Madrid · El 17 de marzo de 2026 se celebra el juicio por los hechos del 7 de octubre de 2019 en el puente de Joaquín Costa (Nuevos Ministerios).
El próximo 17 de marzo de 2026, tres activistas climáticos se sentarán en el banquillo en Madrid acusados de resistencia grave a la autoridad por su participación en una acción de desobediencia civil pacífica celebrada en octubre de 2019. El caso ha reactivado un llamamiento público que denuncia la criminalización de la protesta climática y exige la absolución de las personas encausadas.
Los hechos se remontan al 7 de octubre de 2019, cuando alrededor de trescientas personas cortaron el tráfico en el puente de la calle Joaquín Costa, a la altura de Nuevos Ministerios, dentro de una jornada internacional de movilizaciones para alertar sobre la emergencia climática. La acción, organizada por plataformas de acción climática, se desarrolló de forma no violenta y formó parte de una oleada de protestas simultáneas en distintas ciudades.
Durante la intervención policial se produjeron tres detenciones que los colectivos de apoyo califican de aleatorias y con finalidad disuasoria. Las personas arrestadas estaban sentadas sobre el asfalto, abrazadas entre sí, cuando fueron separadas por los agentes. El llamamiento sostiene que la supuesta “resistencia” consistió únicamente en tratar de evitar daños físicos durante la actuación policial.
La causa llega ahora a juicio con una acusación basada en el artículo 556.1 del Código Penal, que contempla penas de tres meses a un año de prisión o multas de seis a dieciocho meses. En este procedimiento, la Fiscalía solicita diez meses de prisión para cada una de las tres personas juzgadas.
“Al criminalizar la protesta no violenta, una sociedad se daña a sí misma: se priva de medios para detectar problemas y conflictos y resolverlos con justicia antes de que se agraven y enquisten.”
Fragmento del llamamiento de apoyo difundido por personas y organizaciones firmantes.
El texto sitúa este proceso en un marco más amplio. En los últimos años, subraya, se han multiplicado las protestas para denunciar la crisis ecológica, social y climática, así como la inacción de los gobiernos y su alineamiento con intereses empresariales vinculados a un modelo extractivo. Frente a ello, añade el llamamiento, la respuesta institucional se ha traducido en un endurecimiento de la respuesta penal y un uso creciente de herramientas legales contra la protesta ciudadana.
Las organizaciones firmantes advierten de que perseguir la protesta no violenta tiene un efecto directo sobre la vida democrática: limita mecanismos de alerta y presión ciudadana y estrecha el espacio público para debatir decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Para quienes apoyan a los encausados, la dimensión del caso se agrava por el contexto de emergencia climática, al considerar que se penaliza a quienes intentan advertir sobre una amenaza de gran escala.
Por todo ello, el llamamiento expresa solidaridad con las personas encausadas, rechaza la política de criminalización de la desobediencia civil pacífica y reclama la absolución en este y en otros procesos abiertos contra protestas climáticas. El texto cierra con una idea que resume el tono del comunicado: “En un mundo en llamas, no podemos castigar a los avisadores del fuego.”
