Foto: La fábrica de nubes / Wikimedia Commons . Licencia CC BY-SA 4.0 .
El sindicato asegura que los datos proceden del Portal de Transparencia y denuncia que la empresa pública destina importantes cantidades a afrontar conflictos judiciales y sanciones mientras mantiene recortes de plantilla y carencias materiales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha cifrado en cerca de 5,7 millones de euros el dinero destinado por Correos durante los últimos años a asistencia y representación jurídica, costas judiciales y multas relacionadas con la seguridad y la salud laboral.
Según la información publicada por el sindicato, obtenida mediante una solicitud presentada en el Portal de Transparencia, la mayor partida corresponde a los pagos realizados a la Abogacía General del Estado. Entre 2023 y 2026, Correos habría abonado 4.239.477,36 euros por estos servicios, una media superior al millón de euros anual.
A esta cantidad se suman 530.030 euros destinados a contratar asistencia jurídica especializada externa: 523.000 euros durante 2024 y otros 7.030 euros en 2025. Ambos importes aparecen sin incluir el IVA u otros impuestos indirectos.
Más de 76.000 euros en costas judiciales
Los datos difundidos por CGT también recogen 76.431,98 euros en costas derivadas de procedimientos judiciales. Correos habría pagado 33.130,05 euros durante 2024 y 43.301,93 euros en 2025.
La suma de la asistencia de la Abogacía del Estado, los servicios jurídicos externos y las costas judiciales alcanza los 4.845.939,34 euros, sin contabilizar los impuestos indirectos correspondientes a las contrataciones externas.
CGT interpreta este gasto como el resultado de una política empresarial marcada por la judicialización de los conflictos laborales y la ausencia de diálogo con la plantilla. El sindicato critica que Correos dedique más de un millón de euros al año a lo que denomina una «batalla judicial», mientras rechaza determinadas reivindicaciones laborales alegando limitaciones económicas.
Las multas aumentaron entre 2022 y 2025
La segunda gran partida denunciada corresponde a las multas por requerimientos y expedientes sancionadores de la Inspección de Trabajo relacionados con la seguridad y la salud laboral.
De acuerdo con el desglose publicado por CGT, Correos habría pagado 837.165 euros entre 2022 y 2025. La evolución anual refleja un incremento continuado:
- 73.794 euros en 2022.
- 139.510 euros en 2023.
- 287.434 euros en 2024.
- 336.427 euros en 2025.
La cantidad abonada en 2025 multiplica por más de cuatro la registrada en 2022. El sindicato considera que estos datos evidencian deficiencias preventivas en los centros de trabajo y reclama que los recursos se destinen a evitar los incumplimientos que originan las sanciones.
El conjunto de las partidas detalladas por CGT suma 5.683.104,34 euros, antes de añadir los impuestos indirectos excluidos de los contratos jurídicos externos. De este cálculo procede la cifra global cercana a los 5,7 millones de euros denunciada por la organización sindical.
Recortes de plantilla y precarización del empleo
CGT vincula estos gastos con la política laboral desarrollada por la dirección de Correos. La organización denuncia desde hace años la reducción de plantilla, la falta de contratación, el mantenimiento de jornadas parciales y las deficiencias en vehículos y materiales de trabajo.
El sindicato sostiene que estas decisiones no solo afectan a las condiciones laborales, sino también a la calidad del servicio postal público.
«Nos dicen que no hay dinero para contratar, para mejorar las condiciones laborales y salariales, para reconvertir las jornadas parciales en completas o dotarnos de materiales y vehículos en buen estado», denuncia CGT.
Frente a este argumento, la organización señala que las cifras obtenidas mediante Transparencia muestran la existencia de recursos destinados a afrontar conflictos judiciales y sanciones administrativas.
CGT reclama la dimisión del presidente de Correos, Pedro Saura, y exige un cambio en la gestión de la empresa pública que priorice la contratación, la prevención de riesgos y la mejora de las condiciones de la plantilla.
Pedro Saura ocupa la presidencia ejecutiva de Correos desde diciembre de 2023, según consta en el organigrama oficial de la sociedad estatal. Al cierre de esta información, Contraplano no ha localizado una respuesta pública específica de Correos a los datos y acusaciones difundidos por CGT.
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