El modelo neerlandés de pensiones y el riesgo de normalizar la incertidumbre

Países Bajos ha puesto en marcha una reforma de su sistema de pensiones que marca un antes y un después en uno de los modelos más citados de Europa. El cambio no es menor ni técnico: supone abandonar, en la práctica, la idea de una pensión relativamente previsible para sustituirla por un sistema donde el resultado final depende mucho más de los mercados financieros.

La nueva ley, conocida como Wet toekomst pensioenen, está en vigor desde julio de 2023 y fija un periodo de transición hasta 2028. Durante ese tiempo, millones de trabajadores verán cómo sus derechos de jubilación dejan de expresarse como una promesa de renta futura y pasan a traducirse en un capital acumulado cuya evolución dependerá de cómo vaya la economía.

Países Bajos mantiene una pensión pública básica que actúa como red mínima, pero el grueso de los ingresos en la jubilación procede del pilar ocupacional. Es precisamente ese pilar el que se reforma ahora. El cambio implica aceptar que la seguridad de la pensión ya no descansa tanto en reglas colectivas como en la rentabilidad de los fondos.

Este desplazamiento del riesgo no es un detalle. Hasta ahora, gran parte de la incertidumbre se absorbía de forma colectiva: ajustes graduales, reservas, decisiones compartidas. Con el nuevo sistema, esa incertidumbre se traslada en mayor medida al individuo. El mensaje implícito es que la pensión ya no es tanto un derecho estable como el resultado de una buena o mala trayectoria financiera.

El nuevo sistema se presenta como más transparente. El trabajador puede ver cuánto ha aportado y cómo evolucionan sus derechos. Pero esa claridad tiene un reverso: deja al descubierto que la jubilación está expuesta a los ciclos económicos. Jubilarse en un mal momento puede significar una pensión más baja sin que exista un mecanismo claro de corrección.

Además, los sistemas basados en aportaciones reproducen fielmente las desigualdades del mercado laboral. Quien ha tenido empleo estable y salarios altos acumula más. Quien ha pasado por el desempleo, la temporalidad o el trabajo parcial llega a la jubilación con menos. El sistema corrige poco estas brechas y las convierte en pensiones desiguales.

En el debate neerlandés también pesa la dificultad técnica de la transición. Convertir derechos antiguos en nuevas reglas no es un proceso neutro. Errores de cálculo, problemas de datos o una mala comunicación pueden erosionar la confianza social en el sistema. Y sin confianza, las pensiones dejan de cumplir su función básica.

España parte de un modelo muy distinto. El sistema público de reparto sigue siendo el eje central y el Estado actúa como garante último. Las reformas recientes han buscado reforzar ingresos y asegurar el equilibrio financiero sin romper ese esquema.

Sin embargo, el caso neerlandés no es irrelevante. Funciona como advertencia. En contextos de presión demográfica y fiscal, la solución fácil suele ser trasladar el riesgo al individuo bajo el argumento de la sostenibilidad. Se presenta como una decisión técnica, pero es una decisión política.

El fondo del debate es sencillo de entender: cuando la economía va mal, alguien paga la factura. La pregunta es si lo hace el conjunto de la sociedad a través del presupuesto público o si lo hace cada pensionista de forma individual a través de una pensión más baja.

La reforma de Países Bajos muestra que incluso los sistemas considerados ejemplares están optando por soluciones que sacrifican certidumbre a cambio de estabilidad financiera. España aún no ha dado ese paso, pero el debate está latente. Y no es técnico: es una discusión sobre qué nivel de seguridad se considera aceptable al final de la vida laboral.