Una huelga indefinida no solo se libra en las aulas, las manifestaciones o las mesas de negociación. También se sostiene en los hogares de quienes cada día dejan de cobrar una parte de su salario para defender sus reivindicaciones. Con esa realidad sobre la mesa, la Asamblea Menos Lectivas (AML) ha puesto en marcha una caja de resistencia destinada a apoyar económicamente al profesorado que participa en la huelga indefinida de la educación pública madrileña, iniciada el pasado 14 de octubre.
La iniciativa parte de una preocupación concreta: que ningún docente tenga que abandonar la movilización por no poder afrontar el alquiler, la hipoteca, los gastos familiares o las necesidades más básicas. Para la organización, la capacidad económica no debería determinar quién puede ejercer de forma prolongada su derecho de huelga.
«Que nadie tenga que dejar la huelga por no poder permitírselo».
Esta es la idea que resume la campaña solidaria impulsada por Menos Lectivas, un movimiento asambleario que lleva tres años organizándose en los centros educativos de la Comunidad de Madrid y que, según sus propios datos, agrupa actualmente a más de 4.300 docentes distribuidos en alrededor de 250 asambleas de centro.
La huelga indefinida y el coste económico de la movilización
El 14 de octubre comenzó una huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid, convocada por diferentes organizaciones sindicales y colectivos docentes. La movilización llegaba después de varios cursos de protestas, negociaciones y jornadas de paro sin que los convocantes considerasen satisfechas sus principales reivindicaciones.
Entre las organizaciones impulsoras se encuentran CCOO, CGT, CNT, STEM, UGT y Solidaridad Obrera, junto con plataformas como Menos Lectivas, Educación Especial Digna y Queremos FP.
La protesta reclama una reducción de las horas lectivas, una disminución del número de estudiantes por aula, mejoras salariales, menos burocracia y mayores recursos humanos y materiales para los centros públicos.
La tabla reivindicativa del comité de huelga incluye, entre otras medidas, limitar a 17 los periodos lectivos semanales en Secundaria y Formación Profesional, establecer 22 en Primaria, reducir las ratios de alumnado y mejorar las retribuciones del profesorado mediante un incremento del complemento específico autonómico.
Sin embargo, mantener una huelga durante un periodo prolongado tiene consecuencias económicas directas. Cada jornada de paro implica una deducción salarial, una situación especialmente complicada para quienes tienen menores a su cargo, compromisos financieros o escaso margen de ahorro.
Por eso, desde Menos Lectivas consideran que la movilización necesita algo más que organización y respaldo colectivo: requiere mecanismos materiales que permitan sostenerla.
Una caja de resistencia para que la economía no decida quién puede hacer huelga
La caja de resistencia nace precisamente para responder a esa desigualdad económica entre las personas huelguistas.
Su funcionamiento se basa en reunir aportaciones solidarias y destinarlas prioritariamente a quienes encuentran mayores dificultades para asumir la pérdida de ingresos provocada por la huelga.
El objetivo es que las personas con menos recursos puedan seguir participando en la movilización sin que sus circunstancias económicas las obliguen a reincorporarse al trabajo antes de lo que desearían.
En el comunicado de presentación, la asamblea explica que existen docentes que, pese a compartir las reivindicaciones, no pueden permitirse una reducción prolongada de sus ingresos.
«No podemos aceptar que la capacidad económica determine quién puede luchar y quién tiene que rendirse».
La organización plantea así la solidaridad económica como una herramienta para sostener una acción colectiva en la que los costes individuales pueden ser muy diferentes.
¿A dónde irá destinado el dinero recaudado?
Según explica la Asamblea Menos Lectivas, las aportaciones se utilizarán principalmente para ofrecer ayuda económica al profesorado huelguista que más lo necesite.
La prioridad será compensar parcialmente las dificultades derivadas de la pérdida salarial y facilitar que estas personas puedan continuar participando en la huelga.
La iniciativa contempla también la posibilidad de atender otras necesidades justificadas relacionadas con el conflicto laboral. Entre ellas podrían incluirse determinados gastos derivados de incidencias o actuaciones que la organización considere represivas y que estén vinculadas al ejercicio del derecho de huelga, siempre de acuerdo con los criterios de funcionamiento de la caja y la normativa aplicable.
Menos Lectivas sostiene que los fondos deben gestionarse con criterios claros y de manera responsable, dando prioridad a quienes se encuentren en situaciones económicas más difíciles.
La información facilitada no detalla todavía la cuantía de las ayudas individuales, los procedimientos concretos para solicitarlas ni los mecanismos de rendición pública de cuentas. Estos aspectos serán importantes para conocer cómo se distribuirán finalmente las aportaciones recibidas.
Tres años de organización desde los centros educativos
La puesta en marcha de esta caja de resistencia es también el resultado de un proceso organizativo que Menos Lectivas viene desarrollando desde hace tres años.
La plataforma se define como un movimiento asambleario construido desde los propios centros educativos, donde el profesorado debate las reivindicaciones, coordina acciones y participa en las decisiones colectivas.
Según las cifras proporcionadas por la organización, actualmente cuenta con más de 4.300 docentes organizados en unas 250 asambleas de centro repartidas por la Comunidad de Madrid.
Durante los dos últimos años, sus integrantes han participado en nueve jornadas de huelga antes del inicio de la convocatoria indefinida del 14 de octubre.
El movimiento defiende que las condiciones laborales del profesorado están directamente relacionadas con la calidad de la enseñanza. La sobrecarga de trabajo, las ratios elevadas y la falta de personal de apoyo, señalan, limitan el tiempo y los recursos disponibles para atender adecuadamente al alumnado.
Por ello, sus reivindicaciones no se limitan a la mejora de los salarios o de los horarios docentes, sino que abarcan también cuestiones relacionadas con la inclusión educativa, la atención a la diversidad y la dotación de recursos para la escuela pública.
La solidaridad como herramienta histórica del movimiento obrero
Las cajas de resistencia forman parte de la historia del sindicalismo y de las luchas laborales. Su finalidad es reunir recursos económicos colectivos para ayudar a los trabajadores y trabajadoras que sufren una pérdida de ingresos durante una huelga.
Estos mecanismos han permitido históricamente afrontar conflictos laborales prolongados, especialmente en aquellos sectores donde las diferencias salariales, la precariedad o las cargas familiares dificultan mantener una movilización durante semanas.
La lógica es sencilla: distribuir colectivamente parte del coste económico que, de otra manera, recaería exclusivamente sobre cada huelguista.
En el caso de la educación pública madrileña, la iniciativa de Menos Lectivas busca trasladar ese principio de apoyo mutuo al actual conflicto docente.
La duración de una huelga indefinida depende de numerosos factores, entre ellos la participación, la capacidad organizativa y el desarrollo de las negociaciones. Los recursos económicos disponibles para quienes secundan los paros constituyen también un elemento relevante para su continuidad.
Una iniciativa abierta a familias, alumnado y ciudadanía
La Asamblea Menos Lectivas ha querido que la caja de resistencia no quede limitada al propio profesorado.
La campaña está abierta a la colaboración de familias, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de otros sectores y cualquier persona que desee contribuir al sostenimiento económico de la movilización.
No se establece la necesidad de realizar grandes aportaciones. La organización destaca que las contribuciones pequeñas, cuando se suman, pueden convertirse en un apoyo significativo para quienes atraviesan mayores dificultades.
La iniciativa busca además reforzar la relación entre las reivindicaciones laborales del profesorado y las demandas de una enseñanza pública con recursos suficientes.
«La huelga es colectiva y la resistencia también debe serlo».
Con este mensaje, Menos Lectivas pretende ampliar la red de solidaridad alrededor de una movilización que ha situado las condiciones laborales del profesorado y la financiación de la enseñanza pública madrileña en el centro del conflicto educativo.
El derecho de huelga también tiene una dimensión económica
El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución española. Sin embargo, su ejercicio implica normalmente la pérdida de la retribución correspondiente al tiempo no trabajado.
Esta circunstancia introduce una dimensión económica que puede resultar determinante cuando las movilizaciones se prolongan y las personas participantes disponen de recursos desiguales.
La caja de resistencia de Menos Lectivas pretende reducir ese obstáculo mediante aportaciones voluntarias y ayudas dirigidas a quienes más lo necesiten.
En un conflicto que reclama mejoras laborales y mayores recursos para la enseñanza pública, el movimiento docente intenta así reforzar la capacidad de participación de sus integrantes.
La campaña concluye con una declaración que resume su propósito: «Ayúdanos a que nadie tenga que elegir entre defender la educación pública y llegar a fin de mes».
La continuidad de esta iniciativa dependerá tanto de las aportaciones recibidas como de los criterios con los que se distribuyan las ayudas. Para Menos Lectivas, el objetivo es que las dificultades económicas individuales no impidan mantener una reivindicación compartida.
