El caso de Fidel Zavala, condenado por una presunta estafa de 4.025 dólares después de haber sido absuelto en un procedimiento anterior, vuelve a situar bajo escrutinio internacional al sistema judicial salvadoreño. Su abogado, Rudy Joya, denuncia una persecución política contra quienes investigan los abusos en las cárceles. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos trasladan sus denuncias a las instituciones europeas y advierten del deterioro de las garantías judiciales bajo el régimen de excepción.
El pasado 10 de noviembre, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Fidel Antonio Zavala Pérez, defensor de los derechos humanos y portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), a 15 años de prisión por un delito de estafa agravada. La acusación se refiere a operaciones económicas realizadas entre 2018 y 2021, por un importe de 4.025 dólares y con tres personas perjudicadas.
La sentencia, dictada en un procedimiento sometido a reserva judicial, ha provocado una nueva denuncia de las organizaciones que vigilan la situación de los derechos humanos en El Salvador. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) han reclamado una revisión judicial independiente y han expresado su preocupación por el posible carácter represivo de la condena.
El caso presenta una circunstancia especialmente relevante: Zavala ya había sido absuelto en 2023 de una acusación por estafa, pero la Sala de lo Penal ordenó repetir aquel juicio a finales de 2024. Esa decisión se produjo meses después de que denunciara ante la Fiscalía presuntas torturas y muertes bajo custodia en centros penitenciarios del país.
La sucesión de acontecimientos ha llevado a su abogado, Rudy Joya, a cuestionar públicamente la independencia de la justicia salvadoreña. En declaraciones recogidas por el periódico Diario Co Latino el 13 de noviembre, el letrado aseguró que las resoluciones judiciales contra quienes denuncian abusos responden a decisiones políticas adoptadas desde las instituciones del Estado.
La acusación de injerencia política procede de la defensa y no constituye, por sí misma, una prueba de que la Presidencia haya intervenido directamente en el fallo. Sin embargo, las irregularidades denunciadas y los antecedentes del procedimiento han motivado la intervención de organismos internacionales.
De denunciar muertes en prisión a volver a la cárcel
La trayectoria de Fidel Zavala como defensor de los derechos humanos está estrechamente vinculada a su experiencia en el sistema penitenciario salvadoreño.
Entre febrero de 2022 y marzo de 2023 permaneció aproximadamente 13 meses en prisión preventiva. Tras recuperar la libertad, comenzó a denunciar presuntos actos de tortura, malos tratos y muertes de personas encarceladas durante el régimen de excepción.
En julio de 2024 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Osiris Luna, entonces director general de Centros Penales, y responsables de los establecimientos penitenciarios de Mariona y Santa Ana.
Zavala afirmaba haber presenciado situaciones de violencia, deficiencias en la asistencia sanitaria y fallecimientos de personas privadas de libertad. Su testimonio contribuyó a dar visibilidad a las denuncias sobre las condiciones de encarcelamiento bajo la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.
La secuencia posterior resulta fundamental para comprender el conflicto judicial.
Cronología del caso Fidel Zavala
De su primera absolución a la condena de 15 años y las denuncias internacionales.
2023 | Primera absolución
Zavala es absuelto del delito de estafa en un procedimiento relacionado con sus actividades económicas.
Julio de 2024 | Denuncia contra las autoridades penitenciarias
Presenta ante la Fiscalía una denuncia por presuntos abusos en las cárceles.
Finales de 2024 | Reapertura del proceso
La Sala de lo Penal anula las resoluciones favorables y ordena repetir el juicio por estafa.
25 de febrero de 2025 | Nueva detención
La Policía allana las instalaciones de UNIDEHC y detiene a Zavala en un operativo relacionado con el conflicto de tierras de la comunidad La Floresta.
10 de noviembre de 2026 | Condena a 15 años
El Tribunal Tercero de Sentencia lo declara culpable de estafa agravada en un procedimiento por 4.025 dólares.
18 de noviembre de 2026 | Reacción internacional
FIDH y OMCT emiten un llamamiento urgente y reclaman garantías judiciales y protección para el defensor.
Cronología elaborada a partir de la documentación de FIDH-OMCT, Amnistía Internacional y Diario Co Latino.
Rudy Joya denuncia sentencias dictadas por intereses políticos
El abogado Rudy Joya, integrante de UNIDEHC y responsable de la defensa de Zavala durante parte de sus procedimientos, considera que la condena forma parte de una estrategia de persecución contra quienes cuestionan al Gobierno salvadoreño.
Según su explicación, el origen del litigio estuvo en una serie de contratos de inversión suscritos por la empresa de Zavala. Las dificultades económicas derivadas de la pandemia provocaron incumplimientos de pago que inicialmente se habrían considerado reclamaciones de carácter mercantil.
La defensa sostiene que la acusación penal se impulsó posteriormente y que durante el proceso no se admitieron determinados contratos y pruebas que consideraba fundamentales para acreditar la inexistencia de engaño.
Joya también ha cuestionado la proporcionalidad de una condena de 15 años de cárcel por hechos relacionados con 4.025 dólares.
Su denuncia alcanza a la actuación de la Fiscalía y al grado de independencia de los tribunales. El abogado afirma que las sentencias contra determinados defensores están preparadas desde la Casa Presidencial, una acusación de especial gravedad que requeriría una investigación independiente para poder establecer responsabilidades.
De acuerdo con la información publicada por Diario Co Latino, el equipo jurídico pretende recurrir la decisión y cuestiona las garantías ofrecidas durante el juicio.
La detención de UNIDEHC y el conflicto de La Floresta
El procedimiento por estafa no es la única causa abierta contra Fidel Zavala.
El 25 de febrero de 2025, las autoridades salvadoreñas desarrollaron una operación policial en la comunidad La Floresta, donde varias familias mantenían un conflicto relacionado con la propiedad de terrenos y posibles desalojos.
Durante aquella actuación fueron detenidos más de veinte líderes comunitarios y el propio Zavala, que participaba en labores de acompañamiento y defensa de sus derechos.
También se emitieron órdenes de detención contra Ivania Cruz y Rudy Joya, abogados de UNIDEHC, quienes se encontraban fuera de El Salvador.
En marzo de 2026, Amnistía Internacional advirtió de que Zavala había llegado a afrontar al menos cuatro procedimientos judiciales durante 2025, tres de los cuales concluyeron con absolución o cierre sin condena. La organización manifestó su preocupación por el uso reiterado del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos.
El caso ha trascendido las fronteras salvadoreñas. Expertos de Naciones Unidas han solicitado explicaciones sobre la actuación de las autoridades y la situación de los integrantes de UNIDEHC. También se han planteado preocupaciones por las órdenes internacionales de captura contra los abogados de la organización y sus posibles consecuencias en España.
Las denuncias sobre El Salvador llegan al Parlamento de Cataluña
La situación de los derechos humanos en El Salvador también ha comenzado a ocupar espacios de debate político en España.
La organización UNIDEHC ha informado de encuentros de sus representantes Rudy Joya e Ivania Cruz con fuerzas políticas como Comuns, PSC, Junts y Esquerra Republicana, así como representantes del Frente Amplio, para trasladar documentación sobre detenciones arbitrarias, personas encarceladas y presuntas vulneraciones de derechos fundamentales.
Los contactos institucionales cuentan con antecedentes documentados. En noviembre de 2025, el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica informó de la participación de Rudy Joya en reuniones con diputados del Parlamento de Cataluña, así como con responsables de instituciones de cooperación.
Durante aquellos encuentros, UNIDEHC expuso las denuncias relacionadas con La Floresta, la detención de defensores de derechos humanos y otros procedimientos judiciales abiertos contra activistas salvadoreños. Según Joya, los representantes institucionales manifestaron su disposición a continuar examinando la situación.
No se ha podido verificar de manera independiente la fecha exacta de todos los encuentros mencionados en la comunicación facilitada por UNIDEHC, ni confirmar que hayan dado lugar a una resolución parlamentaria formal.
En estas iniciativas participa también Huacal ONG de Solidaridad con El Salvador, una entidad catalana que trabaja en proyectos de cooperación, memoria histórica y defensa de los derechos humanos.
Durante noviembre de 2026, Huacal ha impulsado una programación centrada en las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las muertes bajo custodia durante el régimen de excepción. Entre sus actividades figura un encuentro celebrado el 19 de noviembre en el Colegio de Periodistas de Cataluña, con la participación de organizaciones salvadoreñas y especialistas internacionales.
Más de 90.000 detenciones bajo el régimen de excepción
El caso de Fidel Zavala se desarrolla en un contexto más amplio de denuncias sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y judicial salvadoreño.
Desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción impulsado por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir la violencia de las pandillas. La medida ha permitido ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y restringir determinadas garantías procesales.
El Ejecutivo defiende esta política por sus resultados en la reducción de la violencia y el debilitamiento de las organizaciones criminales. Sin embargo, organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y obstáculos para ejercer el derecho de defensa.
El régimen de excepción en cifras
Más de 93.000
Personas detenidas desde marzo de 2022.
513
Muertes bajo custodia documentadas por Cristosal.
Datos recogidos por Human Rights Watch en octubre de 2026. Las cifras corresponden a distintos registros y periodos acumulados.
En un informe publicado el 7 de octubre de 2026, Human Rights Watch denunció la celebración de juicios masivos contra cientos de personas acusadas de pertenecer a estructuras criminales.
La organización entrevistó a quince abogados defensores y examinó documentación de procedimientos que afectaban a centenares de acusados. Su investigación identificó acusaciones basadas en pruebas insuficientemente contrastadas, restricciones para consultar expedientes y dificultades para mantener comunicaciones confidenciales con los detenidos.
Por su parte, Amnistía Internacional publicó en julio de 2026 un informe sobre las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso. La organización advirtió de que determinados patrones de abusos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una calificación cuya determinación jurídica corresponde a las instancias competentes.
La independencia judicial, en el centro del debate
La situación de los tribunales salvadoreños es otro de los elementos examinados por los organismos internacionales.
En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gubernamental, destituyó y sustituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
Aquellas decisiones marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre el poder político y las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Human Rights Watch las recoge entre los antecedentes relevantes para evaluar el estado de la independencia judicial del país.
En el caso de Zavala, las organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan especialmente la acumulación de procedimientos, la reapertura de causas anteriores y las condiciones en las que se ha desarrollado su defensa.
La FIDH y la OMCT también han advertido de los riesgos que afronta el activista bajo custodia estatal, teniendo en cuenta sus denuncias previas contra funcionarios penitenciarios.
Su llamamiento del 18 de noviembre reclama protección de su integridad física, acceso a asistencia jurídica y médica, una revisión independiente de la condena y una investigación de las denuncias de tortura y posibles represalias.
Un caso que continúa abierto
La condena de Fidel Zavala no supone necesariamente el final del procedimiento judicial. Su defensa anunció la intención de recurrir, con plazo hasta el 24 de noviembre de 2026, según la información difundida por el Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
La investigación y las denuncias internacionales dejan planteadas varias cuestiones: si se respetaron todas las garantías del proceso, por qué se reabrieron procedimientos en los que existían resoluciones absolutorias y si las actuaciones contra los integrantes de UNIDEHC guardan alguna relación con su actividad de denuncia.
No existe en las fuentes examinadas una resolución independiente que acredite que la condena fue ordenada por la Presidencia salvadoreña. Sí existe una preocupación reiterada y documentada de organismos internacionales por la situación judicial del activista y por el trato que reciben las personas defensoras de derechos humanos en el país.
Mientras la defensa prepara su recurso y las organizaciones continúan trasladando el caso a instancias internacionales, Fidel Zavala permanece encarcelado en un país donde el equilibrio entre seguridad pública, garantías judiciales y derechos fundamentales sigue siendo objeto de un intenso escrutinio internacional.
Fuentes consultadas
- Diario Co Latino: declaraciones de Rudy Joya, 13 de noviembre de 2026.
- FIDH y OMCT: llamamiento urgente por la condena de Fidel Zavala.
- Amnistía Internacional: preocupación por la criminalización de Fidel Zavala.
- Human Rights Watch: investigación sobre juicios masivos en El Salvador.
- La Prensa Gráfica: contactos de UNIDEHC con el Parlamento de Cataluña.
- Huacal ONG: actividades sobre derechos humanos en El Salvador.
