Imagen: Carl Lender / Wikimedia Commons , bajo licencia CC BY 2.0 .
El colectivo “No es sequía, es saqueo” advierte de que el nuevo proyecto de regulación estatal puede trasladar la presión energética de los centros de datos al territorio mediante una nueva expansión de los macroparques renovables.
La expansión de los centros de datos impulsada por el Gobierno de Aragón podría tener consecuencias territoriales muy superiores a las reconocidas hasta ahora. Un escenario con 8 gigavatios de potencia instalada obligaría a ocupar entre el 29 % y el 39 % de la superficie aragonesa con instalaciones renovables para cubrir su demanda eléctrica, según las estimaciones difundidas por investigadores de la Universidad de Zaragoza.
La advertencia ha sido recogida por el colectivo aragonés “No es sequía, es saqueo”, que cuestiona el proyecto de real decreto presentado por el Gobierno central para regular la sostenibilidad energética, ambiental e hídrica de estas infraestructuras.
La organización considera que la regulación llega cuando una parte importante de los proyectos ya ha obtenido permisos de conexión y que, lejos de limitar el crecimiento del sector, podría favorecer una nueva oleada de instalaciones solares y eólicas destinadas a abastecer su elevado consumo eléctrico.
Entre la transición digital y la ocupación del territorio
La estimación sobre la superficie necesaria procede de los trabajos divulgados por el Instituto Universitario de Investigación Mixto ENERGAIA, vinculado a la Universidad de Zaragoza. La catedrática de Ingeniería Química Alicia Valero ha advertido en diferentes encuentros públicos de que el desarrollo de los proyectos anunciados podría multiplicar por doce el consumo energético asociado a los centros de datos en Aragón.
La cifra del 29 % al 39 % corresponde a un escenario en el que llegaran a implantarse los 8 gigavatios anunciados por el Ejecutivo autonómico. No significa que esa superficie vaya a quedar ocupada automáticamente, sino que refleja la dimensión territorial que podría alcanzar la generación renovable necesaria para abastecer semejante potencia.
“Se traslada un problema de escasez de energía hacia un problema de escasez de suelo”.
Colectivo “No es sequía, es saqueo”
Desde la organización denuncian que se pretende responder a un problema de disponibilidad energética mediante una mayor ocupación del suelo. El colectivo teme que empresas dedicadas a la promoción de parques renovables encuentren una nueva oportunidad de negocio vinculando sus proyectos a los centros de datos.
También señala los posibles efectos sobre los municipios afectados: transformación del suelo rural, saturación de la red eléctrica, ruido, consumo de agua, generación de calor y presión sobre las infraestructuras públicas.
El Gobierno quiere vincular los centros de datos a nuevas renovables
El Ministerio para la Transición Ecológica presentó el 27 de agosto un proyecto de real decreto que permanecerá en audiencia pública hasta el 4 de septiembre. La propuesta pretende ordenar la conexión de los centros de datos a la red eléctrica y establecer condiciones de eficiencia energética, consumo de agua y soberanía digital.
La regulación se aplicaría a instalaciones con una potencia de acceso igual o superior a un megavatio. Estos centros deberán respaldar con nueva generación renovable, hora a hora, al menos el 80 % de su consumo eléctrico, hasta que las energías renovables superen el 90 % del conjunto de la generación nacional.
El Gobierno central sostiene que este requisito evitará que el crecimiento de la demanda provoque un mayor uso del gas y un encarecimiento de la electricidad para el resto de consumidores.
La norma también exigirá los niveles europeos más altos de eficiencia energética e hídrica y permitirá penalizar los incumplimientos con recargos o, en los casos más graves, con la retirada de los permisos de acceso y conexión.
Una regulación que no afectaría por igual a los proyectos autorizados
El principal reproche del movimiento aragonés es que las nuevas obligaciones se aplicarán fundamentalmente a los centros que se conecten después de la entrada en vigor del real decreto. En consecuencia, los proyectos que ya dispongan de determinados permisos podrían quedar fuera de una parte de las nuevas exigencias.
“No va a parar ninguno de los proyectos que ya tienen permiso de conexión a la red eléctrica”.
Colectivo “No es sequía, es saqueo”
La organización asegura que en Aragón más de la mitad de las iniciativas anunciadas se encuentran en esa situación.
El colectivo también cuestiona que exigir la máxima categoría de eficiencia sea suficiente para reducir el impacto global. Un centro puede necesitar menos agua o electricidad por unidad de procesamiento y, al mismo tiempo, incrementar su consumo total si continúa aumentando su tamaño y capacidad.
Este fenómeno se conoce como paradoja de Jevons: una mejora en la eficiencia abarata o facilita el uso de un recurso, pero termina favoreciendo un crecimiento que eleva el consumo absoluto. En el caso de los centros de datos, la expansión de la inteligencia artificial y de los servicios digitales puede absorber rápidamente cualquier ahorro conseguido mediante mejoras tecnológicas.
Agua y electricidad para una industria en expansión
Los centros de datos funcionan de manera ininterrumpida y necesitan grandes cantidades de electricidad para alimentar los servidores y mantener los sistemas de refrigeración. Dependiendo de la tecnología utilizada, también pueden requerir importantes volúmenes de agua.
El proyecto estatal establece indicadores para medir la eficiencia hídrica y obliga a las instalaciones a facilitar información sobre su consumo. Sin embargo, los colectivos afectados reclaman que, antes de autorizar cada proyecto, se valore su impacto acumulado sobre las cuencas, los municipios y el resto de actividades económicas.
El propio Ministerio admite que la capacidad de la red eléctrica es un recurso limitado y que la conexión de grandes consumidores puede restar disponibilidad a viviendas, transporte, industria y otros procesos de electrificación.
Frente a la apuesta del Gobierno de Aragón por convertir la comunidad en un gran polo europeo de almacenamiento y procesamiento digital, las organizaciones sociales reclaman una planificación que establezca límites territoriales, energéticos e hídricos.
“No es sequía, es saqueo” defiende una moratoria sobre nuevos centros de datos mientras no exista una evaluación completa del conjunto de proyectos anunciados. El colectivo considera que la movilización social y la organización de los municipios afectados serán determinantes para condicionar una expansión que, según denuncia, está siendo diseñada en función de los intereses de las grandes multinacionales tecnológicas.
El crecimiento de la inteligencia artificial no solo se desarrolla en programas y servicios alojados en una nube aparentemente inmaterial. Detrás de cada centro de datos existen grandes infraestructuras eléctricas, consumo de agua, materiales, suelo y decisiones políticas sobre qué actividades deben tener prioridad en el acceso a unos recursos limitados.
