Trabajadores y usuarios del Hospital de Torrejón volvieron a concentrarse este lunes a las puertas del centro para denunciar la situación de precariedad laboral que, según los sindicatos, se mantiene desde hace años en este hospital de titularidad pública gestionado por una empresa privada.
La movilización, convocada por el sindicato de enfermería junto al resto de formaciones presentes en el comité de empresa, coincide con la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo. El escrito denuncia el incumplimiento de la legislación vigente en materia de permisos retribuidos para el personal sanitario.
Desde las organizaciones sindicales sostienen que este modelo de gestión está derivando en una degradación progresiva de las condiciones laborales y, por extensión, de la atención sanitaria que se presta a la población.
Según explican desde el comité de empresa, la falta de personal y la sobrecarga asistencial forman parte del día a día del centro. A ello se suma, denuncian, la denegación o el retraso injustificado de permisos a los que los trabajadores tienen derecho por ley, lo que incrementa la presión sobre unas plantillas ya tensionadas.
Los representantes de los trabajadores alertan de que esta situación no solo afecta a los profesionales, sino que repercute directamente en los pacientes. La elevada rotación de personal y la necesidad de cubrir turnos con recursos insuficientes, señalan, aumenta el riesgo de errores no intencionados en la atención sanitaria.
Desde el ámbito sindical también se ha criticado una carta enviada recientemente por la gerencia del hospital a los vecinos del municipio. Según denuncian, el escrito ofrece una imagen del centro que no se corresponde con la realidad que viven a diario los profesionales y se arroga una representación de los trabajadores que no le ha sido otorgada.
Las organizaciones convocantes reclaman medidas urgentes que garanticen recursos suficientes, condiciones laborales dignas y un compromiso real con la calidad asistencial, al tiempo que exigen una intervención efectiva de la administración para asegurar el cumplimiento de la ley en un servicio público esencial.
