Hace apenas unos días contábamos el coste de la creación de la revista municipal Plaza Mayor. Ahora, al analizar los contratos vinculados a su difusión, aparece también el servicio de distribución y buzoneo correspondiente al año 2025, encargado de hacer llegar estas publicaciones a los vecinos de Torrejón de Ardoz.
El contrato contempla la distribución de publicaciones municipales en el conjunto del municipio, incluyendo revistas, folletos, bandos y otros materiales informativos impulsados por el consistorio.
El servicio se articula mediante un sistema de precios unitarios en función del tipo de material, su peso y el modelo de reparto, diferenciando entre distribución en buzones, reparto mixto o entrega en locales comerciales.
- Importe máximo: 97.040 € (IVA incluido)
- Base sin IVA: 80.198,35 €
- IVA (21%): 16.841,65 €
- Duración: 1 año
Las tarifas se fijan por cada millar de ejemplares distribuidos, variando en función del peso y del tipo de reparto. En el caso de publicaciones ligeras, el reparto en buzones alcanza hasta 38,11 € por cada 1.000 ejemplares, mientras que en formatos más pesados puede superar los 74 € por cada millar.
El contrato también contempla otras modalidades, como el envío tipo mailing, con un coste de hasta 66,55 € por cada 1.000 envíos, o la colocación de cartelería en distintos puntos del municipio, que puede alcanzar los 326,7 € por cada 100 ubicaciones.
Como ocurre en este tipo de contratos, se trata de un importe máximo de adjudicación, por lo que el gasto final dependerá del volumen real de campañas de comunicación y de los servicios que se ejecuten durante el año.
Este servicio forma parte del conjunto de contratos vinculados a la comunicación institucional del Ayuntamiento, que incluye tanto la producción como la distribución de contenidos dirigidos a la ciudadanía.
Al igual que ocurre con la propia revista municipal, este tipo de herramientas de comunicación han sido objeto de debate político en el municipio. La oposición lleva años reclamando una mayor pluralidad en estos canales financiados con dinero público, así como la recuperación de espacios para los grupos municipales dentro de las publicaciones institucionales.
En este sentido, también han denunciado el uso de estos recursos para trasladar mensajes críticos hacia la oposición, una práctica que consideran alejada de los principios de neutralidad y pluralismo que deberían regir la comunicación institucional.
