Foto: B’Tselem / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Vista de Wadi al-Bustan, en Silwan, uno de los barrios palestinos de Jerusalén Este amenazados por las demoliciones.
En Al Bustan, un barrio palestino situado en Jerusalén Este, las excavadoras avanzan sobre viviendas habitadas durante generaciones. Las autoridades israelíes pretenden transformar parte de este enclave en un parque público y zonas de aparcamiento, mientras cientos de familias afrontan órdenes de demolición y el riesgo de perder sus hogares. Organizaciones israelíes de derechos humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea denuncian que estas actuaciones forman parte de una política de desplazamiento de población palestina en el territorio ocupado.
Un barrio palestino amenazado de desaparición
Al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén, a escasa distancia de la mezquita de Al Aqsa, se encuentra Al Bustan, uno de los barrios palestinos de Silwan. Durante décadas, sus habitantes han construido allí sus viviendas, desarrollado sus negocios y mantenido una comunidad que ahora se enfrenta a una profunda transformación impuesta desde las instituciones israelíes.
Las demoliciones de viviendas se han intensificado durante los últimos años y han continuado en 2026. Lo que las autoridades israelíes presentan como una intervención urbanística para recuperar un espacio histórico supone, para las familias palestinas, la pérdida de sus hogares y la amenaza de expulsión de un lugar en el que muchas han vivido durante generaciones.
La organización israelí de derechos humanos B’Tselem documentó que entre octubre de 2023 y abril de 2026 fueron demolidas 48 viviendas en Al Bustan. En su informe del 27 de abril advertía de que otras 123 familias, alrededor de 1.450 personas, seguían amenazadas de desplazamiento. Entre ellas había aproximadamente 900 menores.
Lejos de detenerse, las órdenes de demolición continuaron durante octubre. Una investigación publicada por Jerusalem Story el 22 de octubre de 2026 documentó que nueve familias, integradas por 30 personas, habían recibido nuevas advertencias administrativas el día 4 de ese mes, con un plazo de 21 días antes de que sus viviendas pudieran ser derribadas.
Un parque y aparcamientos sobre viviendas palestinas
La transformación de Al Bustan no es una iniciativa reciente. El proyecto urbanístico conocido como King’s Garden, o Jardín del Rey, lleva años generando controversia por su impacto sobre las viviendas palestinas existentes.
El Ayuntamiento de Jerusalén defiende la creación de un espacio público vinculado al patrimonio histórico de la ciudad. Su propuesta contempla zonas recreativas y aparcamientos en terrenos donde actualmente existen construcciones residenciales palestinas.
Las autoridades municipales sostienen que las viviendas afectadas carecen de las correspondientes licencias urbanísticas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que esta explicación ignora las dificultades estructurales que encuentra la población palestina para conseguir permisos de construcción en Jerusalén Este.
Human Rights Watch ha documentado casos de familias que, pese a recurrir a arquitectos, abogados y procedimientos administrativos, no lograron obtener autorizaciones para mantener o ampliar sus viviendas.
Este sistema genera una contradicción determinante: las familias necesitan construir para responder al crecimiento de sus hogares, pero encuentran graves obstáculos para conseguir permisos. Posteriormente, las autoridades utilizan la ausencia de esas licencias como fundamento legal para ordenar las demoliciones.
Las organizaciones que trabajan sobre el terreno consideran que esta política de planificación no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de las restricciones impuestas a la población palestina y de la expansión de proyectos israelíes en Jerusalén Este.
Familias obligadas a destruir sus propias casas
Una de las consecuencias más duras de esta política es la llamada autodemolición, una práctica mediante la cual los propietarios palestinos terminan derribando sus propias viviendas para evitar que las autoridades ejecuten la demolición y posteriormente les reclamen los costes.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) informó de que hasta el 27 de abril de 2026 se habían demolido 98 estructuras palestinas en Jerusalén Este. De ellas, 53 fueron destruidas por sus propios propietarios.
La cifra representaba un aumento respecto al mismo periodo de 2025, cuando Naciones Unidas había documentado 63 estructuras demolidas.
La posibilidad de tener que derribar la propia casa coloca a muchas familias ante una decisión devastadora: destruir personalmente el lugar donde viven o asumir una factura que puede alcanzar miles de euros.
Las consecuencias no se limitan a la pérdida del inmueble. También desaparecen muebles, ahorros familiares, espacios de convivencia y redes comunitarias. Quienes pierden su vivienda deben encontrar una alternativa en una ciudad donde los precios del alquiler resultan inaccesibles para numerosos hogares.
El coste humano de las demoliciones
Entre las familias afectadas se encuentra la de Fakhri Abu Diab, uno de los representantes vecinales más conocidos de Al Bustan. Su vivienda familiar fue demolida en febrero de 2024 y posteriormente ha continuado enfrentándose a nuevas amenazas sobre su alojamiento provisional.
El periodista Peter Oborne recogió en Middle East Eye su testimonio durante una visita de diplomáticos extranjeros al barrio. Abu Diab describió el temor permanente con el que conviven los residentes y la incertidumbre que provoca la presencia de maquinaria pesada en las calles.
Su historia refleja una realidad compartida por otras familias: incluso después de perder una vivienda, el riesgo de una nueva demolición puede continuar.
En el mismo reportaje aparece Imad Badran, un vecino de 56 años con discapacidad visual que está intentando impedir judicialmente la demolición de su casa. Su esposa también tiene una discapacidad y ambos afrontan importantes dificultades para encontrar otra vivienda.
La situación de estas familias muestra las consecuencias sociales de decisiones que, sobre el papel, se tramitan como expedientes administrativos de urbanismo.
Los desalojos afectan especialmente a las personas mayores, a quienes tienen discapacidades y a los menores, que pueden perder al mismo tiempo su hogar, su entorno educativo y sus vínculos con el vecindario.
Un informe denuncia una estructura institucional de desposesión
La política de demoliciones y expulsiones en Jerusalén Este ha sido objeto de una investigación de la organización israelí Ir Amim, especializada en el seguimiento de la situación política y urbana de Jerusalén.
El 15 de octubre de 2026 publicó el informe Expulsion: The State Architecture of Dispossession, que examina la participación de distintas instituciones israelíes en mecanismos que contribuyen a la pérdida de propiedades y al desplazamiento de comunidades palestinas.
El estudio analiza actuaciones de seis ministerios israelíes, del Ayuntamiento de Jerusalén y de otros organismos públicos. También identifica seis comunidades especialmente afectadas: Al Bustan, Batn al Hawa, Umm Haroun, Umm Tuba, Walajeh y Nu’man.
La investigación sostiene que los procesos de desplazamiento no son únicamente el resultado de iniciativas privadas de organizaciones de colonos. Diferentes organismos estatales desempeñan un papel relevante mediante decisiones urbanísticas, procedimientos administrativos y mecanismos relacionados con la propiedad del suelo.
Esta conclusión amplía el foco sobre las responsabilidades institucionales. Las expulsiones no se producen exclusivamente como consecuencia de enfrentamientos entre propietarios o de acciones de grupos particulares, sino también mediante decisiones adoptadas por las propias administraciones.
La expulsión de palestinos se extiende a otros barrios de Jerusalén Este
Al Bustan no constituye un caso aislado. En Batn al Hawa, también en Silwan, numerosas familias palestinas se enfrentan a procedimientos de desalojo relacionados con reclamaciones de propiedad promovidas por organizaciones de colonos israelíes.
La Unión Europea alertó el 29 de mayo de 2026 de que más de 50 familias, unas 300 personas, habían sido expulsadas de Al Bustan y Batn al Hawa durante los 18 meses anteriores.
Además, señaló que cerca de 200 viviendas continuaban amenazadas de demolición o desalojo.
El problema se extiende a otros sectores de Jerusalén Este y Cisjordania. Según datos de OCHA, entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre de 2026, un total de 96 palestinos fueron desplazados por demoliciones en Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 6 de octubre en At Tur, donde la demolición de un edificio de cinco plantas dejó sin vivienda a 69 personas, entre ellas 36 menores.
Naciones Unidas señaló que se trataba del mayor desplazamiento provocado por una única demolición en Jerusalén Este desde que comenzó a registrar estos incidentes en 2009.
El derecho internacional frente a la ocupación israelí
Jerusalén Este fue ocupada por Israel durante la guerra de 1967. Posteriormente, las autoridades israelíes extendieron su legislación y administración sobre esta parte de la ciudad, una anexión que no cuenta con reconocimiento internacional generalizado.
Para Naciones Unidas, Jerusalén Este forma parte del territorio palestino ocupado y está sometida a las normas del derecho internacional humanitario.
En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados.
El tribunal concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y estableció que el Estado israelí debe poner fin a esa situación con la mayor rapidez posible.
También abordó las obligaciones relativas a los asentamientos y al respeto de los derechos de la población palestina.
Aunque esta opinión consultiva no es una sentencia dictada en un procedimiento contencioso, constituye un pronunciamiento jurídico relevante sobre las responsabilidades internacionales de Israel.
Organizaciones como Human Rights Watch recuerdan que el traslado forzoso de población civil en un territorio ocupado está prohibido por el derecho internacional humanitario, salvo excepciones estrictamente delimitadas. Cuando concurren los elementos jurídicos correspondientes, estas actuaciones pueden constituir crímenes de guerra.
B’Tselem ha calificado las políticas de expulsión y demolición desarrolladas en Silwan como parte de un proceso de limpieza étnica. La utilización de este término corresponde a la valoración de la organización, que denuncia una estrategia para modificar la composición demográfica de Jerusalén.
La distancia entre las condenas diplomáticas y la realidad
La situación de Al Bustan ha provocado numerosas declaraciones de representantes internacionales y organizaciones de derechos humanos.
La Unión Europea ha manifestado reiteradamente su oposición a las actividades de asentamiento israelíes, las demoliciones de viviendas palestinas y los traslados forzosos de población en los territorios ocupados.
En su declaración de mayo de 2026 sobre Silwan, la representación europea recordó que las normas internas de Israel no eliminan sus obligaciones como potencia ocupante.
Sin embargo, las condenas diplomáticas no han impedido que las órdenes de demolición continúen llegando a las viviendas palestinas.
Distintas delegaciones extranjeras han visitado Al Bustan para conocer la situación de sus habitantes. Los vecinos han trasladado sus denuncias a representantes políticos, diplomáticos y organismos internacionales, mientras el proyecto urbanístico sigue avanzando.
Esta distancia entre la respuesta institucional y los acontecimientos sobre el terreno constituye uno de los principales problemas que denuncian las organizaciones humanitarias: las advertencias sobre posibles vulneraciones del derecho internacional se acumulan sin conseguir detener los procesos de desplazamiento.
Más allá de las viviendas: la desaparición de una comunidad
La transformación de Al Bustan plantea una cuestión que trasciende el debate sobre licencias urbanísticas y proyectos recreativos.
Las demoliciones afectan a un barrio cuyos habitantes mantienen vínculos familiares, educativos, laborales y culturales con el territorio. La pérdida de sus viviendas supone también el debilitamiento de esas relaciones y puede provocar la dispersión de una comunidad construida durante décadas.
Para las autoridades municipales, el proyecto forma parte de la planificación urbana de Jerusalén. Para las organizaciones de derechos humanos, constituye otro episodio de una política que restringe la permanencia de los palestinos en una ciudad cuyo futuro territorial y político sigue siendo una de las principales cuestiones del conflicto.
Mientras las instituciones internacionales reclaman que se respete el derecho internacional y las organizaciones humanitarias documentan nuevos desplazamientos, las familias de Al Bustan siguen enfrentándose a órdenes de demolición.
La cuestión que permanece abierta no es únicamente qué parque o aparcamiento se construirá en estos terrenos, sino qué ocurrirá con las personas que actualmente viven allí y qué mecanismos existen para garantizar su derecho a permanecer en sus hogares.
Fuentes y documentación
- Ir Amim: Expulsion: The State Architecture of Dispossession, octubre de 2026.
- Naciones Unidas, OCHA: Informe sobre la situación humanitaria en el territorio palestino ocupado, octubre de 2026.
- Human Rights Watch: East Jerusalem: Israel Escalating Home Demolitions, Evictions, junio de 2026.
- Servicio Europeo de Acción Exterior: Declaración de la Unión Europea sobre Silwan, mayo de 2026.
- Jerusalem Story: Investigación sobre las nuevas demoliciones en Al Bustan, octubre de 2026.
- B’Tselem: Documentación sobre demoliciones, asentamientos y desplazamiento de población palestina.
