Juanma Moreno logra la investidura con los votos de Vox y acepta un acuerdo que incluye medidas sobre inmigración, vivienda, educación, memoria democrática, medio ambiente, tauromaquia y ayudas públicas.
El precio político del acuerdo: Vox entra en el Gobierno andaluz con una Vicepresidencia y una Consejería que agrupa Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
El Partido Popular y Vox han cerrado en Andalucía un acuerdo de legislatura que marca un giro político de gran calado en la comunidad. El documento, bajo el título “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía”, recoge 150 medidas y ha permitido la investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta con el apoyo de los diputados de Vox.
La votación salió adelante con 68 votos a favor, los del PP y Vox, frente a 41 votos en contra de PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Con este pacto, la extrema derecha entra por primera vez en el Gobierno andaluz, no solo como apoyo parlamentario, sino con presencia directa en el Ejecutivo.
Vox entra en el Gobierno andaluz
Uno de los elementos centrales del acuerdo es el reparto institucional. Vox asumirá una Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local con rango de Vicepresidencia. Además, la formación tendrá la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento de Andalucía y un senador por designación autonómica.
El documento está firmado por Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP de Andalucía, y por Manuel Gavira Florentino, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. El acuerdo se presenta como una hoja de ruta para toda la legislatura y compromete a ambas formaciones a negociar y aprobar los presupuestos autonómicos de 2027, 2028, 2029 y 2030.
La “prioridad nacional”, eje del pacto
Una de las medidas más relevantes del pacto es la incorporación del principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas y vivienda protegida. El acuerdo plantea que los recursos públicos se asignen con prioridad a quienes acrediten arraigo, empadronamiento, permanencia, cotización o vinculación con Andalucía.
En la práctica, esta fórmula introduce una jerarquía en el acceso a derechos sociales y prestaciones públicas. El pacto también recoge que las personas en situación administrativa irregular queden fuera de los servicios sociales estructurales, salvo en supuestos de urgencia vital.
Las medidas más sensibles del pacto
- Aplicación de la “prioridad nacional” en ayudas, subvenciones y vivienda pública.
- Rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados.
- Prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos.
- Eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos.
- Más peso para la educación concertada, con el avance en la concertación del Bachillerato.
- Impulso de una Ley de Concordia que sustituya la normativa de memoria democrática.
- Promoción de la tauromaquia, la caza y la ganadería brava.
- Revisión de normas ambientales y rechazo a aspectos de la Agenda 2030 y el Pacto Verde.
Inmigración: rechazo al reparto de menores y auditorías de gasto
El bloque migratorio es uno de los más duros del documento. PP y Vox acuerdan rechazar nuevos mecanismos de reparto de personas migrantes en situación irregular y también de menores extranjeros no acompañados. El pacto señala que la Junta no habilitará nuevos centros ni creará nuevas plazas en los ya existentes.
El texto también incluye la intención de promover acuerdos con países de origen para facilitar el retorno de menores migrantes con sus familias, reforzar las pruebas de determinación de edad y realizar una auditoría anual del gasto vinculado a la inmigración.
Además, el acuerdo plantea retirar ayudas, convenios o subvenciones a entidades que, según el propio texto, favorezcan la inmigración irregular. También se creará un servicio específico para controlar posibles fraudes en prestaciones, empadronamientos y residencia.
Educación: fuera el programa de lengua árabe y más peso para la concertada
En materia educativa, el pacto contempla la gratuidad progresiva del primer ciclo de Educación Infantil, el refuerzo educativo y la climatización de centros escolares. Sin embargo, una de las medidas más significativas es la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí a partir del curso 2027-2028.
PP y Vox también acuerdan avanzar en la concertación del Bachillerato, reclamar una prueba única de acceso a la universidad y reforzar la presencia de contenidos sobre la historia del terrorismo en el currículo educativo.
Este bloque educativo introduce uno de los elementos más ideológicos del acuerdo: menos presencia de programas vinculados a la diversidad cultural y más peso para la educación concertada. Una orientación que conecta con la agenda de Vox y que el PP asume dentro del pacto de legislatura.
Vivienda pública bajo el criterio de arraigo
El acuerdo incluye la construcción de al menos 20.000 viviendas protegidas durante la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada. Pero el acceso a la vivienda pública y al alquiler social también quedará condicionado por el principio de “prioridad nacional”.
El documento plantea reforzar los requisitos de arraigo, empadronamiento, cotización, actividad laboral y vínculo con Andalucía. También prevé excluir del acceso a vivienda pública a personas condenadas por allanamiento o usurpación mientras mantengan antecedentes penales por esos delitos.
Fiscalidad: rebajas de IRPF y eliminación de impuestos ambientales
En el bloque fiscal, PP y Vox acuerdan una bajada progresiva del tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros. También se incluyen deducciones por nacimiento o adopción, ayudas fiscales para familias numerosas, deducciones por gastos educativos y una deducción fija de 2.000 euros para personas con ELA o familiares a cargo.
El pacto recoge además la eliminación de los tres tributos ambientales autonómicos que permanecían vigentes: el impuesto sobre bolsas de plástico, el de emisiones de gases y el de vertidos a aguas litorales.
Sanidad: listas de espera, colaboración privada y coste sanitario de extranjeros
En sanidad, el acuerdo compromete un aumento del presupuesto sanitario al ritmo del presupuesto autonómico, una auditoría de las listas de espera, un plan de choque, más financiación para Atención Primaria y medidas para estabilizar al personal del Servicio Andaluz de Salud.
El pacto también contempla la colaboración con entidades privadas para reducir demoras y una auditoría anual del coste sanitario de la atención a personas extranjeras. Además, se plantea crear una unidad del SAS para reclamar costes a terceros obligados al pago.
Memoria democrática, tauromaquia y batalla cultural
Otro de los bloques más políticos del pacto es el referido a las llamadas “leyes ideológicas”. PP y Vox acuerdan impulsar una Ley de Concordia que sustituya la normativa andaluza de memoria democrática.
El documento también incluye la promoción activa de la tauromaquia, la caza, la ganadería brava, las escuelas taurinas y los festejos populares. Estas actividades serán defendidas como parte del patrimonio cultural y turístico andaluz.
En el ámbito ambiental, el acuerdo habla de revisar leyes, planes y gastos ambientales que consideren perjudiciales para los sectores productivos. También recoge el rechazo a determinadas cargas vinculadas a la Agenda 2030, al Pacto Verde europeo y a nuevas exigencias climáticas para el sector agrario.
Recorte a sindicatos y revisión del gasto público
En materia de gasto público, PP y Vox acuerdan evaluar cada año el presupuesto autonómico para eliminar lo que califican como gasto improductivo. Entre las medidas aparece la reducción del 50% de la financiación destinada a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas cuya utilidad pública no quede acreditada.
También se plantea condicionar subvenciones a la justificación de ayudas previas y a la acreditación de resultados efectivos. En el plano institucional, el pacto recoge una cláusula de unidad de voto entre PP y Vox y la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo.
Análisis Contraplano
El pacto entre PP y Vox en Andalucía no es solo un acuerdo de investidura. Es un programa de gobierno que introduce en una de las comunidades más pobladas del Estado buena parte de la agenda política de la extrema derecha: prioridad nacional, restricciones en inmigración, revisión de políticas de memoria, recortes a organizaciones sociales, impulso de la tauromaquia y cuestionamiento de medidas ambientales.
Juanma Moreno conserva la Presidencia, pero lo hace incorporando a Vox al Ejecutivo andaluz y asumiendo medidas que hasta ahora el PP presentaba como ajenas a su perfil institucional. La legislatura andaluza arranca así con un pacto que tendrá consecuencias directas en servicios públicos, derechos sociales, vivienda, educación y memoria democrática.
Un pacto para cuatro años
El acuerdo fija una hoja de ruta para toda la legislatura y compromete a PP y Vox a mantener una posición común en las votaciones clave. La investidura de Moreno queda así ligada a un pacto de 150 puntos que va mucho más allá de la estabilidad parlamentaria.
Andalucía se convierte en otro territorio donde el Partido Popular gobierna con la extrema derecha, esta vez con Vox dentro del Ejecutivo y con una agenda que combina rebajas fiscales, endurecimiento migratorio, cambios educativos, revisión de políticas ambientales y una ofensiva sobre memoria democrática y derechos sociales.
Fuentes consultadas: documento “Acuerdo de Gobierno PP-Vox en Andalucía”, Sevilla Actualidad, elDiario.es, RTVE, El País y Diario de Sevilla.
