El Gobierno municipal del Partido Popular en Torrejón de Ardoz ha decidido mantener su apuesta por la gestión privada del Centro de Protección Animal (CPA). Según ha denunciado el PSOE de Torrejón este jueves 15 de octubre, el Ejecutivo encabezado por Alejandro Navarro ha optado por prorrogar durante 2027 el contrato de ARAT Veterinarios Torrelodones S. L., la empresa que sustituyó a la asociación protectora HOOPE tras doce años al frente del servicio.
La decisión supone prolongar un modelo de gestión que provocó una importante contestación ciudadana cuando se anunció la salida de HOOPE. La protectora, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al bienestar animal, había desarrollado durante más de una década labores de recogida, acogida, atención veterinaria y promoción de adopciones de animales abandonados en el municipio.
La prórroga prevista para 2027 mantiene las condiciones del contrato adjudicado en marzo de 2026, cuya duración inicial se extiende hasta el 31 de diciembre de este año y contempla la posibilidad de renovaciones anuales. Para los socialistas, esta decisión demuestra que el Gobierno local no tiene intención de reconsiderar el cambio de modelo, pese a las movilizaciones y las críticas que acompañaron la salida de la asociación.
Una decisión que provocó protestas vecinales
La adjudicación del Centro de Protección Animal a ARAT no estuvo exenta de polémica. La salida de HOOPE desencadenó movilizaciones ciudadanas y llevó el conflicto hasta el Pleno municipal, donde numerosos vecinos mostraron su rechazo a la decisión del Ayuntamiento.
El PSOE recuerda que solicitó al alcalde que reconsiderase la adjudicación y facilitase la continuidad de la protectora. Sin embargo, el Gobierno municipal mantuvo el resultado del concurso público y defendió la legalidad del procedimiento.
Según la versión trasladada por los socialistas, durante aquella controversia el alcalde reconoció que se trataba de una decisión controvertida, pero argumentó que no podía revertirse porque la empresa había ganado la licitación. La posibilidad de revisar el modelo cuando terminase el primer año de contrato quedaba, por tanto, abierta.
Ahora, con la prórroga planteada para 2027, el Ayuntamiento opta por mantener a la empresa adjudicataria en lugar de iniciar un nuevo procedimiento que permita estudiar otras fórmulas de gestión.
HOOPE denunció retrasos en los pagos y falta de financiación
El conflicto entre la protectora y el Ayuntamiento no comenzó con la adjudicación a ARAT. Durante los meses anteriores, HOOPE había denunciado problemas económicos relacionados con la prestación del servicio municipal, entre ellos retrasos en el abono de facturas y una financiación que consideraba insuficiente para atender adecuadamente sus obligaciones.
Según recoge la nota de prensa del PSOE, la asociación advirtió de que aquellas circunstancias comprometían la continuidad del servicio en las condiciones existentes. La entidad también cuestionó los requisitos de la nueva licitación, al considerar que dificultaban la concurrencia de asociaciones protectoras sin ánimo de lucro.
Los socialistas sostienen que la sustitución de HOOPE fue una respuesta política a las críticas públicas de la protectora contra la gestión del Ayuntamiento. Se trata de una acusación del grupo municipal de la oposición, no de un hecho acreditado de forma independiente.
Por su parte, el Ayuntamiento defendió en marzo que HOOPE había comunicado su decisión de no continuar con el contrato y que la convocatoria de una nueva licitación era necesaria para garantizar la continuidad del servicio. El Gobierno local también argumentó que la contratación pública debía respetar los principios de libre concurrencia.
Esta diferencia de versiones refleja el fondo de una controversia que va más allá de la adjudicación de un contrato: las condiciones económicas del servicio, la participación de las entidades protectoras y el modelo elegido para gestionar un centro público de protección animal.
Javier Castillo acusa al alcalde de castigar las críticas
El portavoz del PSOE de Torrejón de Ardoz, Javier Castillo, ha criticado duramente la decisión de prolongar el contrato de ARAT y considera que el Ayuntamiento ha desaprovechado la oportunidad de recuperar un modelo de gestión basado en la experiencia de HOOPE.
«Es lamentable que se pierda un modelo que era un orgullo para la ciudad», ha declarado Castillo, quien atribuye la salida de la protectora a una reacción del Gobierno municipal frente a sus críticas.
El portavoz socialista sostiene que el Ejecutivo de Navarro podía haber estudiado una nueva licitación y otras alternativas legales para favorecer la participación de entidades sin ánimo de lucro, siempre dentro de la normativa de contratación pública.
Castillo también subraya que la decisión de prorrogar el contrato correspondía al Ayuntamiento y que, por tanto, el Gobierno municipal tenía margen para reconsiderar su posición.
Para el PSOE, la continuidad de ARAT no es simplemente una cuestión administrativa, sino una decisión política que consolida la apuesta del PP por mantener la gestión del centro en manos de una sociedad mercantil.
Un servicio público cuya gestión sigue en disputa
El Centro de Protección Animal de Torrejón de Ardoz continúa siendo un servicio de titularidad municipal, aunque su gestión está encomendada a una empresa privada. Sus funciones incluyen la recogida y atención de animales abandonados o extraviados, su alojamiento temporal, la asistencia veterinaria, las adopciones y el control de colonias felinas.
El debate surgido tras la salida de HOOPE enfrenta distintas concepciones sobre cómo debe prestarse este servicio. Mientras el Gobierno municipal defiende la adjudicación a través de un procedimiento de contratación pública, la oposición socialista reclama recuperar la participación de asociaciones protectoras y garantizar una financiación suficiente.
La propia HOOPE ha destacado públicamente su trayectoria en el centro y el trabajo desarrollado durante años en favor de los animales abandonados. Su salida puso fin a una etapa prolongada de colaboración con el Ayuntamiento y abrió un conflicto que continúa teniendo repercusiones políticas.
La prórroga prevista para 2027 vuelve a situar el futuro del CPA en el centro de la actualidad municipal. La cuestión ya no es únicamente quién gestiona las instalaciones, sino qué condiciones económicas, mecanismos de supervisión y garantías de bienestar animal deben acompañar a la prestación de este servicio público.
Por el momento, el PSOE ha dejado clara su oposición a la continuidad del contrato y mantiene su defensa de un modelo en el que las asociaciones protectoras puedan desempeñar un papel fundamental. El Gobierno de Alejandro Navarro, por su parte, mantiene la gestión indirecta del centro a través de ARAT.
