CGT reclama el traslado inmediato a la península de los menores no acompañados, una tramitación ágil de las solicitudes de asilo y el fin de las agresiones contra las personas migrantes y quienes les prestan ayuda.
La crisis humanitaria de Ceuta continúa sin una respuesta capaz de garantizar unas condiciones dignas para las miles de personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. A la falta de alojamiento y recursos básicos se suma un clima de creciente tensión, con ataques contra asentamientos, amenazas y agresiones denunciadas tanto por migrantes como por activistas y personas voluntarias.
El Gobierno cifra en alrededor de 5.000 las personas migrantes que todavía se encuentran en Ceuta, entre ellas 1.500 menores. De estos últimos, 700 son niñas y muchos tienen menos de 13 años. Una parte continúa instalada en campamentos improvisados situados en las playas y otros puntos de la ciudad.
Ante esta situación, la Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia el abandono institucional y alerta de que se está produciendo una «auténtica cacería de personas». El sindicato responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber articulado una respuesta humanitaria suficiente y critica la pasividad de la Unión Europea ante lo que sucede en su frontera sur.
CGT también acusa a PP y Vox de haber alimentado un clima racista mediante sus discursos sobre inmigración. Para la organización sindical, la utilización política de la crisis está contribuyendo a presentar como una amenaza a personas que han huido de la pobreza, la persecución o la falta de oportunidades.
Un testimonio denuncia golpes, amenazas y la retirada de teléfonos
El comunicado incorpora el testimonio de una de las personas que se encuentra en Ceuta prestando ayuda a la población migrante. Según su relato, los hechos ocurrieron entre las tres y las cuatro de la madrugada en el paseo de la playa de Benítez.
Tres activistas circulaban en un vehículo cuando observaron la presencia de agentes antidisturbios equipados con cascos y armas para lanzar pelotas de goma. Al escuchar gritos y disparos procedentes de la playa, decidieron detenerse y comenzar a grabar.
«Empezamos a grabar cómo la Policía pega con porras a los migrantes que pasan».
Según la persona denunciante, un agente les ordenó dejar de grabar, se interpuso ante la cámara y solicitó la documentación de las tres personas.
El relato asegura que posteriormente apareció un grupo de vecinos, algunos encapuchados o con el rostro cubierto, que comenzó a increpar y empujar a los activistas. La persona que ofrece el testimonio afirma que varios agentes, vecinos y al menos un militar los rodearon y que uno de los policías intentó arrebatarle el teléfono.
«Finalmente me quitan el teléfono a la fuerza de las manos. Me piden que me vaya y, cuando pregunto por él, me responden algo parecido a: “¿Qué teléfono? Yo no he visto ningún teléfono”».
La denuncia añade que una segunda activista, identificada con el nombre ficticio de Marta, fue reducida, esposada y trasladada en un vehículo policial. Mientras esto sucedía, varias personas habrían pinchado las ruedas del coche de los activistas y amenazado con prenderle fuego.
Ataques contra asentamientos y personal humanitario
El relato se produce después de varias jornadas marcadas por los ataques contra los precarios asentamientos levantados por las personas migrantes. En la playa de Benítez, un grupo de manifestantes irrumpió en uno de los campamentos, destruyó las instalaciones improvisadas y prendió fuego a parte de ellas.
También se han documentado intentos de impedir el paso de la ayuda humanitaria, amenazas contra personas voluntarias y agresiones a profesionales de los medios de comunicación. Amnistía Internacional ha reclamado a las autoridades que protejan tanto a las personas migrantes y refugiadas como al personal humanitario frente a los actos y discursos racistas.
CGT cuestiona asimismo la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reclama mecanismos de control que permitan investigar las posibles extralimitaciones. El sindicato sostiene que las tareas de seguridad no pueden convertirse en actuaciones violentas contra personas indefensas ni impedir que se documenten posibles vulneraciones de derechos.
Traslado de menores y tramitación de las solicitudes de asilo
Entre las medidas reclamadas por CGT se encuentra el traslado inmediato a la península de los menores no acompañados, cuya situación considera especialmente vulnerable. La organización exige también una tramitación ágil e individualizada de las solicitudes de protección internacional.
El sindicato reclama una respuesta coordinada entre el Estado español y la Unión Europea para ofrecer acogida a quienes permanecen atrapados en Ceuta, así como facilitar el trabajo de las organizaciones y personas que están proporcionando alimentos, asistencia y acompañamiento.
CGT pide igualmente el fin de las agresiones y anima a participar en las concentraciones convocadas en distintos puntos del Estado contra el racismo y en apoyo a las personas migrantes y a la ciudadanía solidaria de Ceuta.
La respuesta a la crisis, insiste la organización, debe situar los derechos humanos en el centro. Detrás de las cifras hay personas, muchas de ellas menores, que no pueden seguir siendo abandonadas en las playas, utilizadas como arma política ni convertidas en objetivo de grupos violentos.
