Construcción de las Cuatro Torres de Madrid. Foto: César Astudillo / Wikimedia Commons — CC BY 2.0.
La coordinadora ciudadana Madrid contra la LIDER anuncia movilizaciones a partir de septiembre contra el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. La plataforma sostiene que la norma favorecerá la especulación inmobiliaria, reducirá las garantías ambientales y consolidará un urbanismo «a dos velocidades».
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 22 de julio el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, conocido como Ley LIDER. El texto deberá continuar ahora su tramitación en la Asamblea de Madrid, donde podrá ser modificado antes de su aprobación definitiva.
El Gobierno regional presenta la reforma como una herramienta para facilitar la construcción de vivienda, simplificar la planificación urbanística y reducir la duración de los procedimientos. Según sus estimaciones, los tiempos de tramitación podrían pasar de los doce años actuales a aproximadamente cuatro.
Frente a este planteamiento, la coordinadora Madrid contra la LIDER considera que la rapidez administrativa está sirviendo como argumento para ocultar una transformación profunda del modelo territorial madrileño.
Una reforma sin un diagnóstico previo
La plataforma denuncia que el proyecto se ha elaborado sin presentar un diagnóstico objetivo sobre la situación del suelo y el urbanismo en la Comunidad de Madrid. También cuestiona que el Ejecutivo autonómico no haya aportado datos detallados sobre los plazos actuales de tramitación ni sobre los posibles cuellos de botella de los procedimientos.
La nueva norma está llamada a sustituir a la Ley del Suelo de 2001 y a la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 1995. Madrid contra la LIDER sostiene que una reforma de esta dimensión debería partir de una evaluación pública de los efectos que ambas legislaciones han tenido sobre el territorio madrileño durante las últimas décadas.
«La agilización no puede convertirse en la puerta de entrada para reducir la participación ciudadana y las garantías legales, sociales y ambientales».
Los Planes Estratégicos Municipales, en el centro de las críticas
Una de las principales novedades de la Ley LIDER es la introducción de los Planes Estratégicos Municipales, que sustituirán progresivamente a los actuales planes generales. Estos instrumentos definirán la estructura y los objetivos básicos de cada municipio y servirán como referencia para los denominados planes ejecutivos.
El Gobierno autonómico sostiene que este modelo permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación en un periodo de entre cuatro y seis años. También afirma que los municipios de más de 15.000 habitantes podrán aprobar sus instrumentos urbanísticos, mientras la Comunidad de Madrid conservará las funciones de control de legalidad.
Madrid contra la LIDER interpreta el cambio de forma diferente. La coordinadora advierte de que los planes ejecutivos podrán ser promovidos tanto por las administraciones como por particulares y considera que esta posibilidad trasladará parte de la definición del desarrollo urbano a la iniciativa privada.
La plataforma también denuncia que los mecanismos de participación ciudadana quedarán reducidos a procedimientos formales, con menos capacidad de intervención para las asociaciones vecinales y las personas afectadas por los desarrollos urbanísticos.
Tres categorías de suelo y más usos en terrenos rurales
La reforma reducirá las actuales categorías de suelo a tres: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. Para el Ejecutivo regional, esta simplificación aportará claridad y seguridad a propietarios, ayuntamientos e inversores.
La coordinadora teme, sin embargo, que la nueva clasificación facilite la implantación de actividades consideradas excepcionales en terrenos rurales. Según sus cálculos, el suelo rural no protegido representa alrededor del 22,5% del territorio de la Comunidad de Madrid, frente al 18% que ocuparía el suelo ya urbanizado.
Madrid contra la LIDER advierte de que la norma podría abrir nuevas posibilidades para desarrollar actuaciones urbanísticas y proyectos de gran impacto en estas zonas, con consecuencias sobre el paisaje, los recursos naturales y la planificación territorial.
Silencio positivo y entidades privadas colaboradoras
Otro de los aspectos cuestionados es la posibilidad de considerar favorables determinados informes sectoriales cuando haya transcurrido el plazo establecido sin una respuesta expresa. La coordinadora teme que este silencio positivo permita avanzar en la tramitación de proyectos sin disponer de todos los pronunciamientos ambientales, urbanísticos o patrimoniales necesarios.
El proyecto regula, además, la participación de entidades privadas colaboradoras urbanísticas y ambientales. Estas empresas podrán intervenir en distintas tareas de comprobación, certificación y elaboración de informes dentro de los procedimientos administrativos.
Para Madrid contra la LIDER, esta colaboración generará dos velocidades: una tramitación más rápida para quienes puedan recurrir a entidades privadas y otra más lenta para quienes dependan exclusivamente de la Administración pública.
La coordinadora alerta de un «urbanismo de primera, o de pago, y otro de segunda», condicionado por la capacidad económica para contratar servicios privados.
Patrimonio histórico y control de los municipios
La plataforma muestra igualmente su preocupación por el futuro de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. El texto analizado establece que estos catálogos dejarán de tener la consideración de planes, una modificación que, según la coordinadora, rebaja su categoría jurídica y podría facilitar la descatalogación de determinados bienes.
También cuestiona los nuevos instrumentos de intervención autonómica sobre ámbitos que pueden afectar a varios términos municipales. Madrid contra la LIDER sostiene que estos mecanismos permitirán al Gobierno regional impulsar proyectos de alcance supramunicipal sin atender suficientemente a la planificación o a la posición de los ayuntamientos afectados.
La vivienda y el reequilibrio territorial, grandes ausentes
Aunque el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vincula la reforma con la construcción de más viviendas, la coordinadora considera que el proyecto no incorpora medidas suficientes para contener los precios, ampliar el parque público residencial o impedir la privatización del suelo público.
También critica la ausencia de actuaciones concretas para corregir los desequilibrios territoriales entre los municipios madrileños, reducir los desplazamientos diarios o adaptar el urbanismo regional a los efectos del cambio climático.
Para Madrid contra la LIDER, la prioridad de una nueva legislación del suelo debería ser responder a la crisis habitacional y garantizar el acceso a la vivienda, la protección ambiental, los servicios públicos y la participación de la ciudadanía.
Movilizaciones a partir de septiembre
La coordinadora ha anunciado que convocará movilizaciones a partir del mes de septiembre para tratar de frenar la aprobación definitiva de la Ley LIDER en la Asamblea de Madrid.
Las organizaciones que forman parte de la plataforma consideran que la tramitación parlamentaria será decisiva para exigir transparencia y defender un modelo territorial basado en las necesidades sociales, la protección del medio ambiente y el control público del urbanismo.
Fuentes consultadas: nota de prensa de Madrid contra la LIDER; Comunidad de Madrid; Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid; Madrid contra la LIDER.
