La concentración celebrada este viernes a las puertas del Hospital de Torrejón de Ardoz reunió a cientos de vecinos y vecinas en una movilización que los convocantes califican de histórica por su elevada participación y por el amplio respaldo social a la defensa de la sanidad pública.
La protesta, convocada por la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Pública de Torrejón de Ardoz, se desarrolló a partir de las 18:30 horas frente al centro hospitalario y transcurrió de forma pacífica, sin que se registraran incidentes. La elevada afluencia convirtió la concentración en una de las más numerosas celebradas en la ciudad en los últimos años en defensa del sistema sanitario público.
Durante el acto, los asistentes expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el hospital y por el modelo de gestión vigente. Las consignas y pancartas reclamaron la reversión del centro a la gestión pública directa y cuestionaron el modelo público-privado aplicado en varios hospitales de la Comunidad de Madrid.
Entre los mensajes más repetidos se escucharon consignas como “Mi salud no es vuestro negocio” y “La sanidad pública no se vende”, reflejando el malestar de parte de la ciudadanía ante lo que consideran un deterioro del servicio. Varios asistentes señalaron la sobrecarga asistencial, la falta de recursos y la pérdida de confianza como algunos de los principales problemas.
La movilización se produce en un contexto de creciente debate público tras la difusión de audios del CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria del hospital, que han intensificado la polémica política y social sobre el modelo de gestión sanitaria en la región.
Desde la organización valoraron muy positivamente la respuesta ciudadana y señalaron que la concentración demuestra que la sanidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz. Asimismo, anunciaron que continuarán promoviendo movilizaciones y acciones informativas si no se producen cambios en el modelo actual.
La protesta refuerza la presión social sobre la Comunidad de Madrid en un momento en el que el debate sobre la gestión sanitaria vuelve a situarse en el centro de la agenda pública regional.
