Sin trabajo digno, sin derechos y lejos de casa: el futuro de millones de jóvenes

Nadie abandona su casa, su familia y su comunidad por una cifra. Sin embargo, detrás de cada trayecto migratorio hay también una estructura económica que determina quién puede encontrar un empleo digno y quién debe recorrer cientos o miles de kilómetros para intentarlo. Para una parte creciente de la juventud de los países empobrecidos, emigrar no es una aventura ni una elección tomada en igualdad de condiciones: es una forma de buscar los ingresos y la seguridad que su lugar de origen no puede ofrecer.

El informe Global Employment Trends for Youth 2026: Back to the Future, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muestra hasta qué punto el mercado laboral mundial funciona a dos velocidades. En 2025 había 67 millones de personas de entre 15 y 24 años en paro y algo más de 257 millones no trabajaban, no estudiaban ni recibían formación. Pero el desempleo es solo la parte más visible. En las economías de renta baja, millones de jóvenes no pueden permitirse estar sin trabajar: aceptan cualquier actividad disponible, aunque sea informal, inestable, peligrosa o no alcance para mantener una vida.

Nacer donde el trabajo digno escasea

La expresión «países pobres» puede dar la impresión de que la pobreza es una característica natural del territorio o de su población. Hablar de países empobrecidos ayuda a recordar que esa situación tiene causas históricas y políticas: colonialismo, extracción de recursos, deuda, intercambio comercial desigual, conflictos, corrupción, falta de servicios públicos y decisiones económicas tomadas dentro y fuera de sus fronteras.

Estas condiciones no afectan a toda la población de la misma manera. La juventud llega al mercado laboral con menos experiencia, menos ahorros y redes profesionales más débiles. Cuando la economía no crea suficientes puestos de trabajo, es la primera en quedar fuera. La OIT advierte de que en África subsahariana y Asia meridional el crecimiento del empleo juvenil no ha seguido el ritmo del aumento de la población joven. El resultado no es únicamente más desempleo: también son empleos de subsistencia, abandono del mercado laboral y migración en busca de oportunidades.

El Banco Mundial calcula que durante la próxima década 1.200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad de trabajar. Si sus economías no pueden crear puestos suficientes y de calidad, la presión para desplazarse aumentará, especialmente en Asia meridional y África subsahariana. No porque exista una supuesta inclinación cultural a marcharse, sino porque buscar trabajo es una necesidad material.

La desigualdad también tiene rostro de mujer. Más de dos de cada tres jóvenes que en 2025 estaban fuera del empleo, los estudios y la formación eran mujeres. La tasa femenina alcanzaba el 27,4%, frente al 13,1% de los hombres. Los cuidados no remunerados, la discriminación, la violencia y las restricciones sociales limitan tanto la posibilidad de conseguir un empleo como la de migrar por una vía segura.

El problema no es que la juventud no quiera trabajar. Es que millones de jóvenes solo encuentran trabajos que no permiten salir de la pobreza o deben marcharse para buscar una oportunidad.

El desempleo bajo que oculta trabajos de supervivencia

Las estadísticas pueden contar una historia engañosa si se leen sin contexto. En 2025, la tasa de desempleo juvenil fue del 26,2% en los Estados árabes y del 22,6% en el norte de África. En África subsahariana, en cambio, se situó en el 8,4%, por debajo de la media mundial. Esa diferencia no significa que en esta última región resulte más fácil construir un futuro.

En países sin prestaciones suficientes, ahorros familiares o redes de protección, permanecer en paro mientras se busca un puesto adecuado es un lujo. Hay que vender en la calle, trabajar por jornadas, cultivar una pequeña parcela, conducir, reparar, limpiar o aceptar cualquier tarea que permita comer ese día. La estadística registra a la persona como ocupada, aunque sus ingresos sean irregulares y carezca de contrato, vacaciones, baja remunerada, pensión o cobertura sanitaria.

Por eso casi nueve de cada diez jóvenes ocupados en los países de renta baja y media-baja permanecen en la economía informal. Entre las personas de 25 a 29 años, dos de cada tres trabajan en modalidades inseguras. La OIT calcula que, en los países con datos disponibles, el 77,5% de la juventud asalariada de las economías de renta baja y media-baja tenía un empleo informal. Trabajar existe; lo que falta es un trabajo capaz de sostener una vida.

La informalidad tampoco es una etapa breve que siempre termina con el desarrollo. Puede convertirse en una trampa de larga duración: bajos ingresos impiden ahorrar, la falta de protección convierte una enfermedad o una mala cosecha en una crisis familiar y la ausencia de cotizaciones deja a las personas sin seguridad para el futuro. Cuando el horizonte se estrecha, la migración aparece como una estrategia de supervivencia y de movilidad social para hogares enteros.

Cuando emigrar se convierte en la única salida

A mediados de 2024, alrededor de 304 millones de personas vivían en un país distinto del de su nacimiento, el 3,7% de la población mundial. La cifra casi duplica los 154 millones registrados en 1990. No todas migraron por trabajo ni todas proceden de países empobrecidos, pero la búsqueda de empleo, salarios y seguridad es una fuerza central de la movilidad internacional.

La migración laboral puede ser una decisión libre y beneficiosa. Permite aprender, mejorar los ingresos y conocer otros lugares. El problema comienza cuando la alternativa real es elegir entre un empleo que no cubre las necesidades básicas, la falta absoluta de oportunidades o la salida. En ese contexto, la libertad de movimiento existe sobre el papel, pero está condicionada por la necesidad.

También conviene evitar una simplificación: migrante económico, persona refugiada y desplazada no son sinónimos. Una persona refugiada cruza una frontera porque huye de persecución, conflicto o violencia y necesita protección internacional. Una persona desplazada puede verse obligada a abandonar su hogar sin salir de su país. Quien migra para trabajar puede hacerlo con mayor margen de decisión, aunque el hambre, el colapso económico o la degradación ambiental reduzcan ese margen hasta hacerlo casi inexistente. En la vida real, las causas se mezclan y una etiqueta administrativa rara vez resume toda una historia.

Las personas más pobres suelen migrar cerca

La imagen de alguien que sale de un país empobrecido y llega directamente a Europa o Norteamérica no representa la mayor parte de los desplazamientos. Migrar al extranjero cuesta dinero: documentos, transporte, intermediarios y los primeros meses sin una red estable. Por eso, como recuerda el Banco Mundial, las personas con menos recursos suelen desplazarse primero dentro de su propio país. Van del campo a la ciudad, de una región golpeada por la sequía a otra con más empleo o de una localidad pequeña a un centro industrial.

Cuando cruzan una frontera, muchas permanecen en la misma región. Alrededor de 45,8 millones de migrantes internacionales habían nacido en África a mediados de 2024 y unos 25 millones vivían en otro país africano. Es decir, más de la mitad de la migración africana internacional era intrarregional. Costa de Marfil, Sudáfrica, Uganda, Kenia o Nigeria, entre otros países, son también lugares de destino.

Este dato desmonta el relato que presenta a Europa como destino inevitable de toda la movilidad africana. En 2024 vivían en Europa unos 10,6 millones de migrantes nacidos en África, una parte relevante, pero muy inferior al volumen de africanos que residían en otro país del propio continente. La mayoría busca el futuro tan cerca de casa como le permiten las oportunidades.

La movilidad interna y regional puede reducir costes y mantener vínculos familiares, pero no elimina la vulnerabilidad. Una persona puede cruzar una frontera vecina sin contrato, pagar comisiones abusivas a reclutadores, sufrir discriminación o quedar excluida de la sanidad, la vivienda y la protección laboral. La OIT señala que la regulación débil, los elevados costes de contratación y la escasa coordinación entre países exponen a quienes migran a la explotación y la irregularidad.

La mano de obra migrante sostiene la economía mundial

El discurso político habla con frecuencia de las personas migrantes como una carga. Los datos laborales muestran lo contrario. La OIT estimó que en 2022 había 167,7 millones de migrantes internacionales dentro de la fuerza de trabajo mundial. De ellos, 155,6 millones estaban empleados. Cultivan y recogen alimentos, cuidan a personas mayores, construyen viviendas, limpian, transportan mercancías, trabajan en hospitales, fábricas, comercios y servicios digitales.

Muchos países de destino necesitan esa mano de obra por el envejecimiento de su población, la falta de trabajadores en determinados sectores o unas condiciones que la población local rechaza. Sin embargo, el permiso de residencia suele depender del empleador, las titulaciones no siempre se reconocen y la amenaza de perder los papeles reduce la capacidad de denunciar abusos. La economía demanda su trabajo mientras la política restringe sus derechos.

La juventud migrante ocupa una posición especialmente frágil. Tiene menos experiencia, conoce peor las normas del país de destino y puede cargar con la deuda contraída para pagar el viaje. Cuando las vías regulares son escasas, aumenta el poder de intermediarios y empresarios para imponer salarios inferiores, jornadas excesivas o alojamientos indignos. No se trata de una consecuencia inevitable de migrar, sino del resultado de leyes que subordinan la residencia al mercado laboral y colocan a unas personas en una categoría con menos capacidad de defensa.

Garantizar los mismos derechos laborales no perjudica a quienes ya viven en el país de destino. Al contrario: impide que la vulnerabilidad de una parte de la plantilla sea utilizada para rebajar las condiciones de todas. Sindicación, inspección laboral, permisos que no dependan de un solo empresario y vías seguras de contratación son herramientas contra la explotación y contra la competencia a la baja.

Remesas: salarios que mantienen hogares y economías

El salario de una persona migrante rara vez termina en una sola casa. El Banco Mundial estimó que las remesas enviadas oficialmente a países de renta baja y media alcanzaron los 685.000 millones de dólares en 2024. Esa cantidad superó, en conjunto, la inversión extranjera directa y la ayuda oficial al desarrollo recibidas por esos países. El volumen real es probablemente mayor, porque una parte del dinero viaja por canales informales que no aparecen en las estadísticas.

Las remesas pagan alimentos, alquileres, medicinas, matrículas, materiales escolares y pequeñas inversiones. Ayudan a las familias a resistir una mala cosecha, una enfermedad o una crisis económica. También aportan divisas y sostienen el consumo en los países de origen. Detrás de ese flujo hay turnos de trabajo, horas extra y renuncias personales de quienes viven lejos.

Pero convertir las remesas en una política de desarrollo sería profundamente injusto. Ningún Estado debería descansar sobre el sacrificio de su población emigrada ni delegar en ella la financiación de derechos básicos. La salida de jóvenes puede vaciar comunidades, separar familias y privar a hospitales, escuelas y empresas de personal formado. Las remesas alivian necesidades; no sustituyen la creación de empleo digno, los servicios públicos, una fiscalidad justa ni la inversión productiva.

Existe una contradicción evidente: los países ricos reciben fuerza de trabajo formada parcialmente con recursos de otros Estados y, al mismo tiempo, limitan la movilidad regular o recortan la cooperación. La OIT advierte de que los conflictos, la fragilidad del comercio y la congelación de la ayuda internacional pueden profundizar la desigualdad de oportunidades entre territorios. Cuanto más difícil resulte construir un futuro en origen, más personas intentarán buscarlo fuera.

Rutas cerradas, viajes más peligrosos

La necesidad de moverse no desaparece porque se cierre una frontera. Lo que cambia es la ruta. Cuando faltan visados laborales, programas de movilidad y procedimientos accesibles, las personas quedan en manos de redes que cobran más por recorridos cada vez más largos y peligrosos. En 2025, al menos 7.667 personas murieron o desaparecieron en rutas migratorias de todo el mundo, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. Es una cifra mínima: muchas muertes nunca se registran.

Reducir estas tragedias exige algo más que vigilancia fronteriza. Requiere vías legales y seguras, rescate, información fiable antes de viajar, acuerdos de contratación justa y protección frente a la trata y el trabajo forzoso. También implica dejar de criminalizar a quienes auxilian a personas en peligro y garantizar que pedir asilo sea posible sin jugarse la vida.

La externalización de fronteras tampoco elimina las causas de la movilidad. Traslada el control a países de tránsito y deja a las personas atrapadas en lugares donde pueden carecer de derechos efectivos. El resultado es un sistema que necesita trabajadores migrantes, pero dificulta su llegada regular; que se beneficia de su precariedad y después la utiliza para alimentar el rechazo social.

Conflictos y desastres: cuando desplazarse no es una elección

El deterioro del empleo se produce además en un mundo atravesado por guerras y crisis climáticas. La OIT contabilizó 65 conflictos armados de carácter estatal en 2025. Al final de ese año, 68,6 millones de personas vivían desplazadas por conflictos y violencia y otros 13,6 millones por desastres. Muchas permanecían dentro de su propio país, por lo que no deben confundirse automáticamente con migrantes internacionales.

La población joven soporta una parte desproporcionada de estas crisis. La pérdida de escuelas, redes familiares, documentos y medios de vida interrumpe la transición hacia el empleo. Una persona que huye puede tardar años en recuperar sus estudios o lograr que se reconozca su formación. Sin permisos, termina con frecuencia en la economía informal, incluso cuando posee capacidades que el país de acogida necesita.

La emergencia climática añade presión sobre territorios donde la agricultura y el trabajo informal sostienen a gran parte de la población. El Banco Mundial contempla escenarios de hasta 216 millones de desplazamientos internos por impactos climáticos para 2050 si no se actúa con suficiente ambición. No es una predicción inevitable, sino una advertencia: reducir emisiones, adaptar cultivos, garantizar agua y diversificar las economías puede evitar desplazamientos forzados.

Hablar de «refugiados climáticos» puede servir para llamar la atención, pero hoy esa categoría no está reconocida de manera general por el derecho internacional. Lo urgente es proteger a las personas afectadas sin obligarlas a encajar en una única causa. Quien pierde su cosecha por una sequía puede endeudarse, quedarse sin empleo, trasladarse a una ciudad y, después, cruzar una frontera. Clima, pobreza y trabajo forman una cadena.

Crear futuro en origen y garantizar derechos en destino

La respuesta no puede consistir en ordenar a la juventud que se quede donde no encuentra una vida digna. Tampoco en celebrar la emigración como si solucionara por sí sola la falta de empleo. Hacen falta dos políticas simultáneas: crear oportunidades reales en los países de origen y garantizar una migración segura y con derechos para quienes decidan marcharse.

La OIT propone inversión pública y privada orientada a la creación de empleo, protección social, educación y formación conectadas con trabajos reales, financiación para pequeñas empresas, políticas industriales y participación juvenil y sindical. En África, donde seguirá creciendo la población en edad de trabajar, señala la necesidad de desarrollar industrias verdes, fortalecer los sistemas productivos y acordar canales de migración laboral justos y abiertos.

Estas medidas necesitan margen financiero. La deuda externa y sus intereses consumen recursos que podrían destinarse a hospitales, escuelas, adaptación climática e infraestructuras. El alivio de la deuda, una fiscalidad internacional que limite la evasión, el fin de los flujos financieros ilícitos y una cooperación que no imponga dependencia son también políticas de empleo juvenil.

En los países de destino, los permisos deben permitir cambiar de empleador, la contratación debe ser transparente y las agencias no pueden trasladar comisiones abusivas a la persona trabajadora. Los servicios públicos deben ser accesibles, las cualificaciones reconocibles y la inspección laboral capaz de actuar sin que denunciar termine en expulsión. Una frontera no puede convertirse en una línea que separe a quienes tienen derechos de quienes solo tienen obligaciones.

La migración puede beneficiar a los países de origen, de tránsito y de destino, pero no bajo cualquier condición. Los beneficios no aparecen automáticamente: dependen de quién negocia el salario, quién conserva el pasaporte, quién paga el viaje, quién puede reagrupar a su familia y quién tiene voz colectiva. Sin derechos, la movilidad se convierte en otra forma de desigualdad.

El derecho a emigrar y el derecho a no tener que hacerlo

Millones de jóvenes se buscan la vida lejos de casa porque el mapa mundial del empleo sigue marcado por el lugar de nacimiento. Un pasaporte abre puertas; otro obliga a esperar, pagar, esconderse o arriesgar la vida. Mientras tanto, el trabajo de quienes consiguen llegar mantiene sectores esenciales en los países de destino y sus salarios sostienen familias y economías en los países de origen.

La solución no es enfrentar a la juventud de unos territorios con la de otros. Quien acepta un empleo precario por necesidad no es responsable de que el empresario rebaje las condiciones. Quien cruza una frontera no causa la falta de vivienda pública ni el deterioro de los servicios. Convertir a las personas migrantes en culpables desvía la atención de quienes se benefician de salarios bajos, especulación y recortes.

Una política verdaderamente justa debe defender dos derechos a la vez: el derecho a emigrar sin morir en el camino ni perder la dignidad, y el derecho a quedarse sin que eso signifique renunciar a un futuro. Nadie debería verse obligado a abandonar su hogar para comer; nadie debería quedar atrapado en él por no poder pagar el viaje.

La juventud de los países empobrecidos no necesita discursos sobre esfuerzo individual. Ya trabaja, cuida, estudia, se desplaza y sostiene a sus familias en condiciones extraordinariamente difíciles. Necesita empleos dignos, servicios públicos, paz, justicia climática y libertad de movimiento. El futuro no debería ser un privilegio reservado a quienes nacen en el país correcto.