Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo de diciembre de 2022. Foto: Populares de Madrid / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles cuestiona las medidas anunciadas por la presidenta madrileña y reclama una negociación tras cinco meses de huelga indefinida, según recoge en su comunicado.
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha respondido a los anuncios de Isabel Díaz Ayuso sobre el sector con una exigencia: que las mejoras salariales queden garantizadas en los contratos públicos y no dependan de la voluntad de las empresas adjudicatarias. En un comunicado fechado el 12 de septiembre de 2026, la organización reclama también reducir las ratios, incorporar dos educadoras por aula y abrir una mesa de negociación.
Las profesionales cuestionan que el Gobierno madrileño vincule los aumentos retributivos a nuevos cursos y a incentivos para las empresas que gestionan las escuelas. Consideran que ese planteamiento no reconoce suficientemente la cualificación que ya poseen ni la responsabilidad de su trabajo.
«¿Para cuándo la remuneración directa por la labor que hacemos y la formación que ya tenemos?»
El documento responde a varias de las medidas presentadas por la presidenta durante la sesión parlamentaria sobre el estado de la región. Su principal objeción es que algunas actuaciones anunciadas como novedades, según sostiene la organización, ya forman parte del funcionamiento de las escuelas, mientras que otras carecen de garantías y plazos claros.
Formación que las trabajadoras ya realizan
La formación continua ocupa una parte central de la respuesta. Frente al anuncio de una oferta formativa que pueda traducirse en incrementos salariales, la plataforma señala que las trabajadoras ya realizan formación permanente. Según explica, el convenio contempla acreditar 60 horas cada tres años para percibir un complemento de 22 euros.
Las educadoras reclaman conocer el contenido de los nuevos cursos, quién los diseñará y si se impartirán dentro de la jornada laboral. También preguntan cómo se cubrirá la atención al alumnado cuando las profesionales deban ausentarse del aula para formarse y qué reconocimiento tendrán quienes llevan años actualizando sus conocimientos.
Otra de sus preocupaciones es que los posibles aumentos acaben absorbidos por futuras subidas del salario mínimo interprofesional. Por eso piden concretar tanto las cuantías como las condiciones de aplicación.
Dos educadoras por aula, pero sin un calendario claro
El anuncio de incorporar dos educadoras por aula a medida que finalicen los contratos actuales tampoco despeja, a juicio de la plataforma, cuándo llegará ese refuerzo a las escuelas. La organización exige aclarar si las adjudicaciones concluirán al terminar su periodo inicial o si se recurrirá a prórrogas.
La diferencia resulta determinante para las trabajadoras: advierten de que prolongar los contratos puede retrasar durante años la incorporación de más personal. Su petición es que no se prorroguen las licitaciones y que los nuevos pliegos incluyan expresamente las mejoras laborales y educativas.
Las familias necesitan participación y respuestas
La plataforma también cuestiona la propuesta de dar mayor protagonismo a las familias mediante encuestas anuales de satisfacción. Según asegura, estos cuestionarios ya se utilizan desde hace años.
Para la organización, una participación efectiva requiere además atender las solicitudes de reunión de las familias y escuchar sus dificultades, especialmente durante el periodo de vinculación al inicio del curso.
Más escolarización exige condiciones adecuadas
En materia de escolarización, el comunicado responde al porcentaje del 57,8 % que atribuye a la intervención de Ayuso. Las profesionales reconocen que la gratuidad favorece el acceso a las escuelas infantiles, pero reclaman que la ampliación de la cobertura vaya acompañada de condiciones adecuadas de atención.
En ese sentido, denuncian aulas con hasta 20 menores y sitúan la reducción de ratios y la pareja educativa entre sus principales reivindicaciones. Su reclamación vincula las condiciones laborales con el tiempo y los recursos disponibles para atender a la infancia.
Cinco meses de huelga y una petición de negociación
Tras cinco meses de huelga indefinida, según señala el documento, la plataforma pide al Ejecutivo autonómico propuestas concretas y una negociación que incluya un aumento salarial. Las trabajadoras consideran insuficiente ofrecer incentivos a las adjudicatarias si estos no aseguran una mejora efectiva de sus nóminas.
«Queremos que no se prorroguen más licitaciones y que los nuevos pliegos de condiciones tengan incluidas estas subidas salariales».
La exigencia se completa con una condición: que su aplicación no dependa de las empresas que decidan implantarlas. La plataforma reclama que la financiación pública se traduzca en mejoras salariales garantizadas y más recursos para la atención educativa.
