El informe anual de la organización documenta 528 casos de discriminación racial durante 2025. Las entidades públicas aparecen como responsables en el 70% de las situaciones atendidas.
El racismo institucional se mantiene como la principal forma de discriminación racial registrada por la Federación SOS Racismo en España. Su último informe anual recoge 528 denuncias atendidas durante 2025 por sus Oficinas de Información, Atención y Denuncia.
De ese total, 136 casos —el 25,76%— corresponden directamente a situaciones de racismo institucional. A ellos se suman otras 121 denuncias relacionadas con la denegación o las dificultades de acceso a prestaciones y servicios públicos, equivalentes al 22,92%.
Ambas categorías representan prácticamente la mitad de las denuncias recogidas. Además, el estudio identifica a las entidades públicas como agentes responsables de 370 situaciones, un 70% del total.
Estas cifras no representan todos los episodios racistas ocurridos en España, sino únicamente los casos atendidos por las oficinas de SOS Racismo en Aragón, Bizkaia, Cataluña, Galicia, Gipuzkoa y Navarra.
La organización advierte de que muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza hacia las instituciones, desconocimiento de sus derechos o temor a sufrir consecuencias relacionadas con su situación administrativa.
Extranjería y nacionalidad concentran las denuncias
Los procedimientos de extranjería y nacionalidad constituyen el principal foco del racismo institucional documentado. De los 136 expedientes incluidos en esta categoría, 66 están relacionados con trámites de extranjería y 51 con procedimientos para obtener la nacionalidad española.
Entre ambos ámbitos concentran el 86% de los casos de racismo institucional. El informe señala problemas como la imposibilidad de conseguir una cita previa, los retrasos administrativos, la aplicación desigual de los criterios o la exigencia de documentos que no aparecen recogidos en la legislación.
SOS Racismo explica que estos obstáculos tienen consecuencias que van más allá de una demora burocrática. La imposibilidad de completar un procedimiento puede provocar la pérdida de un contrato de trabajo, impedir el acceso a servicios esenciales o dejar a una persona expuesta a un expediente de expulsión.
Los trámites de extranjería y nacionalidad representan conjuntamente el 86% de las situaciones de racismo institucional registradas.
Uno de los casos recogidos tuvo lugar en el Registro Civil de Vigo, donde varias familias encontraron dificultades para inscribir como españoles a sus hijos nacidos en España.
Según el documento, se les exigió el NIE de los progenitores pese a que este requisito no estaba contemplado para ese procedimiento. Las familias recurrieron las resoluciones y finalmente pudieron reanudar los expedientes.
Barreras en servicios sociales, sanidad y vivienda
SOS Racismo registró 121 denuncias por denegación o dificultades de acceso a servicios públicos. Los expedientes afectan a ámbitos esenciales como los servicios sociales, la atención sanitaria, la educación, el empleo y la vivienda pública.
La organización sostiene que el racismo institucional no depende únicamente de comportamientos individuales. También puede aparecer cuando el funcionamiento ordinario de una institución, sus normas internas o sus procedimientos administrativos generan resultados desiguales para determinadas personas debido a su origen, nacionalidad o color de piel.
El estudio reconoce que la saturación administrativa puede perjudicar al conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, considera que se convierte en una barrera discriminatoria cuando afecta de manera desproporcionada a procedimientos exclusivos para la población extranjera y termina bloqueando el ejercicio de derechos fundamentales.
Setenta y cinco denuncias por racismo policial
El informe documenta también 75 situaciones relacionadas con actuaciones policiales señaladas como racistas, un 14,20% de las denuncias registradas.
De ellas, 57 corresponden a identificaciones o controles realizados en función del color de piel, el origen étnico, la nacionalidad o la apariencia física.
Los expedientes recogen controles selectivos, identificaciones sin una justificación conocida, registros, trato degradante y posibles usos excesivos de la fuerza.
Entre sus propuestas, SOS Racismo reclama la prohibición efectiva de las identificaciones policiales basadas en perfiles étnicos y pide que todas las actuaciones respeten los principios de igualdad y no discriminación.
Agresiones y discriminación laboral
Las oficinas de la organización atendieron 76 conflictos y agresiones racistas, equivalentes al 14,39% del total. También registraron 56 casos de denegación de acceso a servicios privados y 37 expedientes de discriminación laboral.
Dentro del ámbito laboral, 30 de los 37 casos están relacionados con situaciones de explotación. De ellos, 17 afectan al trabajo doméstico, que representa cerca del 60% de los expedientes de explotación laboral documentados.
SOS Racismo advierte de que la dependencia económica, el miedo a perder el empleo y la preocupación por las posibles consecuencias administrativas dificultan que las personas afectadas denuncien.
La organización relaciona estas situaciones con sectores productivos que dependen de trabajadores migrantes con bajos niveles de protección, como el empleo doméstico o el trabajo agrícola temporal.
Menos denuncias totales, pero un elevado peso de las administraciones
El informe contabiliza 528 denuncias correspondientes a 2025, frente a las 590 registradas en 2024. Por tanto, la cifra total se redujo, aunque SOS Racismo destaca el elevado peso que mantienen las administraciones públicas dentro del conjunto de los casos atendidos.
Los datos muestran que el racismo institucional encabeza las denuncias registradas y que las barreras administrativas y la denegación de acceso a servicios públicos continúan ocupando una posición central.
Las propuestas de SOS Racismo
La Federación reclama que los poderes públicos reconozcan la existencia del racismo estructural e institucional y desarrollen las medidas previstas en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
También propone impulsar una ley orgánica contra el racismo, facilitar mecanismos seguros de denuncia para las personas en situación administrativa irregular, prohibir los controles policiales basados en perfiles étnicos, reforzar la intervención comunitaria y promover modelos urbanísticos y educativos que eviten la segregación.
Consulta el informe completo
El Informe anual 2026 de SOS Racismo tiene 92 páginas y puede consultarse o descargarse gratuitamente.
