Luisalbertoguerreromaldonado / Wikimedia Commons / CC
BY-SA 4.0.Internacional | Derechos indígenas | Medioambiente
25 de octubre de 2026 · Contraplano · Investigación y contexto internacional
Un informe de Amazon Frontlines documenta 39 casos de riesgo urgente para personas, comunidades y organizaciones defensoras de la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú. La criminalización, las amenazas directas y la presión de actividades extractivas y economías ilegales forman parte de una crisis que afecta también a los derechos colectivos y al autogobierno indígena.
Defender un bosque, denunciar la contaminación de un río o vigilar el acceso a un territorio ancestral puede implicar enfrentarse a amenazas, procesos judiciales e incluso al desplazamiento. Es la realidad que describe Defender la Amazonía bajo amenaza, el informe presentado por Amazon Frontlines en Quito el 20 de octubre de 2026.
La investigación se basa en el seguimiento y acompañamiento del programa Defender Defensorxs entre julio de 2024 y mayo de 2026. Examina 39 casos de riesgo urgente en Ecuador, Perú y Colombia e identifica formas de violencia que no siempre se traducen en ataques físicos: procedimientos penales o administrativos cuestionados por sus destinatarios, presiones económicas, intimidación, restricciones a la movilidad y fracturas dentro de las comunidades.
La organización sostiene que estos episodios afectan tanto a quienes sufren la amenaza como a las estructuras colectivas que organizan la vida comunitaria, vigilan el territorio y reclaman el respeto de los derechos indígenas. El estudio es una investigación de casos atendidos por una organización de derechos humanos, no un recuento exhaustivo de todos los ataques registrados en los tres países.
La unidad de análisis no es siempre una persona: algunos casos corresponden a organizaciones, comunidades o guardias indígenas. Las cifras 25 y 37 proceden de las declaraciones recogidas por EFE durante la presentación del informe.
Las distintas formas de perseguir la defensa territorial
La criminalización mediante mecanismos penales, administrativos o financieros representa la mayor proporción de los registros de amenazas. Le siguen las intimidaciones y agresiones directas, las presiones indebidas y los daños al tejido social.
Los procedimientos judiciales pueden generar costes de defensa, limitar la actividad de los dirigentes o reducir los recursos de las organizaciones, aunque la existencia de una investigación judicial no demuestra por sí sola que esta sea arbitraria.
Gráfico 1. Tipos de amenazas documentadas
El informe incluye menciones a diferentes actores como presuntos responsables de riesgos y amenazas. Se trata de atribuciones que recoge la organización, no de condenas judiciales ni de una demostración de responsabilidad de todos los integrantes de un sector.
Gráfico 2. Actores señalados en los casos estudiados
Ecuador: la criminalización y la disputa por los recursos
En Ecuador, la criminalización supone el 53,1 % de las amenazas documentadas por el estudio en el país. Amazon Frontlines denuncia investigaciones penales que considera injustificadas, bloqueos de cuentas bancarias y restricciones que dificultarían el trabajo de las organizaciones.
También advierte sobre las consecuencias que, a su juicio, tienen medidas como el Decreto 60, relativo a una reorganización ministerial, y la Ley de Transparencia Social.
Los representantes indígenas cuestionan el modo en que se gestionan proyectos extractivos y las garantías para la participación de las comunidades. Sus denuncias requieren examinar cada expediente y contrastar la respuesta de las instituciones y empresas afectadas.
Viviana Calapucha: cultivos destruidos y denuncias de desplazamientos
Viviana Calapucha, defensora territorial de la comunidad Tzawata-Ila-Chukapi, denunció durante la presentación del estudio el derribo de cultivos de cacao y maíz, episodios de confrontación con trabajadores de una empresa y la pérdida de medios de vida.
Según su testimonio, más de 150 familias habrían sido desplazadas en el marco del conflicto territorial.
Esta última cifra es una denuncia de la representante comunitaria, no una estimación independientemente corroborada en este artículo. Para determinar sus causas y alcance deben consultarse registros de desplazamiento, resoluciones administrativas y la versión de la empresa señalada.
El pueblo waorani señala a la expansión petrolera y minera
Oswando Nenquimo, presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), identificó la actividad petrolera y los proyectos mineros como dos grandes focos de preocupación.
Según su intervención, las comunidades continúan observando intentos de expansión extractiva pese a las victorias judiciales relacionadas con sus derechos territoriales.
La controversia incluye el alcance de la consulta previa, libre e informada y el cumplimiento de las sentencias y decisiones administrativas sobre actividades económicas en territorios indígenas.
Perú: economías ilegales y amenazas a las guardias indígenas
En la Amazonía peruana, la minería ilegal, la tala no autorizada, el narcotráfico y el tráfico de tierras aumentan la presión sobre comunidades que intentan mantener el control de sus territorios.
Las guardias indígenas organizan labores de vigilancia, patrullaje y alerta frente a incursiones y actividades que consideran perjudiciales para sus tierras.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) indicó que sus registros recogen al menos 15 personas indígenas asesinadas entre 2020 y 2026 y 38 durante los diez años anteriores.
Son cifras aportadas por la organización para periodos diferentes y no deben sumarse.
Julio Cusurichi Palacios, integrante del Consejo Directivo de AIDESEP, explicó que había afrontado una denuncia por parte de una empresa maderera y que el procedimiento fue anulado, según su testimonio.
El dirigente también expresó preocupación por la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
Perú no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, tratado regional dedicado al acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de personas defensoras del medioambiente.
Las organizaciones que promueven su ratificación consideran que podría reforzar el marco de garantías.
Colombia: amenazas de grupos armados y límites de la protección
En Colombia confluyen conflictos por la tierra, deforestación, economías ilegales y la presencia de grupos armados.
En áreas amazónicas, las amenazas pueden afectar a la movilidad, al gobierno propio y a los jóvenes de las comunidades.
Freddy Piaguaje, dirigente del pueblo siona en Putumayo, manifestó durante la presentación del informe que había recibido amenazas de muerte en tres ocasiones.
También denunció desplazamientos y presiones para reclutar jóvenes en el contexto de la presencia de actores armados. Se trata de su testimonio sobre la situación que afronta su comunidad.
Amazon Frontlines cuestiona la suficiencia de los mecanismos de protección centrados en individuos cuando el riesgo afecta al conjunto de una organización o un territorio.
Recuerda igualmente que la Corte Constitucional colombiana, mediante la sentencia SU-546 de 2023, reconoció un estado de cosas inconstitucional relacionado con las garantías de seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La violencia contra defensores ambientales en el mundo
El panorama descrito por Amazon Frontlines se conecta con los datos internacionales de Global Witness.
En su informe publicado el 16 de septiembre de 2026, esa organización registró al menos 124 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente durante 2025.
De las víctimas, 44 eran indígenas; el 85 % de los asesinatos documentados tuvo lugar en América Latina.
Las estadísticas de Global Witness son mundiales y no deben confundirse con los 39 casos urgentes que acompañó Amazon Frontlines en tres países. Se trata de metodologías, periodos y unidades de análisis distintos.
Gráfico 3. Asesinatos de defensores en países seleccionados (2025)
Global Witness contabilizó 39 asesinatos en Colombia y 26 en Brasil durante 2025, cifras que representan conjuntamente algo más de la mitad de los casos documentados mundialmente.
La organización advierte de que sus recuentos pueden subestimar los hechos reales por las dificultades de verificación en determinadas zonas.
Protección colectiva: defender también a la comunidad
El estudio de Amazon Frontlines sitúa la protección colectiva entre sus principales prioridades.
Según la organización, el 29,4 % de las medidas de apoyo benefició a organizaciones o comunidades, el 23,5 % a guardias indígenas y el 17,6 % a personas defensoras indígenas individualmente.
Son categorías de beneficiarios de medidas de apoyo y no porcentajes sobre el total de amenazas.
Entre las intervenciones de mitigación destacan la asistencia jurídica (25 %), el apoyo a una movilidad segura (16,7 %) y las medidas de seguridad física (15 %).
También se identifican necesidades de asistencia médica o psicológica y de protección espiritual y comunitaria (8,3 % en cada categoría).
Gráfico 4. Acciones de protección registradas
Cuatro exigencias dirigidas a los gobiernos
Amazon Frontlines pide a los Estados de Colombia, Ecuador y Perú el cese de lo que identifica como prácticas de criminalización y estigmatización; investigaciones independientes y efectivas de las agresiones; mecanismos de protección colectiva adaptados a las comunidades; y el cumplimiento de los estándares internacionales.
La organización reclama asimismo la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú en Ecuador y Colombia y su ratificación en Perú.
Considera necesario fortalecer el papel de las guardias indígenas, los gobiernos propios y los mecanismos comunitarios de prevención, en lugar de limitarse a respuestas individuales una vez producida una amenaza.
Qué está acreditado y qué sigue pendiente de contraste
Los 39 casos acompañados, la distribución de amenazas y las categorías de apoyo proceden del informe de Amazon Frontlines.
Los testimonios sobre amenazas de muerte, destrucción de cultivos o desplazamientos son declaraciones atribuidas a dirigentes indígenas. No se han tratado como sentencias judiciales ni como hechos individualmente confirmados por Contraplano.
Para completar el contraste de cada conflicto concreto sería necesario recabar las respuestas de las empresas señaladas, de los organismos competentes de los tres países y de las autoridades responsables de los procedimientos cuestionados.
Este artículo no dispone de esas contestaciones. Las cifras mundiales de asesinatos corresponden a la metodología de verificación de Global Witness y no pueden combinarse con las del programa Defender Defensorxs.
La información reunida permite identificar una cuestión común a los tres países: la brecha denunciada entre el reconocimiento formal de derechos indígenas y las garantías disponibles para ejercerlos en lugares donde convergen intereses extractivos, economías ilegales, violencia y debilidad de los mecanismos de protección.
Fuentes y documentación
- Amazon Frontlines. Informe Defender la Amazonía bajo amenaza (octubre de 2026)
- Amazon Frontlines. Presentación, metodología, cifras y testimonios (20 de octubre de 2026)
- Agencia EFE, reproducida por Eje21: declaraciones sobre casos de alto riesgo (21 de octubre de 2026)
- Global Witness. Asesinatos de defensores territoriales y ambientales en 2025 (16 de septiembre de 2026)
- AIDESEP. Difusión del informe y reivindicaciones indígenas (octubre de 2026)
