El economista y responsable de Programa de Izquierda Unida analizó el incremento del presupuesto de Defensa, la presión de los objetivos de la OTAN y el coste de oportunidad sobre las políticas públicas.
El economista y responsable de Programa de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, protagonizó este viernes un acto público organizado por IU Vicálvaro en la Asamblea Alberto Arregui, centrado en el análisis del aumento del gasto militar y sus implicaciones económicas, sociales y políticas. La intervención se apoyó en el documento ¿Por qué lo llaman Defensa si es gasto militar?, un informe que recorre la evolución del presupuesto de Defensa en el contexto internacional y en España, y plantea alternativas de inversión pública.
En su exposición, Sánchez Mato situó el debate en un escenario global de cifras récord. El documento sostiene que el gasto militar mundial superó en 2023 los 2,44 billones de dólares y que ese crecimiento se encadena durante varios años, en paralelo a un aumento de ingresos de la industria armamentística. En esa misma línea, se planteó que la escalada presupuestaria se acompaña de un cambio de lenguaje político —“defensa” y “seguridad”— que, según el informe, busca facilitar la aceptación social del incremento.
Datos clave expuestos durante el acto
- España y el gasto militar: según los datos utilizados, España habría pasado del 0,92% del PIB (2014) al 1,28% (2024) en el cómputo de la OTAN, mientras que el “gasto real” se situaría en 1,52% del PIB.
- Subida en euros: el informe cuantifica un incremento de más de 10.800 millones de euros en una década.
- Ampliaciones de crédito: se detallan ampliaciones aprobadas en Consejo de Ministros vinculadas al gasto militar entre 2020 y 2025, con un salto destacado en 2025.
- Objetivos OTAN: el documento analiza el debate sobre elevar el gasto desde el 2% del PIB hacia umbrales superiores en el medio plazo.
Uno de los puntos que centró la atención fue el cruce entre los compromisos internacionales y las consecuencias internas. El informe plantea que un salto hasta el 5% del PIB en gasto militar implicaría, en España, un ajuste equivalente a un recorte lineal del 13% del gasto social (pensiones, sanidad, educación, vivienda y protección social), si se intentara encajar esa subida en un marco de reglas fiscales restrictivas.
También se repasaron datos de opinión pública a partir de encuestas del CIS recogidas en el documento. La idea central expuesta durante el acto es que el respaldo social a aumentar el gasto en Defensa no aparece como mayoritario, mientras que sí existe un apoyo muy amplio a reforzar la inversión en servicios públicos, especialmente en sanidad y educación.
En la parte final, la ponencia aterrizó el debate en términos de coste de oportunidad, con un bloque de propuestas que compara el aumento de gasto militar con posibles usos alternativos. El informe plantea escenarios de inversión pública en sanidad, educación, vivienda, cuidados, transición ecológica y transporte público, con ejemplos de magnitudes para dimensionar qué políticas podrían financiarse con el mismo volumen de recursos.
El cierre del acto giró en torno a una discusión de enfoque: el documento defiende un marco de seguridad basado en el derecho internacional, la cooperación y el desarme, y cuestiona que la escalada armamentística mejore la seguridad en Europa. En ese contexto, el encuentro se planteó como un espacio para trasladar el debate presupuestario a clave social: qué se prioriza, cómo se explica y con qué impactos.
