Bomberos forestales en Madrid: precariedad y conflictos abiertos mientras el fuego avanza

La imagen se difundió el 22 de julio, mientras el incendio iniciado en Almorox avanzaba hacia la Comunidad de Madrid. Dieciséis bomberos forestales grabaron un vídeo desde la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, para denunciar que se encontraban de servicio, pero sin vehículos, herramientas ni órdenes para incorporarse al operativo. Aseguraban que habían solicitado ser activados y subrayaban que, pese al conflicto laboral que mantienen con la Administración, no estaban secundando la huelga en ese momento.

La respuesta del Gobierno regional llegó dos días después. La Comunidad de Madrid acusó a este grupo de mantener una estrategia de “chantaje” y de ofrecer una imagen distorsionada del dispositivo de emergencias. Según el Ejecutivo autonómico, los trabajadores conocían los parques y retenes que tenían asignados y debían presentarse en esas bases, desde las que se movilizan los recursos. También anunció que estudiaría posibles actuaciones administrativas y jurídicas.

El cruce de acusaciones se produjo durante una emergencia de enorme gravedad, pero el conflicto no comenzó con los últimos incendios. Detrás de ese vídeo hay más de tres años de movilizaciones, categorías laborales cuestionadas, contratos estacionales y una ley estatal que los trabajadores consideran incumplida.

Dos plantillas y dos conflictos diferentes

Para entender la situación resulta necesario separar dos colectivos que a menudo aparecen mezclados en las informaciones.

Por un lado se encuentra el personal laboral público adscrito al INFOMA. Son los trabajadores que protagonizaron el vídeo de Las Rozas y que mantienen una huelga iniciada hace más de tres años. El colectivo reclama trabajar durante los doce meses y ser contratado con la categoría profesional de bombero forestal, correspondiente al código 5932 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones.

Según el comité de huelga, una parte de esta plantilla continúa contratada como conductores, técnicos de mantenimiento o personal de atención al usuario, aunque realiza funciones vinculadas directamente con la vigilancia y la extinción de incendios. También denuncia que sus contratos solo cubren aproximadamente la mitad del año, entre mayo y octubre.

Actualmente quedan alrededor de 60 efectivos de las 124 plazas que, según la representación de los trabajadores, debería tener este grupo. El comité sostiene que numerosas plazas han quedado vacantes porque parte del personal ha solicitado excedencias para trabajar en otros territorios con mayor estabilidad o reconocimiento profesional.

Uno de los trabajadores explicó a El País que percibe unos 1.400 euros netos mensuales y que su cobertura como conductor o técnico es inferior a la de los bomberos funcionarios con los que comparte intervención. El colectivo también ha denunciado el uso de mascarillas caducadas y trajes de intervención con más de diez años, cuya trazabilidad asegura haber solicitado sin obtener respuesta.

La Comunidad de Madrid ofrece una lectura diferente. El Ejecutivo regional presenta a estos 60 trabajadores como una parte reducida de un dispositivo de unas 2.100 personas y sostiene que firmaron voluntariamente sus destinos para la campaña de 2026. Los empleados cuestionan esa voluntariedad y afirman que rechazar la adjudicación habría supuesto su cese.

Durante los incendios de los últimos días, los trabajadores decidieron desplazarse con sus vehículos particulares hasta los parques para completar dotaciones y ponerse a disposición de la jefatura. Han anunciado que mantendrán esta decisión mientras continúe la emergencia, sin renunciar a sus reclamaciones cuando finalice.

Las brigadas de Tragsa: huelga suspendida, conflicto no resuelto

El segundo grupo está formado por las brigadas forestales gestionadas por Tragsa, empresa pública que presta el servicio por encargo de la Comunidad de Madrid. Su plantilla ronda actualmente los 450 trabajadores.

Estas brigadas iniciaron una huelga en julio de 2025 para reclamar mejoras salariales, estabilidad, reducción de la temporalidad y medidas de protección frente a la exposición a agentes cancerígenos. El paro quedó suspendido a finales de mayo de 2026, aunque no fue desconvocado definitivamente.

El comité de empresa asegura que las negociaciones con Tragsa se encuentran avanzadas y que existe un principio de acuerdo sobre cambios salariales y organizativos, pendiente de la autorización del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, los profesionales trabajan con normalidad en los incendios que afectan a la Sierra Oeste.

La suspensión de la huelga no ha eliminado las carencias denunciadas. Los representantes de la plantilla afirman que desde el 15 de mayo el operativo dispone de 419 bomberos forestales durante todo el año, pero sin el refuerzo específico que existía en las campañas de mayor riesgo. También señalan que algunas brigadas han pasado de siete integrantes a cinco, una reducción que puede condicionar la capacidad de intervención y la seguridad de las unidades.

En abril, el comité advertía de que durante el invierno se había realizado aproximadamente un 50% menos de trabajos preventivos. Estas actuaciones incluyen la retirada de combustible vegetal, el mantenimiento de cortafuegos y la creación de franjas de protección alrededor de pueblos y urbanizaciones.

Una denuncia por las condiciones de 17 bases

La precariedad denunciada no se limita a salarios y contratos. En febrero de 2026, el Comité de Seguridad y Salud de las brigadas forestales presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por presuntos incumplimientos de prevención de riesgos laborales en 17 de las 25 bases operativas de la región.

Los trabajadores señalaron que en algunas instalaciones la ropa y los equipos contaminados tras una intervención se lavaban en los mismos espacios utilizados para comer, descansar o permanecer entre servicios. La denuncia citaba posibles incumplimientos de la normativa sobre lugares de trabajo, servicios de prevención y exposición a agentes cancerígenos.

La Consejería de Medio Ambiente afirmó entonces que Tragsa, como empresa empleadora, tenía la obligación legal de garantizar la seguridad y la salud de la plantilla. La empresa respondió que no había recibido ninguna notificación y que, si las bases necesitaban obras o adaptaciones, trasladaría la necesidad a la Administración autonómica, titular de las instalaciones.

Este reparto de responsabilidades entre la empresa que gestiona el servicio y la Comunidad de Madrid, que lo encarga y financia, aparece de forma recurrente en el conflicto. Los trabajadores reclaman que ambas partes asuman una negociación conjunta sobre salarios, plantillas, instalaciones y medidas de seguridad.

Una ley aprobada, pero solo desarrollada parcialmente

La Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, estableció por primera vez un marco común para todo el Estado. La norma define la extinción de incendios forestales como un servicio esencial y de interés social y reconoce como bombero forestal a quien desempeñe estas funciones, con independencia de que su relación sea funcionarial o laboral.

La ley obliga a las administraciones a establecer clasificaciones profesionales acordes con las tareas realizadas, garantizar una protección eficaz frente a los riesgos laborales y ofrecer formación continua dentro del horario de trabajo. También prevé que en la negociación salarial se tengan en cuenta la peligrosidad, la toxicidad, el esfuerzo físico, la penosidad y el riesgo psicológico.

El texto concedía un año para adaptar la normativa estatal, autonómica y local, un plazo que finalizó en noviembre de 2025. Desde entonces se han producido algunos avances: los bomberos forestales fueron incluidos en el sistema de coeficientes reductores para la jubilación anticipada y un real decreto aprobado en enero de 2026 fijó condiciones mínimas de seguridad para las dotaciones y los equipos de protección individual.

Sin embargo, sindicatos y organizaciones profesionales siguen denunciando que está pendiente el reglamento específico de prevención de riesgos laborales y que numerosas administraciones no han adaptado plenamente las categorías, los contratos y los tiempos de trabajo. En Madrid, esa falta de adaptación constituye precisamente una de las principales reclamaciones del personal laboral público del INFOMA.

La prevención también depende de la estabilidad laboral

La propia Ley 5/2024 reconoce que los incendios han dejado de ser un fenómeno exclusivamente estacional. Las olas de calor más frecuentes, la sequedad de la vegetación y el crecimiento de la interfaz entre zonas urbanas y forestales obligan a mantener los operativos preparados durante todo el año.

La estabilidad laboral no es, por tanto, una reivindicación desligada de la prevención. Durante los meses de menor riesgo se realizan desbroces, clareos, podas, mantenimiento de pistas y cortafuegos y trabajos de protección alrededor de las poblaciones.

En 2025, la Comunidad de Madrid ejecutó trabajos preventivos en 4.167 de las 6.524 hectáreas previstas. El Gobierno regional atribuyó esa diferencia a las lluvias de primavera, al estado de los terrenos y al desplazamiento de efectivos para colaborar tras la DANA de Valencia. Los trabajadores y la oposición consideraron insuficiente el resultado. Estas cifras no permiten establecer por sí solas una relación directa con un incendio concreto, pero muestran la distancia entre la planificación y el trabajo finalmente realizado.

La situación de 2026 añade nuevos interrogantes: una huelga suspendida pero todavía abierta, menos integrantes en algunas brigadas, denuncias sobre las bases y otro colectivo que acumula más de tres años de conflicto por su categoría y su estabilidad.

Los incendios de los últimos días han vuelto a colocar a los bomberos forestales en el centro de la atención pública. Cuando se apaguen las llamas, permanecerán las cuestiones que originaron sus protestas: quién presta el servicio, con qué contrato, durante cuántos meses, con qué salario y con qué protección.

El fuego no empieza cuando aparece la primera llama. Tampoco debería empezar entonces el trabajo de quienes tienen que combatirlo.