El Partido Socialista de Torrejón de Ardoz ha denunciado que el Gobierno local ha alcanzado un acuerdo con la empresa organizadora del festival Elrow para que no abone el canon económico previsto por la ocupación del Recinto Ferial y el Parque del Ocio durante los ocho años de concesión.
Según la documentación hecha pública, el expediente inicial contemplaba un pago superior a los 600.000 euros por el uso de estos espacios públicos. Sin embargo, el acuerdo finalmente aprobado sustituiría ese ingreso por la instalación de pantallas acústicas en el recinto.
La decisión habría sido llevada a la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de mayo, apenas tres días después de la celebración del festival de 2026, celebrado el 1 de mayo. Desde el Partido Socialista consideran que el calendario evitó que la medida generara críticas vecinales en los días previos al evento.
El núcleo de la polémica: la empresa no pagaría el canon ofertado y la contraprestación pasaría a ser la instalación de pantallas acústicas.
Las críticas llegan además en un contexto de creciente malestar vecinal en la zona sur de la ciudad por el impacto de grandes eventos celebrados en el entorno del Recinto Ferial y el Parque del Ocio. Durante la jornada de Elrow, según denuncian varios residentes, se produjeron problemas de tráfico, saturación en barrios cercanos, dificultades de aparcamiento y elevados niveles de ruido.
Vecinos de la zona aseguran haber realizado mediciones desde sus viviendas y sostienen que el sonido superó los límites establecidos en la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones.
También se cuestiona la eficacia real de las pantallas acústicas previstas en el acuerdo. Según recoge el comunicado, expertos consultados consideran que estas medidas no evitarían el ruido percibido en buena parte de la ciudad debido a las dimensiones del recinto, el número de escenarios y la potencia acústica del festival.
Además, se señala que la instalación de esas pantallas beneficiaría directamente a la propia organización del evento al reducir posibles incumplimientos acústicos derivados de la actividad.
La denuncia también apunta a que la empresa no asumiría otros costes asociados al festival, entre ellos electricidad, agua, limpieza extraordinaria, reposición de zonas verdes dañadas o refuerzos de seguridad.
El portavoz municipal Javier Castillo ha criticado con dureza el acuerdo y lo ha relacionado con una política centrada en grandes eventos y fiestas, alejada —según afirma— de las demandas vecinales sobre descanso y convivencia.
“Es quizá el ejemplo más claro de esta política de fotos y fiestas de Alejandro Navarro, cada vez más alejado de lo que le pide la ciudadanía”, señaló Castillo.
También aseguró que el contrato supone “un negocio redondo para la empresa”, al permitir la celebración de un festival de grandes ingresos sin retorno económico directo para la ciudad y con costes asumidos por el Ayuntamiento y por los vecinos afectados.
Por último, avanzó que revisarán las concesiones firmadas por el actual Ejecutivo municipal si en el futuro se produce un cambio político en el Ayuntamiento.
