Las comparaciones pueden resultar incómodas, pero en ocasiones son necesarias para entender qué se está haciendo con los recursos públicos y, sobre todo, qué modelo de comunicación institucional se está aplicando en cada municipio.
En Torrejón de Ardoz, la revista municipal Plaza Mayor se financia con dinero público. Su finalidad debería ser clara: informar a la ciudadanía sobre la actividad municipal, los servicios disponibles y la vida social y cultural del municipio. Sin embargo, el contenido de sus últimos números plantea interrogantes legítimos sobre el uso que se está haciendo de esta herramienta.
El protagonismo constante del alcalde a lo largo de sus páginas, junto a entrevistas institucionales centradas en miembros del propio equipo de gobierno —como las recientes dedicadas al alcalde y al teniente de alcalde— dibuja una línea editorial que se aleja de un enfoque plural. A ello se suma la presencia de mensajes críticos hacia los partidos de la oposición, sin que estos dispongan de un espacio equivalente dentro de la publicación.
Este enfoque contrasta con el modelo de comunicación que desarrolla el municipio vecino de Rivas-Vaciamadrid a través de su revista municipal Rivas al Día. En este caso, la publicación apuesta por una diversidad de contenidos que incluye reportajes sobre trabajadores municipales, entrevistas a artistas independientes, actividades culturales y sociales, así como historias vinculadas a vecinos del municipio.
La diferencia no es solo de contenidos, sino de enfoque. En Rivas, la presencia institucional se mantiene en un segundo plano, mientras que se prioriza la visibilidad de la comunidad. Además, todos los grupos políticos con representación municipal cuentan con un espacio propio dentro de la revista, lo que introduce un elemento de pluralidad y equilibrio informativo.
El contraste entre ambos modelos abre un debate de fondo sobre el papel de los medios municipales. Cuando una publicación se financia con dinero público, su función no debería ser la de reforzar la imagen de un gobierno concreto, sino la de servir al conjunto de la ciudadanía, garantizando información útil, diversidad de voces y transparencia.
Lejos de tratarse de una cuestión menor, el coste de producción de este tipo de revistas implica una inversión significativa procedente de los impuestos de los vecinos. Por ello, resulta razonable exigir que su contenido responda a criterios de servicio público y no a estrategias de comunicación partidista.
El debate está sobre la mesa. Y no es una cuestión de estilos, sino de principios: transparencia, pluralidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Para que cada lector pueda valorar por sí mismo las diferencias entre ambos modelos, se pueden consultar directamente las publicaciones municipales.
Con ambos ejemplos sobre la mesa, la comparación deja de ser un ejercicio teórico para convertirse en una herramienta directa de análisis ciudadano.
