El Ministerio de Sanidad impulsa un nuevo marco legal para frenar la privatización del sistema sanitario y reforzar el control público sobre hospitales y servicios gestionados por empresas privadas.
El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, una norma que busca limitar de forma clara las fórmulas de gestión privada en la sanidad pública y reforzar la supervisión sobre los recursos sanitarios.
El texto supone un cambio relevante en el marco jurídico vigente desde finales de los años noventa, al establecer que la colaboración público-privada solo podrá aplicarse de manera excepcional. La nueva regulación fija que únicamente se recurrirá a entidades privadas cuando no sea posible la prestación directa desde el sector público y siempre que se cumplan criterios estrictos de sostenibilidad financiera, eficiencia y calidad asistencial.
Entre las principales novedades se encuentra la obligación de que las comunidades autónomas elaboren un informe técnico previo para justificar cualquier concierto o externalización. Este documento deberá acreditar la necesidad real de la colaboración y será evaluado por un comité de expertos antes de que pueda autorizarse el procedimiento.
La ley también prohíbe la firma de nuevos contratos en los que una empresa privada asuma de forma conjunta la construcción y la gestión de hospitales públicos, una fórmula que ha sido objeto de debate en los últimos años. Además, se incorporan medidas específicas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, obligando a las administraciones a publicar de forma periódica información detallada sobre contratos, conciertos, resultados en salud y calidad del servicio.
Aunque la norma no tendrá carácter retroactivo y no afectará a los acuerdos firmados antes de su entrada en vigor, sí contempla mecanismos de asesoramiento para facilitar la reversión a la gestión pública de servicios sanitarios externalizados. En este sentido, la Alta Inspección Sanitaria podrá orientar a las comunidades autónomas en los procesos de recuperación de servicios.
La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente debate social e institucional sobre los modelos de gestión sanitaria y el papel del sector privado en la prestación de servicios públicos. Con esta ley, el Ministerio de Sanidad pretende reforzar el carácter público del sistema, aumentar el control sobre el gasto y garantizar una atención sanitaria basada en criterios de interés general.
El anteproyecto inicia ahora su recorrido legislativo, en un proceso que marcará el futuro del modelo sanitario público en el Estado.
