El Ayuntamiento destina hasta 190.000 € al año a la revista municipal Plaza Mayor

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha puesto en marcha el nuevo contrato para la impresión y edición de la revista municipal Plaza Mayor, un servicio que puede alcanzar un coste máximo de 190.100 euros anuales, según la documentación oficial del expediente de contratación.

El contrato establece un precio unitario de 19.010 euros por cada número publicado, con una previsión de hasta diez ediciones al año. Esto sitúa el gasto total en esa cifra máxima anual, aunque el propio pliego señala que no es obligatorio agotar el presupuesto completo, ya que la facturación dependerá de los trabajos efectivamente realizados.

En términos globales, el contrato contempla una duración inicial hasta finales de 2026, con la posibilidad de prorrogarlo durante dos años más. En ese escenario, el coste total podría alcanzar los 548.000 euros en tres años.

La publicación mantiene un formato de 56.000 ejemplares por número, con 64 páginas más cubiertas, lo que refleja el volumen de producción previsto dentro del contrato.

El servicio incluye tanto la impresión como la edición de la revista, que se distribuye a nivel municipal como herramienta informativa del Ayuntamiento. Según el informe de necesidad, el consistorio justifica la externalización del servicio al no disponer de medios propios para realizar estos trabajos.

El modelo de contratación se articula mediante precios unitarios por número, lo que permite ajustar el gasto final en función del número de ediciones y las necesidades informativas a lo largo del año. Dentro de este contrato no se refleja el buzoneo de la revista ni el sueldo de los empleados de comunicación, lo que ampliaría los gastos.

Este contrato se enmarca en un contexto en el que los grupos de la oposición llevan años cuestionando el uso de la revista municipal, señalando su carácter institucional y reclamando una mayor pluralidad en sus contenidos. En este sentido, han venido solicitando la recuperación de espacios destinados a los grupos políticos, tal y como existía en anteriores legislaturas, con el objetivo de garantizar la presencia de distintas voces en una publicación financiada con dinero público.

Estas críticas también han apuntado al uso de la revista como canal de comunicación institucional en el que, según denuncian, se han vertido valoraciones y mensajes dirigidos a la oposición, una práctica que consideran alejada de los principios de neutralidad exigibles a un medio financiado con fondos públicos.

La cuestión llegó incluso al Defensor del Pueblo, que emitió una serie de recomendaciones al consistorio en relación con el uso de este tipo de medios institucionales, incidiendo en la necesidad de reforzar el pluralismo, la neutralidad y el equilibrio informativo en las publicaciones municipales.