La plataforma estatal “Los animales no son un negocio” ha comenzado a organizarse en distintos puntos de España con un objetivo claro: denunciar el aumento de privatizaciones en los centros de protección animal y poner el foco sobre lo que consideran un deterioro progresivo del bienestar animal en numerosos municipios.
En conversación con Contraplano, sus representantes aseguran que están recibiendo denuncias procedentes de diferentes comunidades autónomas y advierten de que la situación “ya no es un caso aislado”.
“Estamos viendo muchos casos de privatización de centros de protección animal, de servicios de recogida y de situaciones que acaban derivando en denuncias por maltrato”.
La plataforma nace, según explican, después de observar cómo en distintos municipios asociaciones protectoras que llevaban años gestionando centros de protección animal están siendo sustituidas por empresas privadas.
Sus representantes sostienen que existe una sensación creciente dentro del movimiento animalista de que estas situaciones apenas tienen repercusión pública. Por eso, aseguran, uno de sus principales objetivos es dar visibilidad a estos casos y presionar a las administraciones.
“Queremos dar visibilidad a todo esto y también presionar a ayuntamientos, comunidades autónomas y al Gobierno para que actúen”.
Desde la plataforma consideran que la legislación de bienestar animal resulta insuficiente si no existen mecanismos reales de control y supervisión sobre lo que ocurre diariamente en estos centros.
“Es muy bonito legislar, pero si luego no se actúa sobre lo que sucede en la práctica, las leyes no sirven para nada”, señalan durante la entrevista.
Uno de los aspectos que más preocupa al colectivo es la cantidad de casos que aseguran estar recibiendo desde distintos puntos del país. Según explican, les están llegando denuncias y testimonios desde Andalucía, Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid.
“Nos están llegando decenas de situaciones. Esto demuestra que no hablamos de casos aislados, sino de un problema que se está extendiendo”.
Para “Los animales no son un negocio”, el problema de fondo está en el avance de un modelo de gestión donde el beneficio económico termina pesando más que el bienestar animal.
La plataforma sostiene que determinadas empresas privadas entran en estos servicios con una lógica de rentabilidad que puede afectar directamente a la calidad de la alimentación, la atención veterinaria, los cuidados diarios y las condiciones de vida de los animales.
“Estas empresas tienen un interés puramente económico. Reducen costes en alimentación, en atención veterinaria o en cuidados porque al final buscan rentabilidad”.
Integrantes de la plataforma “Los animales no son un negocio” durante una de sus acciones de denuncia pública.
En la entrevista, la plataforma menciona casos como Guardamar del Segura, Valencia o diferentes municipios madrileños donde asociaciones protectoras han sido sustituidas por empresas privadas.
Uno de los ejemplos que señalan es el de Torrejón de Ardoz, donde recientemente el servicio de protección animal ha pasado de estar gestionado por una asociación a manos privadas tras años de trabajo de una entidad protectora.
Desde la plataforma consideran que este tipo de procesos se están repitiendo en diferentes territorios y alertan de que algunas licitaciones públicas pueden terminar favoreciendo a empresas con mayor capacidad económica frente a asociaciones sin ánimo de lucro.
“Las asociaciones no buscamos repartir ganancias a final de mes. Lo que queremos es que el dinero se invierta en los animales”.
El colectivo también cuestiona el papel de los ayuntamientos. Sus representantes creen que algunas administraciones locales optan por empresas privadas porque les resulta más cómodo delegar el servicio en entidades que, según denuncian, no cuestionan públicamente determinadas decisiones.
Frente a ello, defienden que las asociaciones protectoras suelen ejercer una labor incómoda para las instituciones cuando denuncian carencias, falta de recursos o decisiones que pueden afectar al bienestar de los animales.
“A los ayuntamientos les resulta más cómodo trabajar con empresas privadas que no cuestionen determinadas decisiones”.
Otro de los puntos más duros de la conversación tiene que ver con la falta de transparencia. La plataforma denuncia que en algunos centros gestionados por empresas privadas los voluntarios tienen dificultades para hablar públicamente de lo que ocurre dentro.
Según explican, han recibido testimonios de personas que aseguran que se les impide denunciar situaciones internas bajo amenaza de perder el acceso a las instalaciones.
“Al final se genera un oscurantismo absoluto. Si no se puede hablar de lo que pasa dentro, hay un problema muy grave”.
La plataforma cree que la responsabilidad no recae únicamente en las empresas. También señala directamente a las administraciones públicas por permitir este modelo y no activar controles suficientes.
En su opinión, las leyes de bienestar animal necesitan inspecciones reales, recursos y mecanismos de seguimiento que garanticen que los animales reciben atención adecuada cada día.
“Si nadie revisa que esos perros salen, que reciben cuidados o que están bien atendidos, se está permitiendo el maltrato”, advierten.
Preguntados por el papel de la ciudadanía, los representantes de la plataforma consideran que existe una cierta normalización de la privatización de servicios públicos. Creen que esta lógica no afecta únicamente a la protección animal, sino también a ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
“Nos estamos acostumbrando a que se privaticen servicios fundamentales. Si la ciudadanía no protesta, acabamos siendo cómplices”.
Pese al diagnóstico crítico, la plataforma asegura que el movimiento animalista está logrando una mayor coordinación. Sus representantes reconocen que durante años ha existido fragmentación entre colectivos, pero creen que el momento actual está favoreciendo la creación de redes más amplias.
El objetivo, explican, es compartir información, coordinar denuncias, acompañar a asociaciones afectadas y ejercer presión política y social a nivel estatal.
“Individualmente es muy difícil hacer frente a todo esto. La unión entre asociaciones y plataformas es imprescindible”.
Entre las soluciones que plantean, la plataforma defiende reforzar a las asociaciones protectoras en lugar de desplazarlas. Para ello, reclaman recursos públicos, apoyo técnico y fórmulas de gestión que permitan a entidades sin ánimo de lucro seguir al frente de los centros de protección animal.
Para “Los animales no son un negocio”, la clave pasa por garantizar que el dinero público destinado a protección animal se invierta íntegramente en alimentación, atención veterinaria, cuidados, instalaciones dignas y programas de adopción.
De cara a los próximos meses, la plataforma anuncia que estudiará individualmente los casos que les están llegando desde distintos territorios. También prepara campañas de denuncia pública, posibles acciones legales y movilizaciones.
“Queremos estudiar caso por caso y actuar donde haga falta. Las cosas no pueden quedarse en palabras, tienen que convertirse en hechos”.
Además, tienen previsto solicitar reuniones con la Dirección General de Derechos de los Animales para trasladar la situación que, según afirman, se está viviendo en numerosos municipios españoles.
Mientras tanto, “Los animales no son un negocio” continúa recibiendo testimonios y denuncias de diferentes territorios. Sus integrantes creen que el modelo de gestión de los centros de protección animal está entrando en una fase decisiva y que el debate sobre empresas privadas, asociaciones protectoras y responsabilidad pública no ha hecho más que empezar.
