El Hospital de Torrejón, gestionado mediante concesión administrativa por la sociedad Torrejón Salud SA, atraviesa una situación económica delicada que ha vuelto a poner bajo foco el modelo de colaboración público-privada en la sanidad madrileña. Desde 2022, el centro acumula pérdidas por 76,45 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, lo que ha obligado a sus accionistas a inyectar financiación para garantizar la continuidad de la actividad asistencial.
La empresa concesionaria ha recurrido a sus dos socios principales —Primero Salud SLU, matriz del grupo Ribera Salud en España, y Concessia Cartera y Gestión de Infraestructuras, participada por varias entidades financieras— para sostener el proyecto. A 31 de diciembre de 2023, el hospital mantenía con ambos una deuda de 130,57 millones de euros, procedente en su mayor parte de un préstamo de 123,91 millones vencido a finales de 2022, a lo que se suman 6,65 millones en intereses. Esa financiación representa cerca del 72,7 % del pasivo de Torrejón Salud SA y aproximadamente el 80 % de su pasivo corriente, el que debe afrontarse en un plazo inferior a un año.
El “reequilibrio económico” reclamado a la Comunidad de Madrid
La situación financiera llevó a la concesionaria a dirigirse en varias ocasiones a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para solicitar un “reequilibrio económico” del contrato. En la práctica, esta figura supone incrementar la cantidad que la administración abona por la asistencia sanitaria prestada, lo que se conoce como la cápita: el pago por cada habitante adscrito al área de influencia del hospital.
La primera reclamación se cursó en diciembre de 2022 y fue actualizada en marzo de 2023. Torrejón Salud argumentaba que existía una desviación significativa entre el ingreso per cápita previsto en su plan de negocio y el ingreso real percibido, que atribuía al “índice de actualización estipulado en el contrato concesional”. La empresa defendía que ese desfase comprometía la viabilidad del proyecto en las condiciones inicialmente pactadas.
En enero de 2025, la concesionaria presentó una tercera solicitud de compensación. En ella, vinculaba de forma explícita el futuro del hospital a la decisión de la administración: o se concedía el reequilibrio para garantizar la “viabilidad a medio y largo plazo” del centro, o se abría la puerta a una “resolución y liquidación ordenada de la concesión”, tal y como recogen los pliegos de cláusulas administrativas que regulan el contrato firmado en 2009.
Un pago extraordinario de 32,78 millones de euros
Preguntada por estas reclamaciones, la Consejería de Sanidad sostiene que el Consejo de Gobierno aprobó en julio de este año un pago adicional de 32,78 millones de euros a favor del Hospital de Torrejón. El Gobierno regional encuadra esta cantidad en los mecanismos habituales de reequilibrio económico de las concesiones y defiende que se trata de un ajuste previsto en los pliegos para situaciones extraordinarias.
Según la versión del Ejecutivo madrileño, y del propio grupo Ribera Salud, la revisión del precio se justificó por la ampliación del catálogo de prestaciones especializadas, la introducción de nuevas tecnologías en los servicios sanitarios y el incremento del coste de los medicamentos de diagnóstico hospitalario. Los pliegos recogen que, cuando circunstancias de este tipo alteran de forma significativa la economía del contrato, la administración puede revisar las condiciones económicas para restablecer el equilibrio entre el riesgo asumido por la empresa y el servicio que se presta.
Investigación del Ministerio de Sanidad
El contexto económico se ha visto agravado por la crisis abierta tras la difusión de audios en los que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, instaba a los directivos del Hospital de Torrejón a rechazar pacientes y limitar intervenciones consideradas poco rentables con el objetivo de alcanzar un beneficio anual de entre cuatro y cinco millones de euros.
La publicación de estas grabaciones llevó a varios directivos del centro a utilizar el canal interno de denuncias de la empresa. Posteriormente, esos cargos fueron cesados, según han relatado distintos medios de comunicación. La repercusión política y social de estos hechos ha motivado que el Ministerio de Sanidad abra una investigación para determinar si se ha vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes y si las decisiones empresariales han podido afectar a la calidad o al acceso a la atención sanitaria.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid defiende el funcionamiento del hospital y la legalidad de la concesión, y sostiene que los pagos adicionales se han efectuado conforme a los mecanismos de control y auditoría previstos en los contratos y supervisados por la Cámara de Cuentas.
Deuda con los socios y modelo de gestión bajo discusión
Más allá de la investigación en curso, las cifras reflejadas en las cuentas de Torrejón Salud SA muestran un proyecto fuertemente apalancado. El préstamo de más de 123 millones de euros concedido por Primero Salud y Concessia, ya vencido, junto con los intereses acumulados, concentra buena parte de la carga financiera del hospital. La devolución de esa deuda y el reconocimiento de nuevas compensaciones por parte de la administración son dos elementos clave para la estabilidad futura de la concesión.
El caso del Hospital de Torrejón se ha convertido así en un referente del debate sobre el papel de las empresas privadas en la gestión de hospitales públicos. Por un lado, el concesionario sostiene que el aumento de costes y la evolución de la cartera de servicios han desbordado las previsiones iniciales y justifican los reequilibrios. Por otro, la inyección de recursos públicos, las pérdidas acumuladas y las denuncias sobre criterios de rentabilidad en la atención han reactivado las críticas al modelo y las peticiones de reforzar los mecanismos de control y transparencia.
A la espera de las conclusiones de la investigación del Ministerio de Sanidad y de los posibles pronunciamientos judiciales, el futuro de la concesión continúa siendo incierto. Las decisiones que se adopten en los próximos meses tendrán impacto directo en la financiación pública, en la gestión del hospital y en la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario.
Foto portada Hospital de Torrejón
