El 18 de julio de 1936 una parte del Ejército trató de derribar por la fuerza al Gobierno legítimo de la Segunda República. El fracaso inicial de la sublevación abrió una guerra de tres años y dio paso a una dictadura de casi cuatro décadas. En su 90.º aniversario, las asociaciones memorialistas reclaman una condena institucional inequívoca y recuerdan que miles de víctimas continúan desaparecidas.
Madrid | 18 de julio de 2026
Este sábado se cumplen 90 años del golpe de Estado que intentó destruir la legalidad democrática de la Segunda República. La sublevación militar comenzó el 17 de julio de 1936 en el Protectorado español de Marruecos y se extendió al día siguiente por la Península. Al frente de la conspiración se encontraban varios generales, entre ellos Emilio Mola, Francisco Franco, José Sanjurjo y Gonzalo Queipo de Llano.
No fue un enfrentamiento inevitable entre dos partes equivalentes ni el comienzo espontáneo de una guerra. Fue una operación militar planificada para derribar por la fuerza a un Gobierno surgido de las urnas. La resistencia de las fuerzas leales a la República, de las organizaciones obreras y de amplios sectores de la población impidió que los sublevados controlaran inmediatamente todo el país.
El golpe fracasó en su objetivo inicial, pero sus responsables no renunciaron a tomar el poder. La sublevación dio paso a una guerra que se prolongó hasta abril de 1939 y que terminó con la victoria de las tropas franquistas y la imposición de una dictadura que se mantuvo hasta la muerte de Franco en 1975.
Una conspiración contra un Gobierno legítimo
La Segunda República había sido proclamada el 14 de abril de 1931. Durante sus años de existencia impulsó reformas educativas, laborales, agrarias y militares, además de reconocer nuevos derechos políticos y civiles. Las mujeres pudieron votar por primera vez en unas elecciones generales en 1933 y la Constitución republicana estableció un Estado laico.
El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 aceleró una conspiración que ya se estaba desarrollando dentro de sectores del Ejército. Los sublevados contaron con el respaldo de grupos monárquicos y falangistas, grandes propietarios, sectores empresariales y una parte importante de la jerarquía de la Iglesia católica.
La intervención de la Alemania nazi y la Italia fascista fue determinante para la victoria franquista. Adolf Hitler y Benito Mussolini proporcionaron aviones, armamento y unidades militares a los golpistas. La República quedó condicionada por la política de no intervención promovida por Francia y Reino Unido, aunque recibió el apoyo de la Unión Soviética, México y miles de voluntarios de las Brigadas Internacionales.
La guerra dejó un país devastado y cientos de miles de personas muertas, encarceladas, perseguidas o empujadas al exilio. Tras la victoria franquista, la violencia política no terminó. La dictadura desplegó una represión sistemática contra republicanos, sindicalistas, militantes de izquierdas, docentes, intelectuales, feministas, personas LGTBI y cualquiera que fuese considerado enemigo del nuevo régimen.
Cárceles, fusilamientos, trabajo forzado y exilio
Consejos de guerra sin garantías, fusilamientos, desapariciones forzadas, incautaciones de bienes, depuraciones profesionales y trabajos forzados formaron parte del sistema represivo franquista. Miles de personas fueron enterradas en fosas comunes y muchas de sus familias continúan sin haber recuperado sus restos.
La represión no afectó únicamente a quienes habían ocupado responsabilidades políticas. También alcanzó a sindicalistas, trabajadores organizados, maestros, cargos municipales, mujeres señaladas por su militancia o por sus vínculos familiares y ciudadanos denunciados por vecinos o autoridades locales.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce como víctimas a quienes sufrieron daños físicos, morales, psicológicos o patrimoniales como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
La norma declara ilegales e ilegítimos los tribunales y órganos represivos franquistas, anula sus condenas y atribuye al Estado la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas. Sin embargo, numerosas familias y asociaciones memorialistas consideran que la aplicación de la ley avanza con demasiada lentitud.
Las exhumaciones, la elaboración de un censo estatal de víctimas, la identificación de los restos y su devolución a las familias siguen siendo tareas pendientes nueve décadas después del golpe.
“18 de julio: nunca más”
Con motivo del aniversario, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido al Gobierno una declaración institucional de condena. La organización reclama que las palabras “18 de julio: nunca más” se exhiban en los ministerios y en los principales cuarteles del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La asociación sostiene que el rechazo público de un golpe militar debería formar parte de un compromiso democrático compartido. También recuerda que el pleno del Congreso de los Diputados no ha aprobado todavía una condena específica del golpe del 18 de julio de 1936.
La ARMH considera especialmente necesaria esta condena en un contexto de crecimiento de los discursos autoritarios y de los intentos de relativizar la dictadura. El revisionismo histórico presenta en ocasiones el golpe como una reacción inevitable, equipara a los sublevados con quienes defendieron la legalidad republicana o reduce el franquismo a una etapa de estabilidad política y crecimiento económico.
Ese relato omite el origen violento del régimen, la ausencia de libertades, la persecución política, la censura, las condenas sin garantías judiciales y el exilio de cientos de miles de personas.
Una memoria todavía disputada
La memoria democrática continúa siendo objeto de confrontación política. Mientras las asociaciones de víctimas reclaman más recursos para las exhumaciones y la investigación, algunos gobiernos autonómicos sostenidos por PP y Vox han promovido las denominadas leyes de “concordia” como alternativa a las normas de memoria.
Las organizaciones memorialistas han advertido de que tratar bajo una misma categoría todas las violencias del siglo XX puede ocultar el origen del conflicto: un golpe militar contra un sistema democrático y la posterior construcción de una dictadura.
Recordar el 18 de julio no significa trasladar a las generaciones actuales las responsabilidades de quienes participaron en el golpe. Significa establecer con claridad qué ocurrió, reconocer a las víctimas y reafirmar que ningún proyecto político puede imponerse mediante las armas y la eliminación de las libertades.
Noventa años después, todavía existen familias que buscan a sus desaparecidos, sentencias franquistas pendientes de reparación efectiva y patrimonios incautados que no han sido restituidos. La memoria no se limita a los homenajes: también exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
El 18 de julio de 1936 no comenzó una lucha entre dos legitimidades equivalentes. Una parte del Ejército se levantó contra un Gobierno elegido en las urnas y contra el orden constitucional vigente. Recordarlo con precisión histórica no divide a la sociedad: la defensa de la democracia empieza por llamar a los hechos por su nombre.
