Hay una forma especialmente discreta de decidir el futuro de los servicios públicos: entregar el suelo, presentar la operación como una conquista social y dejar para después la discusión sobre quién gestionará el servicio. No hace falta vender una parcela para renunciar a decidir plenamente qué se hace con ella. A veces basta con cederla sin exigir todas las garantías posibles.
Eso es lo que merece una reflexión tras la decisión del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de ceder gratuitamente a la Comunidad de Madrid una parcela municipal de 9.108 metros cuadrados en Soto del Henares para construir una residencia de mayores y un centro de día. La operación, aprobada en el pleno extraordinario del 9 de octubre, se enmarca en el Plan 40-40 del Gobierno regional, basado en la colaboración público-privada.
Conviene empezar por una cuestión elemental: Torrejón necesita recursos para atender a sus mayores. Disponer de nuevas plazas residenciales y servicios de atención a la dependencia es una necesidad social. Precisamente por eso, la discusión no debería limitarse a celebrar la futura construcción de un edificio. Lo verdaderamente importante es determinar qué clase de servicio se pretende ofrecer, en qué condiciones, con qué garantías y bajo qué responsabilidad.
Porque una residencia no es simplemente un inmueble. Es el lugar donde personas dependientes pasarán una parte decisiva de sus vidas. Donde necesitarán cuidados, acompañamiento, atención sanitaria, alimentación, higiene y relaciones humanas. Un espacio en el que la calidad del servicio puede marcar la diferencia entre vivir con dignidad y limitarse a estar atendido sobre el papel.
Y cuando hablamos de dignidad, el modelo de gestión deja de ser un detalle administrativo.
El Ayuntamiento presenta la llegada de una residencia como una buena noticia. Pero celebrar la infraestructura sin discutir suficientemente sus condiciones equivale a confundir el continente con el contenido. El ladrillo puede ser nuevo. La pregunta es qué habrá dentro.
Lo que vale una parcela que no se vende
La parcela de Soto del Henares no apareció de la nada. Es patrimonio municipal. Su valor no se reduce a los metros cuadrados ni a la cantidad que podría alcanzar en el mercado inmobiliario. Representa también una oportunidad colectiva: la posibilidad de destinar un recurso limitado a satisfacer necesidades de la población.
El suelo público tiene una particularidad que cualquier administración debería recordar antes de comprometerlo: una vez destinado a un proyecto de larga duración, deja de estar disponible para otros usos durante ese periodo.
No es una cuestión menor en una ciudad que necesita equipamientos sociales, servicios públicos y espacios para responder a las demandas de una población que cambia y envejece.
El argumento de que la parcela se destinará a un servicio de interés social es relevante, pero insuficiente para cerrar la discusión. Nadie cuestiona que construir una residencia pueda servir al interés general. Lo que debe examinarse es si las condiciones elegidas representan la mejor utilización posible del patrimonio común.
En enero, el Gobierno municipal aprobó la reorganización urbanística de dos parcelas de 4.554 metros cuadrados cada una para formar el terreno actual. Meses después, la cesión gratuita quedó aprobada. Son decisiones que responden a un procedimiento administrativo, pero también expresan prioridades políticas.
La gratuidad, por cierto, tiene una curiosa doble vida en el discurso institucional. Cuando se anuncia una nueva infraestructura, parece que todo son inversiones y beneficios. Cuando se entrega el terreno, el valor del suelo desaparece de la conversación. Sin embargo, que la Comunidad de Madrid no tenga que pagar por él no significa que carezca de valor económico o social.
Gratis para la administración receptora no significa que el recurso no tenga valor para los vecinos.
El problema no es construir, sino decidir cómo cuidar
El Plan 40-40 de la Comunidad de Madrid contempla 40 residencias y 40 centros de día mediante fórmulas de colaboración público-privada. El Ejecutivo autonómico ha anunciado una inversión superior a 500 millones de euros y una previsión de 6.000 plazas residenciales y 2.000 de atención diurna.
Según la propia Comunidad, el modelo reserva al menos un 40 % de las plazas a la oferta pública regional, mientras que para el resto contempla el acceso mediante la prestación económica vinculada al servicio, conocida como cheque servicio.
Estos datos permiten comprender que el proyecto regional no equivale a una red de residencias íntegramente gestionadas de forma directa por la Administración. Tampoco significa que todas sus plazas sean exclusivamente privadas. La distinción importa porque discutir con rigor exige describir correctamente aquello que se cuestiona.
Sus defensores sostienen que la colaboración con empresas permite movilizar inversión, acelerar la construcción y ampliar la oferta asistencial. Son argumentos que merecen ser examinados. La demanda de plazas existe y retrasar indefinidamente nuevos equipamientos tampoco sería una respuesta satisfactoria.
Pero la rapidez de una actuación no demuestra por sí misma su superioridad. Para evaluar un modelo hacen falta contratos, costes completos, condiciones laborales, mecanismos de inspección y resultados asistenciales comparables.
La gestión privada introduce además una variable que no existe de la misma manera en la gestión pública directa: la necesidad empresarial de obtener un rendimiento económico. Eso no demuestra automáticamente que una residencia privada cuide peor. Sí obliga a preguntarse cómo se garantiza que las decisiones económicas no condicionen negativamente el personal, la atención y la calidad del servicio.
En una residencia, las plantillas no son un gasto accesorio. Las gerocultoras, el personal de enfermería, quienes limpian, cocinan o acompañan a los residentes constituyen la base del cuidado cotidiano. Las condiciones en que trabajan forman parte inseparable de la calidad que reciben las personas mayores.
Por eso resulta razonable exigir algo más que una promesa de nuevas plazas: transparencia sobre la financiación, ratios efectivas de personal, inspecciones, condiciones laborales y responsabilidades cuando el servicio no funciona.
La condición que no prosperó
En el pleno del 9 de octubre, el PSOE presentó una enmienda para condicionar la cesión de la parcela a que la futura residencia fuera de gestión pública o, alternativamente, a que se estudiaran otras ubicaciones, dado que el terreno se encuentra junto a varias viviendas, con el objetivo de que dicha parcela se mantuviera como espacio verde. Según la información difundida por esta formación, la propuesta fue rechazada por el Partido Popular. El acuerdo de cesión salió adelante sin incorporar esa exigencia.
Este episodio constituye el núcleo político de la controversia. La discusión no consistía únicamente en apoyar o impedir una residencia. Existía una discrepancia concreta sobre las condiciones que debían acompañar la utilización del suelo municipal.
El Gobierno local tiene derecho a defender la colaboración público-privada y a explicar por qué considera conveniente integrarse en el plan autonómico. Del mismo modo, la oposición puede reclamar una gestión pública directa sin que esa posición deba interpretarse como un rechazo a construir equipamientos para mayores.
Reducir una discrepancia sobre el modelo asistencial a estar a favor o en contra de una residencia empobrece el debate y evita responder a sus aspectos esenciales.
Lo que corresponde explicar a los responsables municipales es por qué no se incorporó esa garantía, qué obligaciones concretas asumirá la Comunidad de Madrid y qué capacidad tendrá Torrejón para exigir el cumplimiento de los compromisos.
También debería hacerse público el expediente completo de la cesión, incluida la valoración del terreno, su régimen jurídico, los plazos previstos y las condiciones de reversión que correspondan.
No se trata de presumir irregularidades. Se trata de que una decisión sobre patrimonio municipal exige explicaciones verificables y accesibles.
Lo público también se mide por el control
Existe una confusión que conviene despejar. Que un servicio esté financiado con recursos públicos, integrado en una red autonómica o construido sobre terreno municipal no significa necesariamente que su gestión sea pública directa.
Son cuestiones distintas: quién aporta el suelo, quién financia las instalaciones, quién presta la asistencia, quién contrata al personal y quién responde por los resultados.
Cuando estas funciones se distribuyen entre administraciones y empresas, resulta especialmente importante delimitar las obligaciones de cada parte. La colaboración puede organizarse de diferentes maneras, pero ninguna debería utilizarse como excusa para diluir responsabilidades.
Las administraciones conservan deberes de supervisión sobre los servicios de su competencia, también cuando recurren a operadores privados. Sin embargo, supervisar una actividad y gestionarla directamente no son lo mismo. Esa diferencia debe ser conocida por quienes finalmente utilizan el servicio y por quienes lo financian.
La atención a la dependencia no debería evaluarse exclusivamente por el número de plazas anunciadas. También importa cuántas son realmente accesibles, cuánto pagan los usuarios, qué atención reciben, cuánto personal trabaja en cada turno y qué mecanismos existen para corregir deficiencias.
Una ciudad puede inaugurar edificios y seguir sin resolver adecuadamente sus necesidades sociales.
Lo decisivo no es la ceremonia inaugural, sino lo que sucede cada mañana cuando una persona mayor necesita ayuda para levantarse, asearse o desayunar.
Una decisión que compromete el futuro
El caso de Soto del Henares revela una discusión que supera los límites municipales. La gestión de los cuidados se está convirtiendo en uno de los grandes asuntos políticos de una sociedad envejecida. No basta con reconocer la necesidad de ampliar los recursos; también hay que decidir cómo se distribuyen sus costes, sus responsabilidades y sus beneficios.
Los gobiernos están legitimados para defender modelos diferentes. Pero ninguna mayoría municipal debería convertir esa legitimidad en una razón para evitar el escrutinio público sobre las condiciones de utilización del patrimonio de todos.
En Torrejón todavía quedan cuestiones por concretar sobre la futura residencia. Precisamente por eso, la transparencia debe comenzar antes de que el edificio exista, no cuando la contratación y los compromisos estén cerrados.
Una parcela municipal no es un regalo personal del alcalde ni una aportación gratuita que deba desaparecer del balance político de la operación. Es un bien colectivo sobre el que se toman decisiones en nombre de la ciudadanía.
Tal vez la residencia llegue a construirse y proporcione un servicio necesario. Eso sería una noticia relevante para las familias que necesitan cuidados. Pero su utilidad futura no elimina la obligación presente de explicar las condiciones de la cesión ni sustituye el debate sobre la gestión pública directa.
Porque la verdadera medida de una política social no es cuánto patrimonio consigue movilizar una administración para anunciar nuevos proyectos, sino qué derechos garantiza con él.
El terreno lo pone Torrejón. Lo mínimo exigible es que los vecinos sepan quién decidirá sobre los cuidados, quién responderá por ellos y qué garantías reciben a cambio. El suelo público tiene dueño: la ciudadanía. Y sus derechos no deberían quedar fuera de la operación.
