Los artistas de hip hop Pedro Mo y Brenda Jah fueron detenidos el 19 de noviembre en operativos policiales realizados en Cusco y Lima. La Justicia peruana ha autorizado 15 días de detención preliminar en una investigación sobre presuntos vínculos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Organizaciones de derechos humanos, representantes políticos y profesionales de la cultura cuestionan las intervenciones y reclaman garantías judiciales. Expertos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por la criminalización de la actividad cultural y social en Perú.
La detención de dos artistas vinculados al hip hop reivindicativo ha provocado protestas y pronunciamientos en Perú. El rapero Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo, y la cantante Brenda Denisse Mejía Sinarahua, Brenda Jah, fueron arrestados el jueves 19 de noviembre por agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional peruana.
Las detenciones forman parte de la operación denominada Centinela 2026, desarrollada en diferentes puntos del país bajo una investigación de la Fiscalía especializada en terrorismo. Ambos artistas están investigados por presunta afiliación a una organización terrorista, una imputación que rechazan y cuya responsabilidad penal todavía no ha sido determinada judicialmente.
Pedro Mo fue detenido cuando participaba en un festival cultural
Pedro Mo fue arrestado en el distrito de Urcos, en la región de Cusco, donde se encontraba para participar en la séptima edición del Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas, un encuentro de música, poesía y expresiones culturales populares.
El músico, con más de dos décadas de trayectoria en el rap peruano, grabó parte del operativo policial. En las imágenes difundidas en redes sociales, uno de los agentes le comunicó que estaba siendo investigado por una presunta vinculación con una organización terrorista.
El artista rechazó inmediatamente la acusación y afirmó que pertenece a la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, un colectivo que, según su explicación, desarrolla actividades culturales, educativas y artísticas.
«Nunca he tomado un arma», respondió Pedro Mo durante su detención.
Su abogada, Cricia Luz Ochoa Huamántica, ha cuestionado la legalidad de la intervención y solicitado garantías para el respeto de sus derechos fundamentales, así como el acceso a la defensa jurídica.
Brenda Jah, detenida en el centro de Lima
De manera paralela, agentes de la Dircote detuvieron a Brenda Jah en el centro de Lima. La artista fue trasladada a las dependencias policiales de la avenida España, donde quedó bajo custodia en el marco de la misma investigación.
Brenda Jah desarrolla su actividad musical dentro del hip hop y participa en espacios de expresión cultural y social. Su detención provocó protestas de familiares, compañeros y organizaciones que reclaman conocer con claridad los hechos concretos que se le atribuyen.
La madre de la cantante participó en una concentración celebrada frente a las instalaciones policiales, donde denunció el procedimiento empleado y defendió la trayectoria artística de su hija.
El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó una detención preliminar de 15 días. Esta medida permite desarrollar diligencias dentro de una investigación penal, pero no constituye una condena ni acredita la culpabilidad de los investigados.
¿En qué se basa la acusación de terrorismo?
La Fiscalía peruana investiga a diez personas por su presunta afiliación a una organización denominada Túpac Amaru, que las autoridades relacionan con el histórico Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La hipótesis fiscal sostiene que la Escuela Rebelde Saturnino Huillca y el Frente Democrático del Pueblo habrían funcionado como estructuras de formación ideológica y captación de integrantes vinculados a dicha organización.
Entre los elementos investigados aparecen reuniones y actividades desarrolladas durante 2024 y 2025, así como grabaciones que, según la interpretación fiscal, podrían mostrar entrenamientos con armas y actividades de carácter político-militar.
Sin embargo, esos elementos forman parte de una investigación en curso. Su relación individual con los detenidos, su alcance probatorio y la existencia de las conductas delictivas denunciadas deben ser examinados por los tribunales.
Por su parte, la Escuela Rebelde Saturnino Huillca es conocida por organizar talleres, festivales musicales, actividades de serigrafía, muralismo, cine y encuentros de formación política y cultural.
La vinculación de estas actividades con una organización terrorista constituye precisamente uno de los aspectos cuestionados por quienes denuncian una posible criminalización de la actividad política y cultural.
Naciones Unidas expresa su preocupación por las detenciones
El caso ha alcanzado repercusión internacional después de que expertos vinculados a los procedimientos especiales de Naciones Unidas expresaran su preocupación por lo ocurrido.
Andrea Bolaños Vargas, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, manifestó su inquietud por la estigmatización y posible criminalización de personas que acompañan las reivindicaciones campesinas y populares mediante actividades artísticas y culturales.
A estas manifestaciones se sumó Leopoldo Maldonado, relator especial sobre libertad de expresión, quien alertó del progresivo cierre del espacio cívico en Perú y recordó que las libertades de expresión artística, asociación y reunión no pueden restringirse arbitrariamente.
Sus declaraciones, recogidas el 21 de noviembre por el diario La República, sitúan el caso en un debate más amplio sobre la protección de los derechos civiles y las garantías de quienes participan en movimientos sociales.
Se trata de pronunciamientos de expertos independientes y no de una resolución judicial sobre la legalidad de las detenciones.
El sector cultural peruano exige explicaciones y garantías
Las detenciones también han provocado una respuesta de numerosos profesionales de la cultura peruana.
Entre las personas que han manifestado su rechazo figuran las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, así como los actores Emanuel Soriano y Emilram Cossío.
Un pronunciamiento colectivo cuestiona las circunstancias de los arrestos, solicita que se respeten todas las garantías procesales y exige que las autoridades expliquen los elementos que fundamentan las acusaciones.
Los firmantes también reclaman que se proteja la integridad física y la seguridad de los artistas durante el periodo de detención.
En el ámbito político, representantes como Indira Huilca, Ruth Luque y Silvana Robles han pedido explicaciones a las autoridades y reclamado la intervención de las instituciones encargadas de supervisar el respeto a los derechos fundamentales.
Algunos representantes políticos han denunciado lo que en Perú se conoce como terruqueo, un término utilizado para describir la estigmatización de personas y movimientos sociales mediante acusaciones de vinculación con el terrorismo.
Estas denuncias constituyen valoraciones de quienes cuestionan la operación, no hechos judicialmente establecidos.
Libertad de expresión, cultura popular y presunción de inocencia
La operación Centinela 2026 abre un debate sobre los límites entre la investigación de posibles delitos terroristas y el ejercicio de derechos fundamentales.
Las autoridades peruanas tienen la responsabilidad de investigar cualquier indicio de participación en actividades delictivas, pero las imputaciones deben estar sustentadas en pruebas suficientes y atribuir conductas concretas a cada persona investigada.
La participación en festivales culturales, la reivindicación de figuras históricas o la expresión de ideas políticas no constituyen, por sí solas, una demostración de pertenencia a una organización terrorista.
En el caso de Pedro Mo y Brenda Jah, las defensas y las organizaciones que han solicitado su liberación reclaman que se expliquen las acusaciones y se garantice el debido proceso.
Hasta la información disponible este 22 de noviembre de 2026, ambos artistas continuaban sometidos a la medida de detención preliminar de 15 días.
El avance de las investigaciones deberá esclarecer la existencia de pruebas y las responsabilidades individuales, mientras persisten las denuncias de organizaciones culturales y de derechos humanos sobre el alcance de la actuación policial.
Fuentes consultadas
- RPP Noticias: Detención del rapero Pedro Mo en Cusco.
- Servindi: Detención de artistas de rap genera rechazo ciudadano.
- La República: Expertos de la ONU alertan sobre las detenciones.
- Infobae: Operativo policial y acusaciones contra los artistas.
- La República: Legisladores denuncian terruqueo y reclaman pruebas.
