El Ayuntamiento de Torrejón se suma a la concentración por Ceuta sin anunciar medidas propias de apoyo

Ceuta necesita apoyo. Necesita recursos, coordinación entre administraciones, protección para quienes han quedado desamparados y una respuesta firme ante la actuación del régimen marroquí. Lo que no necesita es que su sufrimiento se utilice como decorado para una campaña nacional del Partido Popular.

El próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a celebrar concentraciones ante los ayuntamientos coincidiendo con el Día de Ceuta. La convocatoria fue anunciada el 25 de agosto por la presidenta de la federación y alcaldesa popular de Jerez, María José García-Pelayo, después de reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Una convocatoria presentada como de todos, pero decidida por una parte

La FEMP asegura hablar en nombre de los 8.132 ayuntamientos españoles. Sin embargo, los grupos Socialista, IU-Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts en la propia federación han denunciado que la convocatoria fue adoptada por García-Pelayo sin el respaldo del resto de formaciones ni el acuerdo de los órganos de gobierno. También han cuestionado que se decidiera del mismo modo trasladar a Ceuta la Junta de Gobierno de septiembre y ceder a Vivas el puesto de la presidencia de la FEMP en el Comité Europeo de las Regiones.

No se discute el derecho —ni la obligación— de mostrar solidaridad con Ceuta. Se discute que una institución plural sea utilizada para presentar como consenso municipal lo que fue una decisión unilateral de su presidenta. Cuando una convocatoria nace sin acuerdo, se reproduce de forma casi idéntica en consistorios gobernados por el PP y llega acompañada de mociones y mensajes contra el Gobierno central, el gesto institucional se parece demasiado a una campaña de partido.

Pedir solidaridad institucional de palabra mientras se rechaza compartir la respuesta material no es apoyar a Ceuta: es utilizarla.

Solidaridad en la plaza, resistencia en la acogida

La contradicción es difícil de ocultar. Mientras el PP moviliza a sus ayuntamientos para fotografiarse bajo la palabra “solidaridad”, Feijóo ha rechazado el traslado temporal a la Península de 500 niñas migrantes que permanecen en una situación de especial vulnerabilidad en Ceuta. Las comunidades gobernadas por el PP también se han resistido a abrir una respuesta compartida para aliviar la saturación del sistema ceutí.

El 27 de agosto, la Conferencia Sectorial de Infancia aprobó por unanimidad de los presentes una transferencia extraordinaria de 25 millones de euros para atender a la infancia migrante no acompañada. Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde Vox dirige las competencias de Infancia en gobiernos compartidos con el PP, no acudieron a la reunión. El dinero es imprescindible, pero no sustituye a la corresponsabilidad territorial: Ceuta no puede afrontar sola el alojamiento, la alimentación, la atención sanitaria, la escolarización y la protección de miles de menores.

Ese es el nudo de la cuestión. La solidaridad no consiste en concentrarse una tarde ante un ayuntamiento. Consiste en asumir una parte de la responsabilidad cuando una ciudad con territorio y recursos limitados se encuentra desbordada.

Cuando la institución adopta el marco de la extrema derecha

El PP sabe que está jugando con fuego. Lo sabe porque las palabras no caen en el vacío. En Ceuta ya se han producido ataques contra asentamientos improvisados de personas migrantes, amenazas a voluntarios de Cruz Roja y agresiones contra vecinos musulmanes. En ese contexto, hablar sistemáticamente de “invasión”, asociar migración con enfermedades o inseguridad y reclamar que el Ejército actúe sobre población civil no aporta serenidad ni soluciones: legitima el marco que la extrema derecha lleva años intentando imponer.

El fascismo no necesita que el PP firme todos sus postulados. Le basta con que un gran partido conserve sus palabras, normalice sus enemigos y convierta el miedo en política institucional. Después, los ultras hacen el resto: señalan a personas concretas, convierten la pobreza en amenaza y presentan la violencia como una supuesta defensa de la comunidad.

La población de Ceuta tiene derecho a exigir seguridad, servicios públicos y una actuación rápida del Estado. También tiene derecho a no ser utilizada como escudo para criminalizar a decenas de miles de personas por su origen. Defender a los ceutíes y proteger a quienes han cruzado la frontera no son objetivos incompatibles. La política democrática debe ser capaz de hacer ambas cosas a la vez.

La infancia no puede desaparecer del relato

El lenguaje de las fronteras borra vidas. Habla de cifras, oleadas y expulsiones, pero rara vez nombra a los niños y niñas que han llegado sin protección familiar. Feijóo ha reclamado que regresen “todos”, “ni mayores ni menores”, como si la minoría de edad pudiera suspenderse mediante una consigna.

La ley dice otra cosa. El artículo 35.5 de la Ley de Extranjería establece que cualquier repatriación de un menor debe responder a su interés superior y producirse mediante reagrupación familiar o entrega a servicios de protección adecuados. Eso obliga a estudiar cada situación y comprobar que existen garantías. Las devoluciones colectivas y automáticas no son una decisión política disponible al gusto de cada partido.

Una respuesta humanitaria no significa ausencia de control fronterizo. Significa identificación, información, asistencia jurídica, atención sanitaria, espacios dignos de alojamiento, protección frente a la violencia y procedimientos individualizados. El Estado debe esclarecer qué información tenía antes del 30 y 31 de julio, qué falló en la coordinación y por qué no se anticipó un dispositivo suficiente. Pedir responsabilidades al Gobierno es legítimo; convertir a las personas migrantes en culpables de ese fallo institucional no lo es.

Firmeza frente a Mohamed VI, no contra quienes se jugaron la vida

El origen inmediato de la crisis está al otro lado de la frontera. Marruecos dispone de un potente aparato policial y utiliza periódicamente el control migratorio como instrumento de presión política. El PP ha elevado el tono contra Rabat durante las últimas semanas, pero su ofensiva más visible continúa dirigida contra el Gobierno español y contra la acogida, mientras las exigencias concretas al régimen de Mohamed VI quedan en un segundo plano.

La firmeza debe dirigirse al sátrapa Mohamed VI, no a quienes se lanzaron al mar o cruzaron la frontera empujados por la desesperación. España debe reclamar explicaciones, exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Marruecos, denunciar cualquier utilización de seres humanos como herramienta de presión y trasladar el conflicto a las instituciones europeas. La cooperación no puede convertirse en sumisión diplomática, ni los derechos humanos en moneda de cambio.

Torrejón también debe elegir entre la foto y la solidaridad

El Ayuntamiento de Torrejón puede concentrarse el 2 de septiembre. Pero si quiere apoyar a Ceuta de verdad, debe explicar qué está dispuesto a aportar más allá de la fotografía: qué recursos, qué cooperación institucional y qué compromiso con la protección de menores y personas vulnerables.

Lo contrario es demasiado cómodo: convocar a los vecinos ante la puerta del Consistorio, envolver el acto en banderas y regresar después a una política que deja toda la carga sobre Ceuta. La solidaridad no se proclama; se practica.

Pie en pared ante la extrema derecha, respuesta humanitaria para quienes necesitan protección y firmeza política frente al régimen de Mohamed VI. Todo lo demás es propaganda. Y la propaganda del miedo, en una ciudad atravesada ya por la tensión y la violencia racista, puede terminar alimentando a quienes nunca han creído en la convivencia.