IU Madrid exige responsabilidades por la compra de un ático de 6,3 millones de euros en Chamberí y reclama conocer quién autorizó la operación, qué alternativas se estudiaron y cuánto ha costado a las arcas públicas. La formación propone reforzar los controles sobre las adquisiciones inmobiliarias destinadas a usos institucionales.
IU Madrid reclama que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso explique la cadena de decisiones que condujo a la compra, a través de una empresa pública de la Comunidad, de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros. La organización considera que la posterior decisión de ponerlo a la venta no resuelve las preguntas sobre la necesidad del gasto ni sobre las responsabilidades de quienes lo autorizaron.
En un comunicado difundido este 18 de septiembre, la formación exige conocer quién encargó la búsqueda del inmueble, por qué se eligió ese ático, qué otros espacios se valoraron y qué uso se preveía darle.
«No queremos que nos cuenten únicamente que la compra era legal. Queremos saber si era necesaria, por qué se eligió ese inmueble y quién decidió gastar 6,3 millones. Porque el dinero público no es dinero del Gobierno: es dinero de todos».
Carolina Cordero, coordinadora regional de IU Madrid.
Las explicaciones sobre el uso del ático
La reclamación llega después de la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, celebrada el jueves 17 de septiembre en la Asamblea de Madrid, y del informe de Planifica Madrid al que hace referencia la organización.
Según recoge IU en su comunicado, el Ejecutivo regional reconoció que entre los usos previstos figuraba el «alojamiento ocasional» de autoridades de la Comunidad, además de su utilización como oficina temporal durante las obras de la Real Casa de Correos, la finalidad con la que inicialmente se había defendido la compra.
La formación sostiene que el informe de Planifica Madrid no aclara quién ordenó adquirir el ático ni por qué se eligió ese inmueble. Asimismo, señala que un informe interno de la Intervención había advertido de carencias en la justificación de la necesidad, la idoneidad y el coste de la operación.
Para IU, estas cuestiones obligan a reconstruir todo el proceso: desde el encargo de buscar un inmueble hasta la autorización de la compra y la posterior decisión de ponerlo a la venta.
«Mientras la gente normal se preocupa por cómo pagar el alquiler, la compra, la luz o llenar la nevera, el Gobierno de Ayuso se permite gastar 6,3 millones de euros de dinero público en un ático de lujo y después decir que ya no lo necesita y que lo va a vender. Esto no va de la vida privada de Ayuso: va de qué hacen con nuestro dinero quienes gobiernan», sostiene Cordero.
La puesta a la venta no cierra las preguntas
IU rechaza que la decisión de vender permita dar por cerrada la operación. Según su comunicado, la subasta quedó desierta, por lo que la puesta en venta no equivale a una transmisión ya completada ni permite determinar el balance económico final.
«Vender el ático no borra cómo se compró. No borra quién lo decidió. No borra qué alternativas había. Y no borra lo que haya costado toda la operación».
La organización reclama que la Comunidad publique la documentación que permita seguir cada decisión y elabore un informe de cierre con el coste total de la operación, el uso efectivo del inmueble y las razones por las que dejó de considerarse necesario. También pide que se determinen las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan.
El importe de adquisición, por sí solo, no permite establecer el coste final para las arcas públicas: esa es precisamente una de las cuestiones que IU exige esclarecer.
Un protocolo para justificar las compras antes de gastar
Además de pedir explicaciones sobre este caso, IU Madrid propone aprobar un protocolo específico para las adquisiciones inmobiliarias de elevado importe destinadas a usos institucionales o vinculadas a altos cargos.
La propuesta plantea que, antes de autorizar el desembolso, se justifiquen y documenten los siguientes aspectos:
- La necesidad concreta de la compra.
- El uso previsto del inmueble y durante cuánto tiempo se utilizará.
- Las alternativas existentes en el patrimonio público.
- La diferencia de coste entre comprar, alquilar o utilizar espacios disponibles.
- Una valoración independiente del inmueble.
- La identidad de quienes autorizan la operación y de los responsables políticos y administrativos que intervienen.
- La publicación de los informes que justifican la decisión.
La formación plantea, además, que la venta anticipada de un inmueble adquirido para una finalidad institucional active automáticamente un procedimiento de rendición de cuentas. Este debería explicar qué circunstancias han cambiado, cuánto ha costado la operación y quién tomó las decisiones.
«Queremos cambiar las reglas porque esto no puede volver a pasar. Primero se demuestra que hace falta, después se estudian las alternativas y finalmente se gasta. No al revés», defiende Cordero.
Responsabilidades en Presidencia y comparecencias en la Asamblea
IU reclama que Ayuso asuma directamente las explicaciones políticas por tratarse de una operación vinculada a la Presidencia regional. También solicita que se identifique públicamente a quienes participaron en la decisión y que comparezcan ante la Asamblea los responsables de Planifica Madrid que intervinieron.
«La cuestión no es si alguien habla de su vida privada. La cuestión es qué hace su Gobierno con el dinero de los madrileños», afirma la coordinadora.
La exigencia de IU reúne así dos demandas: esclarecer por qué se autorizó esta compra y establecer controles que obliguen a justificar futuras operaciones antes de comprometer recursos públicos.
«No queremos que esto termine con un ático vendido y una rueda de prensa más. Queremos saber quién tomó las decisiones y queremos que quienes las tomaron respondan por ellas».
Fuente: comunicado de IU Madrid del 18 de septiembre de 2026 facilitado a esta redacción. Las referencias a la comparecencia y a los informes de Planifica Madrid e Intervención proceden de dicho comunicado.
