Vivienda | Comunidad de Madrid
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles denuncia que el desalojo se ejecutó pese a la petición del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para suspenderlo hasta garantizar una alternativa habitacional adecuada.
La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ejecutó el pasado 15 de julio el desahucio de una familia que residía desde hacía cinco años en una vivienda pública del complejo de El Ruedo, en el distrito madrileño de Moratalaz.
La unidad familiar está formada por Dulce, Herminio y sus cinco hijos, tres de ellos menores de edad. El más pequeño, de tres años, tiene síndrome de Down. El lanzamiento se produjo durante el segundo intento de desalojo y a pesar de la movilización de vecinos y colectivos por el derecho a la vivienda.
Según ha denunciado la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles en un comunicado, el desahucio refleja “la falta de voluntad política” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para proteger a la infancia en situación de vulnerabilidad.
Una petición de Naciones Unidas que no paralizó el desahucio
Horas antes del lanzamiento, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas había solicitado la suspensión cautelar del procedimiento para evitar posibles daños irreparables a los menores. La petición planteaba que el desalojo no se ejecutara hasta que la familia contara con una alternativa habitacional adecuada.
El escrito no impidió que la comisión judicial siguiera adelante con el lanzamiento. Hasta el lugar se desplazó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien mostró su apoyo a la familia y posteriormente anunció que llevaría el caso ante la Fiscalía de Menores por una posible vulneración de derechos fundamentales.
“Podría y debería haberse suspendido hasta garantizar los derechos de los niños y niñas”.
Cinco años intentando regularizar su situación
La familia llevaba aproximadamente cinco años viviendo sin contrato en un inmueble gestionado por la Agencia de Vivienda Social. Dulce sostiene que durante este tiempo intentó regularizar su situación mediante un alquiler social que pudiera asumir económicamente.
Tras el lanzamiento, la madre explicó que la familia se encontraba alojada provisionalmente en casa de su propia madre, también situada en el barrio, aunque la vivienda no dispone de espacio suficiente para todos sus integrantes.
De acuerdo con su testimonio, antes del desahucio se les ofreció una habitación en un piso compartido. La familia rechazó esta posibilidad al considerar que no reunía las condiciones necesarias para convivir con tres menores y, especialmente, para atender las necesidades del niño con síndrome de Down.
Versiones enfrentadas sobre las alternativas ofrecidas
La Comunidad de Madrid sostiene que el procedimiento se desarrolló con las garantías correspondientes y que se protegió a la unidad familiar. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid afirma que la familia rechazó los recursos temporales ofrecidos por los servicios sociales municipales y el SAMUR Social.
La abogada de la familia, Patricia Fernández, cuestionó estas afirmaciones y denunció que el SAMUR Social no estuvo presente durante el lanzamiento. También señaló que las soluciones planteadas no constituían una alternativa estable ni adaptada a las necesidades de los menores.
Después del desahucio, la Comunidad de Madrid indicó a la familia que podía solicitar una vivienda mediante el procedimiento de emergencia social. Esta vía permite a la Administración autonómica adjudicar excepcionalmente inmuebles de la Agencia de Vivienda Social cuando tiene conocimiento de una situación de especial necesidad.
La Plataforma de Escuelas Infantiles reclama responsabilidades
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles considera que las administraciones no antepusieron el interés superior de los menores, pese a su situación de vulnerabilidad y al requerimiento procedente de Naciones Unidas.
“Seguiremos denunciando públicamente cualquier situación de vulnerabilidad de la infancia”.
La organización acusa al Gobierno autonómico de exponer a los menores a situaciones de riesgo y de desatender las recomendaciones de organismos internacionales.
El caso ha reabierto las críticas hacia la política de vivienda de la Comunidad de Madrid y hacia la ausencia de soluciones habitacionales estables para familias vulnerables. Mientras las administraciones defienden que activaron los recursos disponibles, la familia continúa sin una vivienda propia adaptada a las necesidades de sus hijos.
