La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles denuncia que el Ayuntamiento de Madrid trasladó a las empresas gestoras la identidad de las trabajadoras que recurrieron la prórroga de sus contratos. Algunas educadoras aseguran haber sufrido presiones y coacciones después de que se conocieran sus nombres.
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha exigido explicaciones al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida por la presunta comunicación de datos personales de varias educadoras a las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles municipales de gestión indirecta.
Según el comunicado difundido por la plataforma, los datos corresponderían a las trabajadoras que firmaron diferentes recursos de reposición contra la prórroga de los contratos suscritos entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas gestoras de los centros educativos.
Los recursos fueron presentados durante el mes de abril, en plena movilización laboral para mejorar las condiciones del primer ciclo de Educación Infantil, y contaron con las firmas de trabajadoras afectadas y de los sindicatos CGT, CCOO y UGT.
La plataforma denuncia que las prórrogas aprobadas por el Ayuntamiento condenan a parte de las educadoras a continuar durante otros dos años con salarios vinculados al Salario Mínimo Interprofesional.
Denuncian presiones tras conocerse la identidad de las firmantes
PLEI sostiene que el Ayuntamiento remitió los recursos de reposición a las empresas gestoras sin anonimizar los nombres y otros datos personales de las trabajadoras firmantes.
La organización asegura que, tras recibir esta documentación, algunas empresas habrían ejercido presiones y coacciones sobre las educadoras que participaron en las reclamaciones.
Ante esta situación, Más Madrid ha presentado una reclamación relacionada con la protección de datos, mientras que las trabajadoras estudian emprender acciones legales contra las empresas implicadas y contra el propio Ayuntamiento de Madrid.
La plataforma considera que la entrega de las identidades era innecesaria, ya que el Consistorio podía comprobar directamente la relación laboral de las firmantes solicitando sus contratos de trabajo.
Aunque las empresas gestoras tuvieran la condición de interesadas en los expedientes administrativos, PLEI sostiene que el Ayuntamiento debería haber anonimizado la documentación para garantizar la protección de las trabajadoras.
Posible vulneración de derechos laborales y protección de datos
En su comunicado, la plataforma advierte de que la actuación municipal podría vulnerar la normativa de protección de datos, además de los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva.
También considera que la difusión de las identidades podría afectar a la denominada garantía de indemnidad, que protege a las trabajadoras frente a posibles represalias derivadas de la defensa de sus derechos laborales.
Las educadoras sostienen que el Ayuntamiento debería haber anonimizado sus datos y haber investigado las supuestas coacciones ejercidas por algunas empresas.
PLEI plantea igualmente que podría haberse producido una posible desviación de poder, al haberse utilizado la tramitación de un recurso administrativo de una manera que habría facilitado herramientas de presión laboral a empresas privadas.
Estas posibles irregularidades deberán ser determinadas, en su caso, por las autoridades administrativas o judiciales competentes.
Exigirán explicaciones en la Comisión de Educación
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que se ponga en contacto con las trabajadoras, recabe información sobre las empresas señaladas e investigue las supuestas coacciones.
Las educadoras tienen previsto acudir este lunes 13 de julio a la Comisión de Educación, que se celebrará a las 9:00 horas en la sede municipal de la calle Mayor, 71.
Durante la sesión pedirán explicaciones al delegado municipal José Fernández Sánchez por las declaraciones realizadas por Almeida y por la responsabilidad del Ayuntamiento en la tramitación y el traslado de los recursos presentados por las trabajadoras.
El conflicto vuelve a poner el foco sobre las condiciones laborales de las profesionales de las escuelas infantiles de gestión indirecta y sobre la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de proteger a quienes ejercen su derecho a reclamar mejoras laborales.
