CCOO acusa a la Comunidad de Madrid de favorecer la especulación inmobiliaria en Roca City Alcalá

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que el desarrollo urbanístico de Roca City Alcalá representa una oportunidad perdida para impulsar la vivienda protegida y garantizar el futuro industrial de Alcalá de Henares. La organización sindical reclama al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que modifiquen el planteamiento del proyecto para asegurar la continuidad del empleo y reservar al menos 1.500 viviendas a algún régimen de protección pública, de las cuales 1.000 deberían destinarse al alquiler asequible.

Las críticas se han hecho públicas este viernes, 16 de octubre, durante una rueda de prensa celebrada en la sede de CCOO en Alcalá de Henares. En ella, distintos responsables sindicales han cuestionado las prioridades del desarrollo urbanístico previsto sobre los antiguos terrenos industriales de Roca y han señalado las diferencias existentes con otro proyecto de la misma multinacional en las localidades catalanas de Gavà y Viladecans.

Para CCOO, el problema no reside en la construcción de nuevas viviendas, sino en las condiciones sociales, laborales y económicas con las que se está planteando la transformación de unos terrenos históricamente vinculados a la actividad industrial.

CCOO cuestiona el modelo urbanístico impulsado en Alcalá

Vicente García Castillo, secretario general de CCOO Henares, ha criticado que la Comunidad de Madrid haya decidido reconocer el proyecto Roca City Alcalá mientras, según denuncia el sindicato, siguen sin concretarse garantías suficientes para el empleo y medidas de vivienda social que respondan a las necesidades de la población.

La Comunidad de Madrid ha distinguido el desarrollo en la categoría de Gestión Territorial de sus Premios de Medio Ambiente. El proyecto contempla la transformación de los antiguos terrenos fabriles en un nuevo ámbito urbano con más de 2.500 viviendas, de las cuales más de 650 dispondrían de algún tipo de protección, según la información publicada sobre la actuación.

Sin embargo, CCOO considera que las administraciones están desaprovechando la posibilidad de negociar mayores compromisos sociales e industriales.

García Castillo ha señalado directamente las diferencias entre el planteamiento de Alcalá y el de Gavà-Viladecans, donde la transformación de los terrenos de Roca incorpora una importante reserva de vivienda protegida y la continuidad de actividad económica.

El dirigente sindical sostiene que las decisiones políticas están siendo determinantes en el resultado de ambas operaciones y responsabiliza al Partido Popular, que gobierna tanto el Ayuntamiento de Alcalá de Henares como la Comunidad de Madrid, de no exigir compromisos equivalentes.

Dos proyectos de Roca con importantes diferencias en vivienda protegida

La comparación con Cataluña constituye uno de los principales argumentos de CCOO. En Gavà y Viladecans, el proyecto Roca City cuenta con un planeamiento urbanístico aprobado definitivamente en mayo de 2026 que combina nuevas viviendas, actividad industrial, servicios, equipamientos públicos y espacios verdes.

Según la documentación oficial difundida por Roca Group y el Ayuntamiento de Viladecans, la operación contempla la construcción de 2.730 viviendas, de las cuales 1.260 serán de protección pública. De estas últimas, aproximadamente la mitad estarán destinadas al alquiler.

La actuación también reserva el 60 % de la superficie edificable a actividades económicas, mientras que el 40 % restante se destina a uso residencial. El planeamiento incluye la renovación de las instalaciones fabriles y nuevos espacios destinados a empresas, investigación e innovación.

En Alcalá de Henares, por el contrario, la información publicada sobre Roca City sitúa la cifra de viviendas protegidas por encima de las 650, dentro de un desarrollo que supera las 2.500 viviendas.

CCOO considera que esta diferencia evidencia que las administraciones públicas disponen de margen para negociar condiciones más favorables para la población trabajadora.

El sindicato reclama un plan industrial que garantice el empleo

Alfredo Villafranca Villanueva, secretario general de la Federación de Industria de CCOO Madrid, ha reclamado que la operación urbanística vaya acompañada de una estrategia industrial que permita preservar la actividad económica y el empleo en Alcalá de Henares.

Villafranca ha insistido en que construir nuevas viviendas no debe implicar la desaparición de la capacidad productiva de una ciudad con una importante tradición industrial.

«No estamos en contra de que Alcalá gane viviendas, pero no podemos aceptar que para conseguirlo tenga que renunciar a su futuro industrial».

El responsable sindical ha defendido que la regeneración urbana puede desarrollarse de manera compatible con la modernización industrial, una fórmula que, según ha señalado, ya se está aplicando en el proyecto catalán.

«Si Roca puede compatibilizar regeneración urbana, industria e innovación en Cataluña, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá tienen la responsabilidad de explorar todas las posibilidades para conseguirlo también aquí».

Villafranca también ha recordado que el borrador del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2026-2030 contempla medidas orientadas a modernizar el tejido productivo, atraer nuevas inversiones y desarrollar distritos industriales y de innovación.

Según el dirigente sindical, Alcalá de Henares aparece entre los municipios vinculados a estas iniciativas, por lo que considera necesario que los objetivos industriales de la región tengan una aplicación concreta en el desarrollo de Roca City.

Críticas a la política de vivienda de la Comunidad de Madrid

Esperanza Hernández Zaragoza, secretaria de Políticas Sectoriales y Medioambiente de CCOO Madrid, ha situado el conflicto en el modelo de política urbanística y de vivienda del Gobierno regional.

La dirigente sindical ha acusado al Partido Popular de favorecer operaciones inmobiliarias sin exigir suficientes contraprestaciones sociales.

«El Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha convertido el urbanismo en su principal herramienta de negocio y lo hace con un patrón que se repite: primero facilitan la operación, segundo desregulan la protección y tercero premian el negocio especulativo».

Hernández ha considerado que la transformación de los antiguos terrenos industriales debería responder a tres necesidades fundamentales: preservar empleo de calidad, ampliar la oferta de vivienda asequible y garantizar la transparencia en las decisiones urbanísticas.

«Alcalá de Henares no necesita más ladrillo. Necesita empleo industrial, vivienda asequible y transparencia».

Desde CCOO se ha cuestionado igualmente la información pública disponible sobre el desarrollo urbanístico, reclamando que se hagan públicos los compromisos laborales, las condiciones del proyecto y las obligaciones que deberán asumir los promotores.

CCOO también cuestiona la denominación de «ecobarrio»

Otro de los aspectos que ha suscitado críticas durante la comparecencia sindical es la presentación de Roca City Alcalá como un ecobarrio.

Esperanza Hernández ha cuestionado el uso de esta denominación al considerar que no se han acreditado públicamente, según sostiene CCOO, suficientes objetivos medibles de ahorro energético, reducción de emisiones y huella de carbono que permitan evaluar las características medioambientales anunciadas.

La organización reclama información verificable sobre los compromisos de sostenibilidad, más allá de los elementos urbanísticos y ambientales incluidos en la presentación del desarrollo.

Estas críticas se producen después de que el Gobierno regional haya decidido reconocer el proyecto dentro de sus premios medioambientales, una distinción que CCOO considera difícil de justificar sin mayores garantías sociales, laborales y ambientales.

Una reclamación concreta: 1.500 viviendas protegidas y 1.000 alquileres asequibles

CCOO ha trasladado una propuesta concreta a las administraciones responsables de Roca City Alcalá. El sindicato exige que al menos 1.500 hogares puedan acceder a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y que 1.000 de ellas se destinen al alquiler asequible.

La organización también reclama garantías de mantenimiento de todos los puestos de trabajo vinculados a la actividad de Roca, así como medidas que permitan conservar y desarrollar tejido industrial en el municipio.

Las exigencias están dirigidas especialmente a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quienes el sindicato pide abrir una negociación que permita alcanzar compromisos concretos.

Para CCOO, las condiciones de un desarrollo urbanístico de esta magnitud no deberían limitarse al número de viviendas construidas o a la transformación física de los terrenos, sino incorporar garantías sobre su utilidad social y sus consecuencias laborales.

El futuro de Roca City abre un debate sobre el modelo de ciudad

La transformación de los antiguos terrenos de Roca plantea una cuestión que va más allá de una operación inmobiliaria concreta: qué papel deben desempeñar las administraciones en la reconversión de los espacios industriales y qué contraprestaciones públicas deben exigirse cuando estos suelos pasan a destinarse a nuevos usos urbanos.

El desarrollo de Gavà y Viladecans ofrece un modelo de referencia en el que se combinan vivienda protegida, renovación industrial y actividad económica, aunque ambas operaciones se encuentran en contextos territoriales y urbanísticos diferentes.

En Alcalá de Henares, CCOO reclama que el proyecto incorpore compromisos equivalentes en materia de empleo y acceso a la vivienda. Su propuesta consiste en aprovechar la transformación urbanística para ampliar el parque residencial protegido y evitar que la regeneración de los terrenos industriales se traduzca en una pérdida de oportunidades productivas.

La organización sindical sitúa ahora la responsabilidad en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, a quienes exige negociar unas condiciones que permitan compatibilizar nuevas viviendas, actividad económica y garantías para la población trabajadora.

El alcance definitivo de estos compromisos dependerá de las decisiones que adopten las administraciones responsables y de los acuerdos que puedan alcanzarse durante el desarrollo de la operación.


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