El Ayuntamiento de Torrejón usa sus canales oficiales para atacar a la oposición por la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha difundido un comunicado sobre la tasa de basuras que acusa al PSOE y a Más Madrid de «demagogia», «hipocresía» y «cinismo». El texto, publicado bajo la identidad institucional del Consistorio, no se limita a explicar una decisión municipal: adopta el tono de un escrito partidista y dirige descalificaciones contra los grupos de la oposición.

Que el Gobierno local defienda su gestión forma parte de la política municipal. Pero los canales oficiales —financiados con dinero público y dirigidos al conjunto de la población— no deberían convertirse en una herramienta para atacar a rivales políticos. La ciudadanía tiene derecho a recibir información clara, completa y contrastable, no un comunicado institucional redactado como un ajuste de cuentas.

La ley obliga a crear una tasa; el Ayuntamiento decidió cómo aplicarla

El comunicado atribuye al Gobierno central toda la responsabilidad por la tasa de basuras y afirma que la oposición trata de engañar a los vecinos. Sin embargo, esa explicación omite una diferencia fundamental: una cosa es la obligación legal de implantar una tasa y otra, las decisiones concretas que tomó el Ayuntamiento de Torrejón para calcularla y repartir su coste.

La Ley 7/2022 establece que los ayuntamientos deben contar con una tasa específica, no deficitaria, que refleje el coste real de la gestión de residuos y permita avanzar hacia sistemas de pago por generación. La ley no fijó que en Torrejón se cobraran 117, 180 o 250 euros. Esas cuotas, así como los criterios aplicados a las viviendas —su superficie y valor catastral—, se establecieron mediante la ordenanza municipal.

Por tanto, el Gobierno local no puede presentar el importe del recibo como una decisión ajena a su gestión. La obligación de crear la tasa deriva de la ley, pero el diseño de la ordenanza, el método de cálculo y la distribución del coste entre los hogares fueron decisiones adoptadas en el ámbito municipal. Omitirlo permite al Ayuntamiento desplazar toda la responsabilidad política hacia el Gobierno central, pero no ofrece a los vecinos una explicación completa.

Abstenerse no es votar a favor

El comunicado sostiene que PSOE y Más Madrid no votaron en contra de las cuotas aprobadas en octubre de 2024 y utiliza ese dato para reprocharles que ahora critiquen la tasa. El acta municipal confirma que el PP votó a favor de la ordenanza, mientras que PSOE y Más Madrid se abstuvieron.

La abstención no es un voto contrario, pero tampoco es un voto favorable. Presentarla como si la oposición hubiera aprobado las cuotas desdibuja lo ocurrido en el pleno. El acta permite precisar el resultado sin necesidad de interpretaciones: el Gobierno municipal votó a favor y los grupos de la oposición se abstuvieron.

El Consistorio puede cuestionar esa abstención y pedir explicaciones políticas a los grupos municipales. Lo que no debería hacer es borrar la diferencia entre las posiciones expresadas en la votación para sostener que la oposición aceptó los importes. Cuando un Ayuntamiento informa sobre un pleno, debería facilitar el resultado con precisión y dejar que la ciudadanía valore lo ocurrido.

Una de las tasas más elevadas de la región

La polémica no se entiende sin recordar lo que pagaron los hogares. En 2025, las cuotas municipales fueron de 117, 180 y 250 euros, según la superficie y el valor catastral de cada vivienda. La mayoría de los vecinos quedó en el tramo de 180 euros anuales, de acuerdo con las cifras difundidas cuando se aprobó la ordenanza.

Ese recibo situó a Torrejón entre los municipios con una tasa de basuras más elevada de la Comunidad de Madrid, según las comparaciones publicadas entonces. Las comparativas entre localidades deben realizarse con criterios homogéneos y teniendo en cuenta qué costes y servicios incluye cada ordenanza. Pero esa cautela no borra el dato que ha pesado directamente en los bolsillos de las familias: buena parte de los hogares torrejoneros tuvo que afrontar un recibo de 180 euros.

Para 2026, el Ayuntamiento ha anunciado una reducción del 15%. Según las cifras municipales, quienes pagaron 180 euros pasan a abonar 153,90; quienes pagaron 250 euros, 213,75. La rebaja reduce el importe, pero no elimina la tasa ni convierte en irrelevante el coste que soportan las familias. Para muchos hogares, el recibo sigue superando los 150 euros anuales.

La bajada merece ser explicada con claridad: qué parte corresponde a la reducción aplicada por el Consistorio, qué condiciones deben cumplir los contribuyentes para acceder a las bonificaciones y cómo se calcula el importe final. Anunciar un porcentaje sin explicar esas condiciones puede dar una imagen incompleta del alivio real que recibe cada hogar.

Un comunicado institucional con lenguaje de partido

La controversia no se limita al recibo. El comunicado municipal califica la posición de PSOE y Más Madrid de «hipocresía», «cinismo» y «subordinación y complicidad». No son expresiones propias de una información administrativa destinada a explicar una ordenanza o una votación. Son descalificaciones políticas y aparecen difundidas desde los canales oficiales del Ayuntamiento.

Los partidos tienen sus propias sedes, portavoces y canales para responderse. El Ayuntamiento, en cambio, representa a toda la ciudad: también a quienes votan a la oposición y a quienes no se identifican con ningún partido. Por eso, cuando utiliza sus redes para amplificar ataques partidistas, no solo endurece la discusión política; también pone en cuestión la neutralidad que debe esperarse de una institución pública.

El problema no es que el Gobierno local exponga su postura. Es que presente una versión partidista bajo el sello del Ayuntamiento, sin separar con claridad la información de la opinión y acompañándola de expresiones descalificatorias. La comunicación institucional debería explicar qué se aprobó, quién votó cada propuesta, cuánto paga cada tramo y qué opciones tiene la ciudadanía. En su lugar, este comunicado dedica buena parte de su espacio a atribuir mala fe a los grupos políticos rivales.

La tasa de basuras es un asunto que afecta a todos los hogares y merece una explicación transparente. La ley obliga a implantarla, pero las cuotas concretas de Torrejón las fijó el Ayuntamiento. En 2025, la mayoría de las viviendas pagó 180 euros y, tras la rebaja anunciada para 2026, ese tramo queda en 153,90. Esos son los datos que los vecinos necesitan conocer, junto con el resultado exacto de las votaciones y las condiciones de las bonificaciones.

La discusión sobre la tasa no se resuelve culpando a la oposición desde las redes municipales. El Ayuntamiento debe explicar por qué aprobó esos importes, cómo calcula ahora la rebaja y por qué utiliza sus canales públicos para difundir descalificaciones partidistas. Los recursos de todos los vecinos deben servir para informar a todos los vecinos.

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