por tanto, todo se resume en voluntad política».
Construir más viviendas no basta
Gómez también cuestionó durante la entrevista que la solución al problema habitacional pase exclusivamente por aumentar la construcción.
«Construir por construir, no».
Para el alcalde de Marinaleda, una política de vivienda debe analizar también quién termina controlando esas propiedades.
«Tú puedes construir muchísimas viviendas y que caigan en manos de un fondo buitre o de una inmobiliaria que no dé respuesta a las necesidades de la gente».
La intervención pública como eje
A lo largo de la conversación, Gómez defendió una intervención mucho mayor de las administraciones públicas en el mercado inmobiliario.
Entre sus propuestas mencionó incrementar de manera sustancial el parque público, utilizar suelo público para vivienda, impulsar mecanismos públicos de financiación y limitar la actividad especulativa de grandes propietarios y fondos de inversión.
«La solución se resume en intervención estatal».
También atribuyó responsabilidades a los diferentes niveles institucionales.
«Todas las administraciones, desde lo local hasta lo estatal, son responsables de lo que está pasando con el tema de la vivienda porque pueden hacer mucho más de lo que están haciendo».
«La utopía se conquista»
Marinaleda lleva más de tres décadas desarrollando políticas de autoconstrucción y vivienda pública, mucho antes de que el actual problema habitacional adquiriera la dimensión política y social que tiene actualmente en España.
Gómez sostiene que detrás de las cuotas de 15 o 20 euros que atraen titulares hay años de intervención municipal sobre el suelo, inversión pública, trabajo colectivo y una decisión explícita de mantener las viviendas fuera de la especulación.
Al terminar la entrevista dejó una frase que resume la filosofía política que, según explica, ha guiado este modelo durante décadas:
«En Marinaleda tenemos una frase: la utopía se conquista. Hay sueños que, si se pelean, no son utópicos; se pueden hacer totalmente reales. Y uno de ellos es precisamente la vivienda».
