El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, gestionado por el Grupo Ribera Salud, vuelve al centro del debate sanitario tras conocerse indicios de prácticas que habrían priorizado la reducción de costes frente a la seguridad clínica y la calidad asistencial.
Según una investigación reciente, trabajadores del centro denunciaron que se había planteado la reutilización de material sanitario diseñado para un único uso, medida que habría encendido las alarmas entre profesionales por su posible impacto en la seguridad de los pacientes y por su encaje en la normativa vigente.
En el foco se encuentran catéteres empleados en intervenciones de electrofisiología, dispositivos cuyo coste supera los 2.000 euros y que, de acuerdo con el Reglamento Europeo 2017/745 y el Real Decreto 192/2023, solo pueden ser reprocesados por fabricantes autorizados. Sin embargo, fuentes internas del hospital señalan que se llegó a transmitir la instrucción de reutilizarlos hasta en diez ocasiones “siempre que estuvieran en buen estado”.
Ante esta situación, cuatro cargos asistenciales —tres directivos y la gerente del centro— hicieron uso del canal ético interno para advertir de que esta práctica no se ajustaría a la legalidad. Tras estas comunicaciones, los cuatro fueron despedidos, lo que ha intensificado las dudas sobre los criterios aplicados en la gestión del centro. Ribera Salud niega que se llegara a implementar la reutilización de este material y desvincula los ceses de la denuncia interna.
El escrito firmado por estos profesionales describía una situación “insostenible”, con presiones para priorizar pacientes y procedimientos considerados “rentables” y reclamando el fin de cuotas que, según denunciaban, discriminaban en función del perfil económico o del rendimiento que generaran para la concesionaria.
Audios, objetivos económicos y respuesta institucional
Este nuevo episodio se conoce tras la difusión de audios atribuidos al consejero delegado del grupo, Pablo Gallart, en los que se hacía referencia a la necesidad de incrementar las listas de espera y orientar la actividad hacia procedimientos de mayor rentabilidad para alcanzar un EBITDA de entre cuatro y cinco millones de euros.
Estas grabaciones han trasladado el debate al ámbito político y han abierto nuevas solicitudes de supervisión del modelo concesional. El Ministerio de Sanidad ha pedido a la Alta Inspección investigar si existieron vulneraciones de derechos de los pacientes o irregularidades en la gestión. La Comunidad de Madrid también ha solicitado extender el análisis a otros centros bajo gestión privada en la región.
En la Asamblea de Madrid, varios grupos parlamentarios han reclamado la comparecencia de los responsables de Ribera Salud y la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades.
Un modelo sanitario en el punto de mira
El caso del Hospital Universitario de Torrejón se ha convertido en referencia dentro del debate sobre la gestión privada de servicios públicos esenciales. La discusión se centra en cómo armonizar la sostenibilidad económica con la equidad en el acceso, la seguridad clínica y la ética asistencial.
A la espera de resultados, las conclusiones de las investigaciones en marcha podrían tener repercusiones tanto en el futuro organizativo del centro como en el diseño del modelo sanitario madrileño y en otras concesiones públicas del país.
