La organización relaciona el procedimiento judicial contra la alcaldesa Judith Piquet por la presunta filtración de un informe policial con el señalamiento sufrido por la población migrante acogida en el centro. La regidora niega haber accedido al documento y ha anunciado que recurrirá el auto.
La Asamblea de la Juventud Trabajadora de Alcalá de Henares ha denunciado la existencia de una campaña de criminalización contra las personas migrantes alojadas en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), instalado desde 2023 en el acuartelamiento Primo de Rivera.
En una publicación difundida a través de Instagram, el colectivo sitúa el reciente avance de la causa judicial contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, dentro de un contexto más amplio de discursos políticos, informaciones falsas y movilizaciones de carácter racista alrededor del centro.
Un procedimiento judicial por la difusión de un informe policial
El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha acordado continuar por el procedimiento abreviado la investigación contra Judith Piquet y el responsable de Comunicación municipal, Raúl Castillo.
El auto aprecia indicios de un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, aunque todavía no existe ninguna condena y debe respetarse la presunción de inocencia de las personas investigadas.
La causa se remonta a enero de 2024, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó durante una rueda de prensa que se habían producido reyertas, un brote de sarna y agresiones sexuales relacionadas con las personas alojadas en el CAED.
La Delegación del Gobierno respondió entonces que no existía ninguna investigación por agresión sexual vinculada con residentes del centro. Posteriormente, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó en su cuenta de X una fotografía de un informe interno de la Policía Local para tratar de respaldar las declaraciones de Ayuso.
El documento hacía referencia a denuncias investigadas en Alcalá de Henares, pero no establecía que los posibles responsables fueran residentes del CAED.
Según la resolución judicial, la fotografía habría sido tomada por Piquet o por el responsable de Comunicación del Ayuntamiento y remitida posteriormente a Serrano. La investigación considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.
Piquet sostiene que nunca tuvo acceso al documento policial y ha anunciado que recurrirá la resolución cuando le sea notificada formalmente. La alcaldesa considera que el auto presenta falta de motivación y ha asegurado que mantendrá su posición respecto a la política migratoria del Gobierno central.
La Asamblea señala una utilización política de la inseguridad
Para la Asamblea de la Juventud Trabajadora, el procedimiento judicial no puede separarse de la campaña política desarrollada desde la llegada de las primeras personas migrantes al acuartelamiento Primo de Rivera.
El colectivo acusa al Gobierno municipal de PP y Vox y a diferentes organizaciones de extrema derecha de haber relacionado reiteradamente inmigración y delincuencia, extendiendo la responsabilidad individual de determinados delitos al conjunto de los residentes del centro.
La publicación recuerda, entre otros episodios, la desinformación difundida después del asesinato de un taxista en Alcalá de Henares en octubre de 2024. Numerosos mensajes aseguraron que el presunto autor era un joven marroquí o un menor extranjero no acompañado.
La Policía Nacional confirmó posteriormente que el detenido era un menor de 16 años y nacionalidad española
La Asamblea también se refiere a la agresión sexual sufrida por una joven en junio de 2025. En aquel caso, el detenido sí estaba alojado en el CAED. Durante las semanas siguientes se sucedieron manifestaciones frente al centro, algunas protagonizadas por organizaciones ultranacionalistas.
En esas movilizaciones se registraron altercados, pintadas racistas y consignas xenófobas. En una de las concentraciones celebradas en julio de 2025 se realizaron saludos fascistas y se gritaron consignas nazis.
También aparecieron una esvástica y mensajes racistas en los alrededores del centro. La organización juvenil sostiene que la condena de cualquier agresión sexual debe ser compatible con el rechazo a la atribución de responsabilidades colectivas por razones de origen o nacionalidad.
La responsabilidad por un delito es individual. La nacionalidad o el origen de una persona no pueden utilizarse para criminalizar a toda una comunidad.
La Asamblea acusa además a determinados sectores de la extrema derecha de instrumentalizar estos delitos para impulsar sus propuestas de “reemigración” y generar un clima de hostilidad contra la población migrante.
Las condiciones de vida dentro del CAED
La Asamblea asegura que la atención mediática y política se ha concentrado en relacionar el centro con la inseguridad, mientras quedan en segundo plano las condiciones que soportan sus residentes.
El colectivo denuncia hacinamiento, deficiencias en la alimentación, falta de atención sanitaria y ausencia de alternativas habitacionales cuando finaliza la estancia temporal. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia realizada por la organización y no han sido objeto de una evaluación pública independiente en su totalidad.
La publicación recuerda también la muerte de Diallo Sissoko, un joven maliense de 21 años —y no de 27, como aparece en el carrusel— que falleció en octubre de 2024 después de sufrir durante varios días dolores en el pecho y en una pierna.
Sissoko fue trasladado al Hospital Universitario Príncipe de Asturias y regresó al centro con un diagnóstico de infección respiratoria y tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios. Días después sufrió una parada cardiorrespiratoria.
Las primeras informaciones apuntaron a una posible embolia pulmonar no detectada, aunque no se hizo público un resultado definitivo de la autopsia.
Con su publicación, la Asamblea de la Juventud Trabajadora reclama que el avance de la causa judicial contra Judith Piquet sirva también para revisar el tratamiento político y mediático recibido por los residentes del CAED.
El colectivo pide que los delitos sean abordados desde la responsabilidad individual y que la nacionalidad o el origen de una persona no se utilicen para criminalizar a toda una comunidad.
Imagen: Asamblea de la Juventud Trabajadora de Alcalá de Henares / Instagram.
