Foto portada: OBA
El Observatorio de Bienestar Animal (OBA) se enfrentará los próximos 16 y 17 de diciembre de 2026 a Lidl España en los tribunales tras la demanda presentada por la cadena de supermercados contra la organización por sus campañas informativas sobre la carne de pollo procedente de sistemas de producción intensiva. El procedimiento abre un debate sobre la libertad de información y el derecho de las entidades sociales a investigar y divulgar cuestiones de interés público.
El juicio se celebrará en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. La organización defenderá que sus publicaciones están respaldadas por datos y estudios científicos y advierte del efecto disuasorio que este tipo de procedimientos puede tener sobre quienes trabajan para informar a la ciudadanía.
¿Por qué ha demandado Lidl al Observatorio de Bienestar Animal?
El origen del conflicto se remonta a las campañas informativas desarrolladas por el Observatorio de Bienestar Animal durante 2024. En ellas, la organización abordó las condiciones de bienestar de los pollos comercializados y criados en explotaciones intensivas, así como diferentes cuestiones relacionadas con la composición nutricional de la carne y la salud pública.
Entre los asuntos analizados se encontraban la resistencia a los antimicrobianos y la presencia de alteraciones musculares conocidas como white striping, caracterizadas por la aparición de estrías blancas en la carne de pollo.
Lidl España presentó la demanda en 2025 alegando haber sufrido perjuicios económicos y daños reputacionales como consecuencia de las publicaciones de la organización animalista.
Por su parte, OBA sostiene que la información difundida se fundamenta en estudios científicos y reivindica su derecho a trasladar a los consumidores las conclusiones de sus investigaciones sobre el modelo de producción ganadera intensiva.
La libertad de información, en el centro del juicio
Más allá del conflicto entre la multinacional de la distribución alimentaria y la organización animalista, el procedimiento judicial plantea una cuestión que afecta al conjunto de las entidades sociales: las consecuencias económicas que puede tener enfrentarse a una demanda por informar sobre asuntos de interés público.
«No debería ocurrir que una organización se plantee dejar de informar por miedo al coste de defenderse ante los tribunales. Nuestras publicaciones se apoyan en datos y estudios científicos y defenderemos nuestro trabajo ante el juez. Pero este caso va más allá de OBA: nos preocupa el efecto que procedimientos como este pueden tener sobre otras organizaciones que trabajan para informar a la ciudadanía».
José Luis Murillo, director general del Observatorio de Bienestar Animal.
La preocupación de la entidad radica en que los costes derivados de estos procedimientos puedan convertirse en una barrera para aquellas organizaciones que investigan y cuestionan las prácticas de grandes empresas, especialmente cuando existe una diferencia considerable de recursos económicos entre las partes.
El derecho a comunicar y recibir información veraz está reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española, que también protege la libertad de expresión.
Más de 1.300 demandas contra la participación pública en Europa
El caso llega a los tribunales en un contexto europeo marcado por la preocupación ante las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas internacionalmente como SLAPP.
Según los datos del informe CASE 2025 recogidos por el Observatorio de Bienestar Animal, entre 2010 y 2024 se documentaron 1.303 demandas contra la participación pública en Europa. De ellas, 167 se iniciaron durante 2024.
Estas acciones judiciales pueden generar un efecto intimidatorio sobre periodistas, activistas, organizaciones medioambientales y entidades de defensa de los derechos de los animales, dificultando su participación en el debate público.
La Unión Europea aprobó la Directiva (UE) 2024/1069 para reforzar la protección frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos contra quienes participan en asuntos de interés público.
El plazo para incorporar esta normativa a las legislaciones nacionales finalizó el pasado 7 de mayo de 2026. Sin embargo, según denuncia OBA, España todavía no ha completado su transposición, pese a que el anteproyecto fue presentado el 14 de abril.
La organización señala, además, que la Comisión Europea emplazó a España el pasado 15 de julio por el retraso en la incorporación de esta normativa comunitaria.
La calificación del procedimiento iniciado por Lidl como una demanda abusiva no ha sido establecida judicialmente.
El bienestar animal y el derecho de los consumidores a estar informados
Las campañas del Observatorio de Bienestar Animal forman parte de su trabajo para transformar el sistema alimentario y poner fin al sufrimiento de los animales en las explotaciones ganaderas industriales.
La organización considera fundamental que la ciudadanía tenga acceso a información sobre las condiciones en las que se crían los animales destinados al consumo humano, los sistemas de producción utilizados por la industria alimentaria y sus posibles implicaciones para la salud pública.
El procedimiento judicial enfrenta la defensa de los intereses económicos y reputacionales de una compañía con el derecho de una organización social a divulgar información que considera de interés general.
«La libertad de información es un derecho fundamental y su ejercicio veraz está protegido por la Constitución. Defenderemos ante el juez que OBA actuó dentro de ese marco. Por respeto al procedimiento, no nos pronunciaremos sobre las pruebas hasta que se celebre el juicio».
María Victoria Hormigos, abogada del Observatorio de Bienestar Animal.
El juicio se celebrará los días 16 y 17 de diciembre
El Observatorio de Bienestar Animal comparecerá ante los tribunales los próximos 16 y 17 de diciembre en Cerdanyola del Vallès. Por el momento, no existe una fecha prevista para conocer la sentencia.
La resolución del caso será seguida por las organizaciones dedicadas a la defensa del bienestar animal y por quienes reclaman mayores garantías para el ejercicio de la libertad de información frente a los intereses empresariales.
OBA ha habilitado la página web Quieren cerrarnos el pico, donde ofrece información sobre el procedimiento y su campaña en defensa del derecho a informar.
