La organización alerta de que el Acuerdo 135/2026 podría permitir la reapertura de la caza mayor en cuanto vuelva a crecer el pasto, pese a que la Ley de Montes establece una suspensión general de cinco años tras un incendio.
Los incendios forestales no terminan cuando se apagan las llamas. La destrucción de refugios, la escasez de alimento y la pérdida de zonas de reproducción mantienen a la fauna superviviente en una situación de especial vulnerabilidad durante meses e incluso años.
Ante los daños provocados por los grandes incendios del verano de 2026 en Castilla y León, AnimaNaturalis ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente y Energía que no autorice la reapertura anticipada de la actividad cinegética en los terrenos calcinados.
La organización se ha dirigido a la consejera María González Corral después de que la Junta aprobara el Acuerdo 135/2026, de 30 de julio, que programa las actuaciones destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios en Ávila, León y Segovia.
Caza mayor “de forma inmediata” tras la regeneración del pasto
El punto 29 del acuerdo autonómico contempla facilitar el aprovechamiento de especies de caza mayor en los terrenos afectados por el fuego. La medida establece que, una vez regenerado el pasto, podrá permitirse “de forma inmediata” el aprovechamiento ordinario previsto en los planes cinegéticos, independientemente de la naturaleza forestal de los terrenos.
La Junta justifica esta actuación por la prevención de posibles daños a la seguridad vial, la agricultura y la sanidad animal. AnimaNaturalis advierte, sin embargo, de que la recuperación del pasto no demuestra por sí misma que el ecosistema y las poblaciones de animales se hayan recuperado.
“Que vuelva a crecer el pasto no significa que el monte haya recuperado su equilibrio. Los refugios siguen destruidos, muchas poblaciones de fauna aún no se han recuperado y las consecuencias del incendio pueden prolongarse durante años”.
La organización considera que permitir la caza demasiado pronto supondría añadir una nueva presión sobre animales que pueden encontrarse heridos, desplazados, separados de sus crías o sin lugares donde refugiarse.
Una suspensión general de cinco años
El artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León establece que los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en terrenos afectados por un incendio quedan suspendidos automáticamente y sin derecho a compensación durante cinco años.
La normativa permite levantar esa suspensión de manera excepcional, pero exige que la Consejería competente acredite que el aprovechamiento es compatible con la regeneración del monte, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre.
La posición de AnimaNaturalis: la aparición de una nueva cubierta vegetal no constituye por sí sola una justificación técnica suficiente para recuperar automáticamente la actividad cinegética.
La entidad reclama que cualquier autorización sea individualizada, esté respaldada por informes técnicos rigurosos y pueda ser consultada por la ciudadanía y las organizaciones ambientales.
“Pedimos a la Junta que respete esta protección legal y no convierta una vía excepcional en un atajo para adelantar la actividad cinegética”.
El precedente de los incendios de León
La preocupación de AnimaNaturalis se produce después de otras decisiones adoptadas por la Administración autonómica. En febrero de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León levantó la suspensión cinegética en terrenos afectados por los grandes incendios del verano de 2025.
La autorización permitió recuperar la caza mayor a partir del 1 de abril de 2026, aproximadamente siete meses después de unos incendios que quemaron alrededor de 135.000 hectáreas en la provincia. La medida afectó a 107 cotos y a la Reserva Regional de Caza de Riaño.
SEO/BirdLife presentó un recurso de alzada contra aquella resolución al considerar que no incluía la evaluación ambiental ni la acreditación técnica necesarias. Ecologistas en Acción también anunció su intención de impugnar las autorizaciones relacionadas con la caza y el pastoreo en los montes afectados.
Otro precedente se produjo en diciembre de 2022, cuando la Junta levantó la suspensión de la caza mayor en 71 cotos de ocho municipios zamoranos afectados por los incendios de aquel verano.
Más de 72.500 hectáreas quemadas en 2026
Según los perímetros registrados por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales y citados por AnimaNaturalis, durante 2026 se han quemado más de 72.500 hectáreas en Castilla y León.
El propio Acuerdo 135/2026 reconoce el carácter “extraordinario y excepcional” de los daños sufridos por la comunidad. Además de facilitar el aprovechamiento cinegético, el documento contempla ayudas a los cotos afectados en más del 50 % de su superficie para compensar las tasas correspondientes a la temporada 2026-2027.
AnimaNaturalis sostiene que, ante la magnitud de los incendios, la prioridad debe ser la recuperación de los hábitats y de los animales supervivientes. La entidad ha anunciado que estudiará cada autorización que pueda aprobar la Junta y que recurrirá a las vías legales si considera que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Montes.
Una carta dirigida a la consejera
La organización ha lanzado una campaña ciudadana para enviar una carta abierta a María González Corral. El texto solicita que no se autorice ninguna reapertura cinegética sin una resolución motivada, individualizada y respaldada por informes que acrediten su compatibilidad con la recuperación del ecosistema.
La carta reclama igualmente transparencia sobre las resoluciones que puedan adoptarse y pide evitar que el punto 29 del acuerdo autonómico se convierta en un mecanismo automático para reducir los cinco años de suspensión previstos por la ley.
AnimaNaturalis pide que la recuperación de la fauna prevalezca sobre la reapertura anticipada de la caza.
Consultar la campaña de AnimaNaturalisAnimaNaturalis, organización presente en España y Latinoamérica desde 2003, asegura que mantendrá la vigilancia sobre las decisiones de la Junta y ejercerá las acciones legales que considere necesarias para defender a la fauna afectada por los incendios.
