Madrid arde: los datos sobre bomberos, prevención y tauromaquia que ponen contra las cuerdas a Ayuso

El peor incendio de la historia reciente de la Comunidad de Madrid no puede explicarse únicamente por el viento y el calor. La emergencia ha encontrado una prevención incompleta, conflictos laborales enquistados y una política presupuestaria que aumenta el dinero para la tauromaquia mientras mantiene bajo presión a quienes protegen el territorio.

La Sierra Oeste sigue ardiendo. Tres incendios que comenzaron separados —Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox— terminaron uniéndose en un único gran frente. En la mañana del 25 de julio, el fuego continuaba activo y descontrolado.

Al cierre del viernes, el Gobierno regional estimaba unas 12.000 hectáreas afectadas y alrededor de 50.000 personas habían sido evacuadas o confinadas en la Comunidad de Madrid. La magnitud de la emergencia obligó al Ministerio del Interior a declarar la emergencia de interés nacional. La propia Comunidad confirmó la unión de los tres incendios, mientras RTVE informaba este sábado de que el fuego seguía activo y descontrolado.

Son cifras que describen una catástrofe, pero no explican por sí solas cómo se ha llegado hasta aquí.

Ningún análisis riguroso puede atribuir un incendio concreto a una sola decisión política. El origen de cada fuego debe investigarse y su propagación depende también del viento, la temperatura, la humedad, la orografía y la cantidad de combustible acumulado. Pero tampoco resulta aceptable utilizar las condiciones meteorológicas como una coartada que borre años de decisiones sobre prevención, personal y medios.

El fuego puede comenzar por una imprudencia, un accidente o una acción intencionada. Que encuentre un territorio preparado, un operativo estable y una plantilla con recursos suficientes sí depende de las administraciones.

La prevención que no se hizo

La primera grieta del relato oficial aparece en los propios documentos de la Comunidad de Madrid. De las 6.524 hectáreas sobre las que estaba previsto realizar trabajos preventivos antes de la campaña de 2025, quedaron sin tratar 2.357,07. Es decir, no se ejecutó el 36% de la superficie planificada.

La Administración regional justificó parte de ese incumplimiento por las condiciones meteorológicas de la primavera y por el traslado temporal de brigadas para colaborar tras la DANA de Valencia. Las explicaciones pueden contextualizar el dato, pero no lo eliminan: más de una de cada tres hectáreas programadas quedó sin preparar.

Para 2026, la Comunidad asegura haber realizado actuaciones preventivas sobre más de 5.600 hectáreas, incluyendo trabajos selvícolas, siegas, pastoreo controlado y repaso de cortafuegos. Al mismo tiempo, los bomberos forestales gestionados por Tragsa denunciaron en abril que la huelga había reducido aproximadamente a la mitad los trabajos preventivos del invierno.

No se puede establecer de forma automática una relación causal entre una hectárea no desbrozada y el avance de un incendio concreto. Sí se puede afirmar que la prevención que figura en una presentación pública solo protege el monte cuando se ejecuta realmente, se audita y se mantiene durante todo el año.

Dos conflictos laborales que no comenzaron con las llamas

Conviene diferenciar dos conflictos que a menudo aparecen mezclados.

Por un lado están las brigadas forestales gestionadas por Tragsa, empresa pública estatal a la que la Comunidad de Madrid encarga buena parte de la prevención y del apoyo a la extinción. Este colectivo inició una huelga el 15 de julio de 2025. Sus reivindicaciones incluyen la negociación de un convenio caducado desde 2012, estabilidad durante todo el año, mejoras salariales, medidas frente a la exposición a agentes cancerígenos y el reconocimiento efectivo de su profesión.

Los representantes de la plantilla sostienen que el nuevo encargo reduce de 520 a 420 los puestos estables y que las brigadas terrestres que en el verano de 2025 trabajaban con siete componentes pasan a cinco. La Comunidad defiende, por el contrario, que el encargo dispone de financiación suficiente para atender las mejoras reclamadas. Lo indiscutible es que el verano ha llegado sin resolver el conflicto.

Por otro lado se encuentran alrededor de 60 bomberos forestales que son personal laboral directo de la Comunidad de Madrid. Su huelga comenzó en mayo de 2023 y supera ya los tres años. Reclaman estabilidad, reconocimiento profesional y la aplicación de la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales.

Durante los incendios de julio, estos trabajadores denunciaron que permanecían en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, sin vehículos ni herramientas para incorporarse a los parques y que sus solicitudes para ser activados no habían sido atendidas. La reducción de dotaciones y la situación de estos efectivos fue recogida por La Vanguardia.

El Gobierno regional respondió que debían presentarse en las bases operativas asignadas, los acusó de mantener una estrategia de “chantaje” y anunció que estudiaría posibles responsabilidades administrativas y jurídicas.

La emergencia no comenzó el día en que se unieron los frentes. Comenzó cuando negociar dejó de ser una prioridad.

Las dos versiones deberán contrastarse hasta el final. Pero hay una responsabilidad política anterior a esa disputa: una administración no puede dejar que un conflicto con trabajadores de un servicio esencial se pudra durante más de tres años y pretender que desaparezca cuando el monte empieza a arder.

Más presupuesto no significa necesariamente más capacidad real

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene un argumento que debe recogerse: la inversión anunciada para el INFOMA 2026 supera los 52,5 millones de euros, con un incremento cercano a 1,6 millones respecto a 2025. El dispositivo oficial suma 6.110 profesionales y voluntarios y prevé 571 efectivos diarios en extinción, 25 retenes de brigadas forestales, 10 helicópteros y distintos medios terrestres.

Por tanto, no sería exacto afirmar que en 2026 existe un recorte global de la partida del INFOMA.

El problema está en la distancia entre el presupuesto anunciado y la capacidad disponible sobre el terreno. La cifra de 6.110 agrupa, entre otros colectivos, a 3.420 voluntarios de Protección Civil, 1.680 bomberos autonómicos, más de 350 agentes forestales y personal del 112. Es una suma útil para describir el conjunto del dispositivo, pero no equivale a 6.110 personas atacando directamente el fuego.

El presupuesto es imprescindible, pero no apaga incendios por sí solo: tiene que convertirse en empleo estable, vehículos operativos, herramientas, formación, prevención ejecutada y coordinación.

Existe, además, un precedente difícil de ignorar. En enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los bomberos en su reclamación sobre cerca de 40 millones de euros recaudados entre 2019 y 2023 mediante la contribución especial procedente de las aseguradoras.

La sentencia estableció que esos fondos debían destinarse íntegramente a inversiones reales en prevención y extinción, y no a gastos corrientes u otros usos. Cuando los tribunales tienen que recordar a un Gobierno para qué se recauda el dinero de los bomberos, el problema ya no es solo presupuestario: es de prioridades y de gestión.

Los toros también retratan una política

La comparación con la tauromaquia no significa que los 7,17 millones destinados a Asuntos Taurinos pudieran haber detenido por sí solos un incendio de comportamiento extremo. Significa algo más sencillo: los presupuestos muestran qué políticas se protegen, cuáles crecen y cuáles pueden esperar.

El programa de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid dispone en 2026 de 7.171.778 euros, frente a los 4.490.668 de 2025. El incremento ronda el 60%.

Dentro de esa cantidad aparecen 3,79 millones para inversiones, principalmente vinculadas a Las Ventas; 1,7 millones en una subvención nominativa a la Fundación Toro de Lidia; y otros 50.000 euros en ayudas para entidades que promocionen la tauromaquia.

Esos 7,17 millones equivalen aproximadamente al 14% de todo el presupuesto anunciado para el INFOMA 2026. No son partidas idénticas ni deben presentarse como si una pudiera trasladarse mecánicamente a la otra. Pero el contraste es políticamente legítimo: mientras el presupuesto taurino crece cerca de un 60%, los bomberos forestales denuncian menos personal estable, brigadas más pequeñas, precariedad, prevención incompleta y conflictos laborales sin resolver.

La Comunidad ha encontrado 1,7 millones para subvencionar a la Fundación Toro de Lidia y casi 3,8 millones para inversiones taurinas. Sin embargo, no ha encontrado durante años la fórmula política para sentarse, acordar y garantizar que todo el personal forestal llegue al verano con estabilidad, funciones claras y medios.

No es una discusión entre cultura y emergencias. Es una discusión sobre qué entiende el Gobierno regional por cultura, qué considera prescindible y a quién escucha cuando distribuye el dinero público.

La izquierda también debe huir de las simplificaciones

Criticar la gestión de Ayuso no obliga a negar la dureza excepcional de las condiciones meteorológicas, el trabajo de miles de profesionales ni la necesidad de cooperación entre administraciones. Tampoco autoriza a convertir cualquier dato en una relación automática de causa y efecto.

Precisamente desde una perspectiva de izquierdas, la crítica debe ser más exigente con los hechos. El problema no es que el Ejecutivo madrileño no haya gastado nada. El problema es que una inversión creciente convive con una organización fragmentada, plantillas enfrentadas con la Administración, temporalidad, menos efectivos por brigada y planes preventivos que no siempre se cumplen.

La política pública no se mide solo por lo que se anuncia en junio. Se mide por el monte tratado en febrero, el vehículo que funciona en julio, la plaza cubierta durante todo el año y el trabajador que puede ejercer su profesión sin tener que encadenar huelgas para que le reconozcan.

Después del fuego

Cuando las llamas se apaguen llegará el momento de las fotografías, las ayudas de emergencia y las promesas de reconstrucción. Será necesario atender a las familias desalojadas, las viviendas dañadas, los municipios afectados, las explotaciones ganaderas y la recuperación ambiental. Pero reconstruir no puede volver a significar regresar al mismo punto de partida.

Madrid necesita publicar de forma comprensible cuántas hectáreas preventivas se planifican y cuántas se ejecutan; estabilizar las plantillas forestales; dimensionar las brigadas con criterios de seguridad; aplicar plenamente la Ley 5/2024; cumplir las resoluciones judiciales sobre el dinero destinado a bomberos; y resolver mediante negociación los conflictos que debilitan el operativo.

También necesita revisar si tiene sentido aumentar casi un 60% el presupuesto taurino mientras quienes cuidan los montes denuncian precariedad y falta de medios. No porque Las Ventas sea la causa del fuego, sino porque cada presupuesto es una declaración política.

Los incendios se combaten en verano, pero se evitan durante todo el año. Y la prevención no consiste únicamente en limpiar monte: también consiste en cuidar a quienes lo conocen, lo vigilan y se juegan la vida cuando todo lo demás falla.

Datos actualizados a la mañana del 25 de julio de 2026. Las cifras de superficie afectada, evacuaciones y confinamientos pueden variar debido a la evolución de la emergencia.