26 y 27‑S: la rabia por la vivienda y la educación tomó las calles de Madrid

Foto portada: Jaime Posada

Opinión

El desahucio de Maricarmen encendió la protesta por la vivienda y la acampada de Sol la prolongó. Al día siguiente, docentes, estudiantes y familias marcharon en defensa de la educación pública. Dos movilizaciones distintas, un mismo malestar ante derechos y servicios esenciales cada vez más debilitados.

Madrid vivió este fin de semana dos jornadas consecutivas de movilización. El sábado 26 de septiembre, la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas bajo el lema «Ni una Maricarmen más» recorrió el centro de la ciudad desde la Puerta del Sol, pasó por Cibeles y continuó hasta el Congreso de los Diputados. Al terminar, parte de quienes habían participado regresó a Sol para acampar y mantener viva la protesta.

Este domingo 27, las calles volvieron a llenarse, esta vez en defensa de la educación pública. La manifestación educativa partió de Atocha y avanzó hasta la acampada instalada en Sol, con la mirada puesta en la huelga indefinida prevista a partir del 14 de octubre. La marcha reunió a docentes, estudiantes, familias, sindicatos y colectivos educativos bajo una reivindicación común: más recursos y mejores condiciones para garantizar una educación pública de calidad.

Las cifras de asistencia a la marcha por la vivienda del sábado muestran la distancia entre las estimaciones: la organización habló de más de 300.000 personas y la Delegación del Gobierno cifró la participación en 25.000. Para la manifestación educativa de hoy, las informaciones publicadas recogen estimaciones de entre 10.000 y 20.000 asistentes. Las cifras varían según las fuentes, pero las dos jornadas dejaron una imagen difícil de ignorar: miles de personas salieron a la calle para exigir respuestas sobre asuntos centrales de la vida cotidiana.

La movilización del sábado tuvo un detonante concreto: el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que había vivido durante décadas en su casa de alquiler en el barrio madrileño de Retiro. La propiedad exigía una renta que ella no podía asumir y terminó perdiendo la vivienda en la que había pasado buena parte de su vida. Su caso movilizó a vecinos, activistas y personas de distintos puntos del país.

Pero el 26‑S no se explica solo por una historia individual. La vida de Maricarmen se convirtió en símbolo porque muchas personas vieron en ella una posibilidad demasiado cercana: que una subida del alquiler, el fin de un contrato o la venta de un edificio a un nuevo propietario pueda obligarlas a abandonar su casa y su barrio. Su desahucio hizo visible una realidad que ya estaba ahí: vivir de alquiler se ha convertido para muchas familias en una situación de inseguridad permanente.

De un desahucio a una denuncia colectiva

Una columna de opinión debe detenerse en lo que ese caso revela. No basta con conmoverse ante una mujer mayor que pierde su hogar; hay que preguntarse qué permite que ocurra y qué respuestas se ofrecen para impedir que vuelva a pasar.

Cuando el acceso a la vivienda queda sometido a la rentabilidad que esperan los propietarios y los fondos de inversión, la estabilidad de quienes viven de alquiler se vuelve frágil. La casa deja de ser únicamente el lugar donde se vive y pasa a ser, para quienes la poseen como activo, una oportunidad de obtener más ingresos. En esa relación desigual, las personas arrendatarias tienen poca capacidad para decidir y demasiadas razones para temer lo que puede ocurrir al acabar el contrato.

Por eso, la consigna «Ni una Maricarmen más» fue más que un gesto de solidaridad. Expresó una exigencia política: que el derecho a permanecer en una vivienda digna no dependa de la buena voluntad de un propietario, de una colecta solidaria o de que el caso llegue a ocupar titulares. La solidaridad puede acompañar a una persona y aliviar una situación; no sustituye a las garantías públicas que deberían proteger a quienes están en riesgo de perder su hogar.

La manifestación también dirigió sus críticas a las administraciones. El Sindicato de Inquilinas reclamó, entre otras medidas, que los arrendadores deban justificar la decisión de no renovar un contrato y que haya consecuencias si no existe una causa válida. Más allá de esa propuesta concreta, el mensaje que recorrió Madrid fue claro: las instituciones no pueden limitarse a reconocer que existe una emergencia mientras miles de personas siguen expuestas a alquileres inasumibles y desahucios.

Sol volvió a ser un lugar de protesta

La manifestación no acabó cuando la marcha llegó a su destino. Parte de quienes participaron volvió a la Puerta del Sol y decidió quedarse. Durante la noche del sábado, cientos de personas acamparon en la plaza. El Sindicato de Inquilinas hizo un llamamiento a sumarse y organizó allí un punto de información, mientras los participantes reunían comida, agua y material para pasar la noche.

Manifestación por el derecho a la vivienda del 26 de septiembre en Madrid

La acampada convirtió el final de la marcha en una continuación de la protesta. Ya no se trataba solo de caminar, corear consignas y regresar a casa: quienes permanecieron en Sol quisieron sostener una presencia colectiva y exigir que el problema no desapareciera de la agenda al día siguiente. La plaza dejó de ser un lugar de paso y se transformó, de nuevo, en un espacio para reunirse, organizarse y hacer visible un conflicto.

La referencia al 15‑M es difícil de evitar. Sol conserva la memoria de aquella acampada y de una generación que ocupó la plaza para denunciar que las instituciones no estaban respondiendo a sus necesidades. El contexto es distinto y la protesta del 26‑S tiene sus propias demandas. Pero el gesto de quedarse contiene una idea que enlaza ambos momentos: cuando los cauces habituales no ofrecen respuestas suficientes, la ciudadanía ocupa el espacio público para hacerse escuchar.

La acampada no resuelve por sí sola el problema de la vivienda. Su valor está en mantener la presión, reunir a personas afectadas y convertir una experiencia privada —el miedo a perder la casa— en una causa compartida. También recuerda que detrás de cada desahucio hay decisiones políticas, contratos, precios y relaciones de poder que pueden discutirse y cambiarse.

La larga lucha de las escuelas infantiles

La rabia que se expresó en las calles este fin de semana no nació de un único conflicto. Madrid lleva meses viendo cómo trabajadoras, familias y colectivos salen a reclamar respuestas ante problemas que afectan a la vida cotidiana. Una de esas luchas es la de las educadoras de las escuelas infantiles, especialmente las del primer ciclo, de cero a tres años.

La huelga indefinida de las trabajadoras madrileñas comenzó el 7 de abril. Desde entonces, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), junto a trabajadoras y organizaciones sindicales, ha sostenido una movilización prolongada para reclamar salarios dignos, reducción de las ratios, más recursos y mejores condiciones laborales. También exige que el trabajo educativo de esta etapa reciba el reconocimiento que merece.

No se trata de una reivindicación menor ni de un conflicto que afecte solo a las plantillas. Las condiciones en que trabajan las educadoras influyen directamente en la atención que reciben niñas y niños pequeños y en el apoyo que tienen sus familias. Cuando una profesional debe atender a demasiados menores, con recursos insuficientes y un salario que apenas permite llegar a fin de mes, el problema no puede reducirse a una disputa laboral: afecta a la calidad y a la dignidad de una etapa educativa fundamental.

Las trabajadoras han denunciado salarios próximos al mínimo, diferencias retributivas entre profesionales que realizan funciones similares y aulas con ratios que consideran excesivas. Sus demandas incluyen, además, la implantación de la llamada pareja educativa, es decir, que haya más de una profesional en el aula para poder atender adecuadamente a los niños y niñas. También reclaman mejores instalaciones y que la educación de cero a tres años sea reconocida como una etapa educativa, no como un servicio asistencial de segunda categoría.

Protesta de trabajadoras de escuelas infantiles por mejores condiciones y recursos

La duración de la huelga habla del desgaste, pero también de la determinación de un colectivo que ha mantenido la protesta durante meses. La movilización ha sumado apoyos de las familias: en junio, representantes de estas entregaron 20.000 firmas a la Consejería de Educación para respaldar a las educadoras y reclamar una respuesta. Ese apoyo mostró que el conflicto no enfrenta a trabajadoras y familias; ambas comparten la preocupación por unas condiciones que repercuten en el día a día de las escuelas.

Las escuelas infantiles hacen visible una contradicción: se habla de conciliación, de apoyo a las familias y de la importancia de la infancia, pero quienes sostienen buena parte de ese trabajo denuncian precariedad y falta de recursos. La vocación no puede servir como excusa para pagar salarios insuficientes ni para normalizar aulas sobrecargadas. Educar y cuidar en los primeros años exige profesionales reconocidas, plantillas suficientes y centros en condiciones adecuadas.

27‑S: docentes, estudiantes y familias por la educación pública

La jornada de hoy, domingo 27, añadió otro capítulo a un fin de semana de movilización. La manifestación educativa recorrió Madrid desde Atocha hasta Sol y reunió a docentes, estudiantes, familias y organizaciones del sector. La marcha se celebró bajo el lema «Docentes en huelga: la pública no puede esperar», en vísperas de un conflicto que amenaza con prolongarse durante el otoño.

Las organizaciones convocantes reclaman una reducción de las horas lectivas, menos alumnado por aula, más recursos para atender la diversidad y una mejora de las condiciones salariales del profesorado. También plantean medidas para reforzar las plantillas y mejorar las condiciones en las que se imparte la enseñanza. La reivindicación de fondo es que la educación pública cuente con recursos suficientes para atender a todo el alumnado y no dependa del esfuerzo extraordinario de docentes y familias.

La manifestación de este domingo mira además al 14 de octubre, fecha prevista para el inicio de una huelga indefinida en la educación pública no universitaria madrileña. Los sindicatos y colectivos educativos han advertido de que el conflicto puede evitarse si la Comunidad de Madrid abre una negociación real y atiende las demandas del sector. La marcha de hoy ha sido, por tanto, una demostración de fuerza y también un aviso antes de una posible escalada de las movilizaciones.

La defensa de la educación pública conecta con la larga lucha de las escuelas infantiles, aunque cada conflicto tenga sus propias organizaciones y reivindicaciones. En ambos casos, trabajadoras y familias reclaman que la educación se trate como un derecho que necesita inversión, personal suficiente y condiciones dignas. Las aulas de cero a tres años forman parte de esa misma conversación: cuidar y educar a la infancia requiere políticas públicas sostenidas, no precariedad y abandono.

Distintas luchas, un malestar que se cruza

La movilización por la vivienda, la manifestación educativa y la huelga de las escuelas infantiles son luchas distintas. El 26‑S fue convocado por el Sindicato de Inquilinas para denunciar el desahucio de Maricarmen y reclamar medidas frente a la crisis habitacional. La huelga del 0‑3 responde a las condiciones laborales y educativas de las trabajadoras. La marcha de hoy reúne a la comunidad educativa en torno a la defensa de la enseñanza pública y a sus propias demandas.

No conviene presentarlas como una misma convocatoria ni atribuir a unas organizaciones las reivindicaciones de otras. Pero sí es posible ver el hilo que las conecta: la sensación de que las necesidades básicas de la mayoría quedan relegadas. Una casa donde vivir, una escuela infantil con condiciones dignas, una educación pública con recursos suficientes y empleos que permitan vivir con estabilidad no son aspiraciones extraordinarias. Son derechos y servicios esenciales.

Cuando esos derechos se deterioran, el malestar se extiende y encuentra formas de organización colectiva. El Sindicato de Inquilinas, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Menos Lectivas y otros colectivos trabajan desde frentes distintos, pero comparten la tarea de convertir problemas vividos en soledad en reivindicaciones públicas. Esa organización es la que permite sostener la protesta más allá de una jornada y presionar para que las administraciones respondan.

La indignación necesita continuidad

El 26‑S y el 27‑S dejaron imágenes poderosas: una plaza llena, una acampada que prolongó la protesta por la vivienda y una marcha educativa que llevó a docentes, estudiantes y familias hasta Sol. Pero la fuerza de una movilización no se mide solo por la asistencia ni por la repercusión de una jornada. También se mide por lo que ocurre después: si las demandas siguen presentes, si las organizaciones pueden sostener la presión y si las instituciones se ven obligadas a dar respuestas concretas.

La lucha de las escuelas infantiles ofrece una lección en ese sentido. Mantener una huelga durante meses exige organización, apoyo mutuo y capacidad para volver a explicar por qué se protesta incluso cuando la noticia deja de ocupar titulares. La persistencia de las educadoras muestra que los derechos laborales y la calidad educativa no se defienden con gestos simbólicos, sino con recursos, negociación y decisiones políticas.

Lo mismo ocurre con la vivienda y con el conjunto de la educación pública. El respaldo a Maricarmen fue imprescindible, pero no puede convertirse en una respuesta excepcional a una tragedia concreta. La pregunta de fondo sigue abierta: qué cambios evitarán que otras personas tengan que enfrentarse al mismo miedo y qué medidas garantizarán que las escuelas puedan atender con dignidad a quienes dependen de ellas.

El 26‑S y el 27‑S fueron más que dos jornadas de protesta: fueron una advertencia. La movilización por Maricarmen puso rostro a la crisis de la vivienda; la acampada en Sol prolongó la exigencia; y la marcha educativa de hoy recordó que el deterioro de los servicios públicos también se acumula en las aulas y en los centros de trabajo. Ahora falta que esa rabia organizada se traduzca en respuestas duraderas. Mientras la vivienda sea un negocio antes que un derecho y quienes cuidan y educan sigan reclamando condiciones dignas, habrá motivos para volver a las calles.

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