Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña). Foto: Enrique Dans / Wikimedia Commons . Licencia CC BY 2.0 .
El Pazo de Meirás ha sido declarado oficialmente Lugar de Memoria Democrática. La resolución, publicada este 14 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reconoce el valor del inmueble para explicar el legado cultural de Emilia Pardo Bazán, su apropiación durante la Guerra Civil y su posterior utilización como uno de los principales centros de poder de la dictadura franquista.
La declaración tiene efectos desde el mismo día de su publicación y supone la incorporación de Meirás al Inventario de Lugares de Memoria Democrática. El Estado deberá impulsar medidas de señalización, interpretación y divulgación que permitan explicar tanto la historia del inmueble como las violaciones de derechos humanos vinculadas al franquismo.
La resolución fue firmada el 6 de agosto de 2026 por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, después de que el procedimiento se iniciara formalmente en agosto de 2025.
De la casa de Emilia Pardo Bazán a símbolo de la dictadura
Las Torres de Meirás, situadas en el municipio coruñés de Sada, fueron promovidas por Emilia Pardo Bazán y su madre, Amalia de la Rúa, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El conjunto, de inspiración neomedieval, se articula alrededor de tres torres, una de las cuales —la Torre de la Quimera— fue utilizada por la escritora como biblioteca y espacio de trabajo.
Meirás fue durante años un lugar de creación literaria, reflexión intelectual y encuentro con personalidades de la vida política y cultural. La resolución destaca la figura de Pardo Bazán como una de las escritoras más relevantes de la literatura española y como una pionera en la defensa de la educación y la igualdad de las mujeres.
Esta etapa cultural quedó desplazada tras el golpe de Estado de 1936 y el inicio de la Guerra Civil. El 3 de marzo de 1938 se constituyó la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, formada por el gobernador civil de A Coruña y diferentes autoridades provinciales y locales. Su objetivo era adquirir el inmueble para entregárselo a Francisco Franco.
El BOE reconoce que la operación fue financiada mediante aportaciones forzosas exigidas a ayuntamientos, funcionarios y particulares en un contexto de represión y coacción política.
La adquisición también estuvo acompañada por la ampliación de los terrenos mediante apropiaciones y expropiaciones de propiedades vecinas. Numerosas familias perdieron terrenos y medios de subsistencia, mientras diferentes bienes procedentes de otros enclaves patrimoniales gallegos fueron trasladados al recinto mediante prácticas que la propia resolución califica como expolio y apropiación.
La compra se formalizó el 3 de agosto de 1938 y el inmueble fue entregado a Franco el 5 de diciembre de ese mismo año. En 1941 se firmó una nueva escritura que presentaba la operación como una compraventa particular y permitió inscribir el Pazo a nombre del dictador.
Décadas después, los tribunales consideraron fraudulenta esta operación al acreditar que la finca ya había sido adquirida y entregada anteriormente a Franco en su condición de jefe del Estado.
Un centro de poder sostenido con recursos públicos
Entre 1938 y la muerte del dictador en 1975, Meirás funcionó como residencia oficial de verano de la Jefatura del Estado. En sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias, recepciones diplomáticas y reuniones políticas.
El régimen utilizó el inmueble como escenario propagandístico para proyectar la imagen pública de Franco y representar una supuesta adhesión popular a la dictadura. Su mantenimiento, las reformas, las ampliaciones de la finca y buena parte de sus actividades fueron sostenidas con recursos públicos.
El BOE señala que esta gestión muestra la confusión permanente entre el patrimonio estatal y el patrimonio privado que caracterizó al franquismo, así como sus dinámicas de apropiación, arbitrariedad, clientelismo e impunidad.
Meirás también fue escenario de decisiones directamente relacionadas con la represión. En agosto de 1975, uno de los últimos consejos de ministros celebrados en el Pazo aprobó el Decreto-ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo. La norma endureció la persecución de la oposición política y amplió la aplicación de la pena de muerte durante los últimos meses de la dictadura.
La recuperación de un patrimonio público
Tras la muerte de Franco, el inmueble continuó en manos de sus herederos gracias a la escritura formalizada en 1941. Esta situación convirtió Meirás en uno de los principales símbolos de las dificultades de la democracia española para recuperar los bienes y afrontar las herencias materiales de la dictadura.
La declaración del Pazo como Bien de Interés Cultural en 2008 permitió abrir una nueva etapa. Las reivindicaciones de asociaciones memorialistas, investigadores, administraciones públicas y colectivos sociales mantuvieron viva la reclamación para que el inmueble regresara al patrimonio público.
El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña declaró que el Pazo pertenecía al Estado y consideró fraudulenta la transmisión realizada a favor de Francisco Franco. La resolución fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de A Coruña y, en marzo de 2026, por el Tribunal Supremo.
El pasado 29 de julio, el Tribunal de Instancia de A Coruña ordenó inscribir el Pazo de Meirás a nombre del Estado y cancelar las inscripciones registrales que resultaban incompatibles con su titularidad pública. La declaración como Lugar de Memoria Democrática completa ahora este proceso desde el ámbito histórico, educativo y memorial.
Señalización, divulgación y reconocimiento a las víctimas
La resolución establece que el Estado deberá garantizar la conservación, identificación, explicación y señalización adecuada del inmueble. También deberá evitar la retirada o desaparición de elementos relacionados con la memoria democrática y con la lucha de la ciudadanía por sus derechos y libertades.
Entre las medidas previstas se encuentra la elaboración de recursos audiovisuales y digitales, la instalación de placas y paneles interpretativos y la colocación de una señalización específica para reconocer a las víctimas y explicar públicamente los hechos ocurridos.
El portal de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluirá la geolocalización de Meirás y una ficha con fotografías, documentos audiovisuales e información histórica. También se promoverá su incorporación a circuitos internacionales relacionados con lugares que hayan vivido procesos semejantes de recuperación y construcción de memoria democrática.
La declaración no modifica automáticamente el uso actual del inmueble. Sin embargo, cualquier actividad futura deberá ser compatible con la preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos, la reparación moral de las víctimas y los principios de verdad, justicia y no repetición.
Meirás reúne así dos dimensiones inseparables de su historia: el legado intelectual y feminista de Emilia Pardo Bazán y la memoria de un espacio apropiado mediante coacciones, sostenido con recursos públicos y utilizado durante décadas para representar y ejercer el poder de la dictadura franquista.
