El Sindicato de Periodistas de Madrid reclama el archivo de la causa contra Ignacio Escolar y cuatro profesionales de elDiario.es, además de una legislación que proteja al periodismo frente a las demandas intimidatorias también en la vía penal.
El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) ha expresado su “solidaridad y apoyo íntegro” al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y a las periodistas Elena Cabrera, Ana Requena y María Ramírez, así como al periodista Juanlu Sánchez, tras la querella presentada contra ellos por el cantante Julio Iglesias.
La acción judicial está relacionada con una investigación periodística que recogió los testimonios de dos antiguas trabajadoras domésticas del artista. Ambas denunciaron haber sufrido presuntas agresiones sexuales.
Según señala el sindicato en un comunicado publicado este 23 de julio, el trabajo de elDiario.es fue elaborado durante tres años e incluyó diferentes entrevistas con las denunciantes y un proceso de contraste de los hechos. Para el SPM, el medio actuó con la diligencia informativa exigida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
La organización considera que la querella tiene un carácter intimidatorio y pretende “desgastar, atemorizar y encarecer el ejercicio del periodismo”. El sindicato la encuadra dentro de las conocidas como demandas SLAPP, siglas utilizadas para denominar las acciones judiciales estratégicas contra la participación pública.
El riesgo de investigar a personas con poder
El SPM advierte de que informar sobre violencia machista puede exponer a periodistas y medios de comunicación a represalias judiciales, especialmente cuando las investigaciones afectan a personas con notoriedad, poder o una elevada capacidad económica.
“Defender a quienes hacen ese periodismo es también una forma de defender a las víctimas y su derecho a ser escuchadas”.
La organización señala que estas acciones judiciales no constituyen casos aislados, sino que formarían parte de una estrategia utilizada por personas e instituciones poderosas para silenciar investigaciones mediante el desgaste económico y psicológico asociado a procesos judiciales prolongados.
Una protección que también alcance a las querellas penales
El comunicado también critica el retraso de España en la incorporación de la Directiva europea contra las demandas SLAPP, aprobada por la Unión Europea en 2024. Según el SPM, el plazo para su transposición concluyó el pasado 7 de mayo, pero el procedimiento continúa en una fase preliminar.
El Gobierno habría aprobado en primera vuelta los correspondientes anteproyectos, aunque todavía no se habrían convertido en proyectos de ley ni habrían iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados.
El sindicato advierte, además, de que la normativa europea se limita principalmente a litigios civiles y mercantiles con dimensión transfronteriza. Por tanto, las querellas penales por presuntas injurias o calumnias quedarían fuera de su ámbito de protección.
Ante esta situación, el SPM reclama que la legislación española vaya más allá de los mínimos establecidos por Bruselas e incorpore mecanismos para desestimar de manera temprana las acciones penales manifiestamente infundadas. También propone la imposición de las costas procesales cuando se acredite una utilización intimidatoria de los tribunales.
El SPM reclama el archivo de la causa
El Sindicato de Periodistas de Madrid plantea cuatro exigencias:
- El archivo de la querella contra Ignacio Escolar, Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez, al considerar que carece de fundamento y persigue una finalidad intimidatoria.
- La conclusión sin más demora de la transposición de la Directiva europea anti-SLAPP, sin reducir su alcance ni sus garantías.
- La incorporación de mecanismos de desestimación temprana e imposición de costas frente a querellas penales manifiestamente infundadas.
- Un mayor compromiso de las instituciones y de la profesión periodística con la protección de las investigaciones sobre violencia sexual y machista.
El sindicato concluye reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y del derecho de las víctimas a ser escuchadas frente a las acciones judiciales que puedan utilizarse para intimidar a medios y profesionales de la información.
Para el SPM, proteger al periodismo de investigación ante las acciones judiciales intimidatorias también supone defender la libertad de información y el derecho de las víctimas a que sus testimonios sean escuchados.
Foto portada SPM
