Foto: Eneas De Troya / CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.
El programa Vivienda para el Bienestar plantea construir 1,8 millones de viviendas durante el mandato de Claudia Sheinbaum. La estrategia está dirigida principalmente a personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos e incluye alquiler social, rehabilitación de hogares, entrega de escrituras y reestructuración de créditos hipotecarios.
El Gobierno de México ha decidido intervenir directamente en uno de los principales problemas que atraviesa el país: el acceso a una vivienda adecuada. Frente al aumento de los precios y las dificultades de millones de familias para conseguir financiación, el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha situado la construcción de vivienda social entre sus principales compromisos para el periodo 2024-2030.
La meta anunciada es levantar 1,8 millones de viviendas nuevas. De esa cantidad, 1,2 millones serán impulsadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 500.000 dependerán de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y otras 100.000 serán responsabilidad del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
El plan prevé construir 1,8 millones de viviendas nuevas y beneficiar a cerca de 12 millones de familias mediante diferentes actuaciones.
Viviendas para quienes menos ganan
El programa se dirige principalmente a trabajadores y familias con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos. Las viviendas deberán contar, como criterio general, con una superficie mínima de 60 metros cuadrados y construirse en zonas con servicios, equipamientos e infraestructuras.
La Conavi se encargará especialmente de atender a las personas que no tienen acceso a los créditos tradicionales del Infonavit o del Fovissste. En la convocatoria de 2026, el organismo estableció como requisitos no disponer de una vivienda propia, carecer de acceso a otro crédito habitacional y percibir menos de 17.800 pesos mexicanos mensuales.
El programa contempla una atención prioritaria para mujeres jefas de familia, personas mayores, comunidades indígenas, personas con discapacidad y hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Alquiler social con opción a compra
Uno de los elementos más destacados de la nueva política es la posibilidad de que el Infonavit construya y administre directamente viviendas. Hasta ahora, su principal función había sido financiar la compra, la construcción o la rehabilitación de inmuebles.
La reforma aprobada en 2025 introdujo también un modelo de alquiler social con opción a compra. Las personas trabajadoras podrán acceder a estas viviendas después de un año de cotización continua y la mensualidad del alquiler no podrá superar el 30% de su salario.
Después de diez años de arrendamiento, podrán ejercer la opción de compra. El objetivo es ofrecer una alternativa a quienes no pueden asumir inmediatamente una hipoteca, especialmente jóvenes y trabajadores con ingresos bajos.
Doce millones de familias beneficiadas, no doce millones de viviendas
El Gobierno mexicano asegura que su política de vivienda llegará a cerca de 12 millones de familias durante el sexenio. Sin embargo, esta cifra no corresponde únicamente a viviendas nuevas, sino a la suma de diferentes programas y actuaciones.
La previsión incluye 1,8 millones de viviendas nuevas, otros 1,8 millones de créditos o ayudas para rehabilitar hogares, un millón de escrituras y 2,2 millones de créditos convencionales concedidos mediante el Infonavit, el Fovissste y otras instituciones.
A estas actuaciones se suma la reestructuración de aproximadamente 5,2 millones de créditos hipotecarios que se habían vuelto impagables. Algunas familias han recibido reducciones de deuda, nuevas condiciones de pago o la liquidación del crédito cuando las cantidades abonadas ya superaban ampliamente el dinero inicialmente prestado.
274.000 viviendas ya han comenzado a construirse
El último balance nacional detallado, presentado en junio de 2026, contabilizaba 604.000 viviendas contratadas y en condiciones de comenzar las obras. De ellas, 274.000 ya habían iniciado el proceso de construcción en los diferentes estados del país.
La diferencia es importante: una vivienda contratada todavía no es una vivienda terminada ni entregada. El avance del programa deberá medirse por el número de hogares efectivamente concluidos, habitables y adjudicados a las familias beneficiarias.
El mismo balance señalaba que se habían concedido 579.000 créditos o apoyos para mejorar viviendas y entregado 293.000 escrituras, constancias de finiquito y cancelaciones de créditos.
Una intervención pública frente al problema de la vivienda
El programa supone un cambio en el papel de las instituciones mexicanas. El Estado deja de actuar únicamente como financiador y pasa a intervenir también en la construcción, administración y alquiler de vivienda social.
El principal reto será cumplir los plazos y garantizar que los nuevos desarrollos no repitan los problemas de antiguos proyectos levantados lejos de los centros urbanos, sin transporte público, agua, centros educativos o servicios sanitarios suficientes.
Las cifras muestran la dimensión de la propuesta, pero su resultado deberá evaluarse a partir de las viviendas realmente terminadas, su ubicación, su calidad y el esfuerzo económico que representen para las familias. México ha colocado el derecho a la vivienda en el centro de su política social; los próximos años determinarán si esa voluntad se transforma en hogares accesibles para quienes hasta ahora permanecían fuera del mercado inmobiliario.
