Más Madrid Alcalá ha identificado 280 alojamientos turísticos que, según su investigación, presentan incumplimientos de la normativa aplicable. La formación denuncia que esta actividad ha crecido un 53% desde 2023 y reclama inspecciones y límites municipales. El Gobierno local de PP y Vox rechazó en el Pleno del 20 de octubre la moción presentada por el grupo de la oposición.
La expansión del alojamiento turístico y sus consecuencias sobre el acceso a la vivienda han llegado al centro de la política municipal de Alcalá de Henares. Más Madrid ha presentado los resultados de una investigación que contabiliza 280 alojamientos destinados a estancias turísticas, entre viviendas completas y habitaciones, y advierte de posibles irregularidades administrativas.
El informe de la formación identifica 216 viviendas completas y 64 habitaciones anunciadas para uso turístico. Según sus conclusiones, ninguna de las unidades examinadas reúne todos los requisitos que considera exigibles, aunque no consta una verificación administrativa individualizada de las supuestas infracciones.
La denuncia ha desembocado en un enfrentamiento político con el Gobierno encabezado por la alcaldesa Judith Piquet. Más Madrid reclama un programa de inspecciones, sanciones cuando procedan y restricciones a la apertura de nuevos alojamientos. PP y Vox rechazaron la moción en el Pleno municipal del 20 de octubre, según la información facilitada por la formación y recogida por medios locales.
Un crecimiento del 53% en tres años que se concentra en el centro histórico
El informe elaborado por Más Madrid Alcalá sostiene que los alojamientos turísticos han aumentado un 53% entre 2023 y 2026. La mayor concentración se localiza en el Casco Histórico, aunque la actividad también se extiende hacia otras áreas de la ciudad, especialmente los distritos II y V.
Para realizar el estudio, el grupo municipal afirma haber cruzado información obtenida de la Comunidad de Madrid, anuncios publicados en plataformas digitales y comprobaciones realizadas sobre el terreno, entre ellas la presencia de placas identificativas en los accesos a los inmuebles.
Este procedimiento aporta información sobre la distribución de los alojamientos y permite detectar posibles incumplimientos, pero también presenta limitaciones. La ausencia de una placa o las diferencias entre un anuncio y un registro administrativo no permiten, por sí solas, determinar todas las circunstancias jurídicas de un inmueble. La clasificación de cada actividad y la eventual existencia de infracciones requieren comprobaciones adicionales.
La propia información difundida por Más Madrid ha experimentado pequeñas modificaciones. En una entrevista publicada por SER Henares el 13 de octubre se hablaba de 215 pisos completos, frente a los 216 recogidos en la nota del día 21. También varía el porcentaje atribuido a operadores con varios anuncios. La formación no explica en el comunicado las razones de esas diferencias.
El 72,2% de los anuncios, bajo operadores con varias propiedades o intermediarios
Una de las principales conclusiones del estudio afecta a la estructura del mercado. Más Madrid sostiene que el 72,2% de los alojamientos turísticos analizados está gestionado por multiarrendadores o empresas intermediarias, mientras que el 27,8% corresponde a anunciantes con una única oferta.
El dato apunta a una actividad en la que tienen un peso relevante los operadores que gestionan más de un alojamiento. Sin embargo, conviene distinguir entre titularidad y comercialización: una empresa intermediaria puede gestionar una vivienda sin ser necesariamente su propietaria. Del mismo modo, disponer de varios anuncios no acredita por sí solo la propiedad de varios inmuebles.
La presencia de estos operadores introduce una cuestión relevante para la política de vivienda: hasta qué punto una parte del parque inmobiliario se destina a actividades de alojamiento temporal en lugar de incorporarse al alquiler habitual.
La portavoz de Más Madrid Alcalá, Rosa Romero, ha relacionado directamente ambas cuestiones. Según los datos aportados por su formación, en octubre había 280 anuncios de alojamientos turísticos frente a 66 viviendas disponibles para alquiler residencial en Idealista.
“Si los 216 pisos turísticos completos pasasen al mercado residencial se podría dar techo a cerca de 1.000 vecinos y vecinas de Alcalá”, sostiene Rosa Romero.
La comparación describe el volumen de anuncios observado en determinadas plataformas, pero no equivale a un censo completo de la oferta inmobiliaria. Además, las 64 habitaciones incluidas en el recuento turístico no representan viviendas independientes que puedan sumarse directamente a las 216 unidades completas.
La posibilidad de alojar a cerca de 1.000 personas es una estimación de Más Madrid basada en la transformación hipotética de esos inmuebles en viviendas habituales. No supone que los propietarios fueran a incorporarlos automáticamente al alquiler residencial ni permite calcular cuánto descenderían los precios.
El alquiler se encarece un 67% desde 2019
La evolución del mercado residencial aporta otra dimensión al problema. De acuerdo con la serie histórica del portal Idealista, el precio anunciado del alquiler en Alcalá de Henares ha pasado de aproximadamente 8,5 euros por metro cuadrado en 2019 a 14,2 euros en septiembre de 2026.
La diferencia equivale a un incremento cercano al 67%. El dato de septiembre, último disponible en la serie consultada, confirma el nivel de precios utilizado en el informe de Más Madrid, aunque este lo atribuye a octubre.
Una vivienda de 80 metros cuadrados, tomando esos valores como referencia, habría pasado de un alquiler anunciado de unos 680 euros mensuales a 1.136 euros. Son 456 euros más al mes, sin tener en cuenta las diferencias entre inmuebles, barrios o características de los contratos.
Estos importes corresponden a precios de oferta, no necesariamente a las cantidades pactadas finalmente por los arrendatarios. Tampoco permiten atribuir el conjunto del encarecimiento al crecimiento de los alojamientos turísticos.
La subida de los alquileres responde a factores diversos, entre ellos la relación entre oferta y demanda residencial, la evolución de los ingresos, las condiciones del mercado inmobiliario y la disponibilidad de vivienda asequible. La expansión del alojamiento turístico puede reducir las viviendas destinadas al alquiler permanente cuando sustituye ese uso, pero determinar su impacto específico en Alcalá exigiría un análisis económico adicional.
En cualquier caso, el encarecimiento repercute especialmente sobre las personas que buscan su primera vivienda, los hogares con ingresos bajos y quienes necesitan trasladarse dentro del propio municipio.
La normativa permite limitar viviendas turísticas, pero exige justificar las restricciones
La regulación madrileña ha experimentado cambios recientes. El Decreto 27/2026, de 25 de marzo, modificó el Decreto 79/2014 que regula los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid.
Su artículo 17 ter, apartado 4, contempla que los ayuntamientos puedan establecer limitaciones proporcionadas al número máximo de viviendas turísticas por edificio, zona o sector, así como restricciones temporales, siempre que se justifiquen mediante criterios objetivos y razones de interés general.
Por tanto, el Ayuntamiento de Alcalá dispone de herramientas para estudiar restricciones urbanísticas, aunque su aprobación requeriría cumplir las condiciones legales y justificar su necesidad y proporcionalidad.
Existe, además, una diferencia jurídica importante entre alquilar una vivienda completa con finalidad turística y ofrecer habitaciones o determinadas estancias temporales. La propia Comunidad de Madrid señala que el alquiler de habitaciones y el alquiler de temporada no requieren la declaración responsable autonómica correspondiente a una vivienda de uso turístico.
Esta distinción obliga a examinar por separado las 64 habitaciones incluidas en el informe. No puede concluirse que todas sean irregulares exclusivamente por carecer de los requisitos exigidos a una vivienda turística completa.
Las comunidades de propietarios también pueden intervenir
Otra modificación normativa afecta a los edificios residenciales. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley de Propiedad Horizontal exige, con carácter general, la aprobación expresa de la comunidad de propietarios para iniciar una nueva actividad de alojamiento turístico en una vivienda sujeta a este régimen.
El acuerdo requiere una mayoría de tres quintas partes del total de propietarios que representen, a su vez, tres quintas partes de las cuotas de participación. La regulación contempla excepciones y disposiciones transitorias para actividades que ya se ejercían legalmente antes de su entrada en vigor.
Más Madrid propone campañas de información y asesoramiento a las comunidades vecinales para que conozcan estas facultades. La formación también reclama un observatorio municipal y un registro público que permitan controlar la evolución de los alojamientos y mejorar la coordinación entre administraciones.
Las competencias se reparten entre distintos niveles institucionales. La Comunidad de Madrid regula la actividad turística y gestiona las declaraciones responsables; los ayuntamientos intervienen dentro de sus atribuciones urbanísticas; y la legislación estatal establece otras obligaciones relacionadas con la propiedad horizontal y el registro de viajeros.
PP y Vox rechazan la propuesta municipal de Más Madrid
El conflicto político se concretó en el Pleno del 20 de octubre. Más Madrid presentó una moción con medidas para ordenar la actividad turística, reforzar las inspecciones y evitar que nuevas viviendas residenciales pasen a destinarse a estancias de corta duración.
Según la nota difundida por la formación, el Partido Popular y Vox votaron en contra de la iniciativa. La oposición reclama a la alcaldesa Judith Piquet que reconsidere esa posición y establezca un programa municipal específico.
Rosa Romero solicita inspecciones, sanciones y el cese de las actividades que incumplan la normativa. También plantea vigilar posibles desplazamientos de la oferta hacia contratos temporales utilizados indebidamente para eludir las reglas aplicables.
“Los pisos turísticos no son el origen del problema de la vivienda pero sí que lo aceleran”, sostiene la portavoz de Más Madrid Alcalá.
La documentación consultada no incorpora una explicación directa del Gobierno municipal sobre los motivos concretos de su voto contrario. Por ello, no cabe concluir que PP y Vox se opongan a cualquier actuación contra alojamientos ilegales, sino que rechazaron la propuesta específica presentada por Más Madrid.
También está pendiente conocer si el Ayuntamiento dispone de un balance actualizado de inspecciones, expedientes sancionadores o actuaciones urbanísticas relacionadas con alojamientos turísticos y cuál es su estrategia ante el incremento detectado.
Las inspecciones determinarán el alcance real de las irregularidades
El informe abre una cuestión que trasciende el enfrentamiento entre grupos municipales: cuántos de los alojamientos anunciados en Alcalá cumplen efectivamente la normativa y qué administraciones deben actuar cuando se detectan infracciones.
El resultado de una investigación política puede servir para impulsar actuaciones de control, pero la identificación de anuncios presuntamente irregulares no sustituye los procedimientos administrativos ni las garantías de sus titulares.
El debate afecta también a los residentes de los barrios con mayor concentración turística. El tránsito de visitantes puede generar actividad económica y demanda para comercios y servicios, pero también conflictos de convivencia cuando se producen ruidos, usos inadecuados de espacios comunes o sustitución de viviendas habituales. Su alcance concreto requiere datos sobre incidencias vecinales y denuncias.
En materia de seguridad, la legislación estatal obliga también a quienes prestan determinados servicios de hospedaje turístico a comunicar los datos exigidos por la normativa de registro de viajeros. Por tanto, no es correcto afirmar que los alojamientos turísticos estén exentos, de forma general, de las obligaciones de identificación de huéspedes.
El dato decisivo para evaluar la denuncia será conocer cuántas de las 216 viviendas completas identificadas por Más Madrid carecen efectivamente de alguno de los requisitos exigibles, cuántas son susceptibles de regularización y cuántas deben cesar su actividad.
Mientras esa información no esté disponible, Alcalá afronta dos realidades documentadas de distinta naturaleza: unos alquileres anunciados que rondan los 14,2 euros por metro cuadrado, según Idealista, y una denuncia política sobre 280 alojamientos cuya situación administrativa individual todavía no ha sido contrastada públicamente.
