Mari Carmen, 87 años y 70 años en la misma casa: un desahucio que vuelve a retratar la crisis de la vivienda en Madrid
Mari Carmen Abascal, de 87 años, ha tenido que abandonar este miércoles 23 de septiembre la vivienda del distrito de Retiro en la que había desarrollado prácticamente toda su vida. La comisión judicial ha ejecutado finalmente su desahucio después de varios intentos aplazados, una larga batalla judicial y meses de movilizaciones vecinales.
La imagen con la que termina esta historia resulta difícil de separar del debate sobre el modelo de vivienda de Madrid: una mujer de 87 años saliendo en camilla de la casa en la que llevaba viviendo desde 1956, mientras cientos de personas permanecían concentradas en el exterior y la propiedad recuperaba un inmueble situado en uno de los barrios donde más se ha encarecido el acceso a la vivienda.
El lanzamiento era legalmente ejecutable tras las resoluciones judiciales favorables a la propiedad. Pero la legalidad del procedimiento no elimina las preguntas sociales que deja detrás: qué protección real existe para una persona mayor cuando su vivienda cambia de manos, hasta dónde debe llegar el derecho del propietario y qué papel deben asumir las administraciones cuando la alternativa es expulsar a una vecina de casi 88 años del entorno en el que ha construido toda su vida.
Setenta años detrás de una misma puerta
La relación de Mari Carmen con la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda comenzó en 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler. Tras su fallecimiento, el contrato pasó a su madre y posteriormente fue subrogado por Mari Carmen.
No hablamos, por tanto, de una inquilina llegada recientemente al edificio. Durante aproximadamente siete décadas esa vivienda ha sido su hogar, su barrio y el centro de su red personal y social.
Mari Carmen continuó pagando un alquiler de alrededor de 500 euros mensuales, actualizado conforme a las condiciones de su antiguo contrato. El problema apareció después de que el edificio cambiara de propietarios y el nuevo titular reclamara la finalización de aquella relación contractual.
El caso resume uno de los procesos que están transformando muchos barrios de las grandes ciudades: edificios que durante décadas fueron fundamentalmente lugares donde vivir pasan a convertirse en activos inmobiliarios cuya rentabilidad depende de las posibilidades económicas que ofrece el mercado.
De un alquiler asumible a cantidades imposibles para su pensión
Uno de los puntos centrales del conflicto ha sido precisamente el precio.
Las diferentes informaciones publicadas durante el procedimiento han recogido propuestas de alquiler que llegaron a situarse entre los 1.650 y los 2.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 500 euros que Mari Carmen venía abonando.
Su pensión ronda los 1.350 euros mensuales.
La comparación permite entender por qué la continuidad en la vivienda resultaba económicamente imposible para ella bajo las nuevas condiciones planteadas.
La discusión va además mucho más allá de si el precio reclamado podía ajustarse al mercado. Precisamente ahí reside una de las cuestiones centrales del problema actual de la vivienda: cuando el precio de mercado supera los ingresos completos de una persona, el mercado deja de ofrecer por sí solo una solución habitacional.
Una oferta para pagar el alquiler tampoco frenó el desahucio
En las últimas horas antes del lanzamiento apareció incluso una posibilidad extraordinaria para tratar de evitarlo.
Una escritora que pidió permanecer en el anonimato se ofreció, según confirmó el Sindicato de Inquilinas, a asumir una parte considerable del alquiler reclamado para que Mari Carmen pudiera continuar en su casa.
La propuesta contemplaba que ella siguiera pagando aproximadamente los 500 euros que había abonado hasta ahora y que la donante cubriera la diferencia.
La propiedad no aceptó finalmente una solución que permitiera paralizar el lanzamiento.
La abogada de Mari Carmen, Beatriz Duro, denunció este miércoles que tampoco se había aceptado aplazar durante unos días el desalojo ni las alternativas planteadas por motivos humanitarios.
La propiedad mantiene, por su parte, el respaldo de las resoluciones judiciales que reconocen su derecho a recuperar la vivienda.
El Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad
El origen jurídico del conflicto está en las sucesivas subrogaciones del antiguo contrato de renta.
Tras la muerte del padre de Mari Carmen, el alquiler pasó a su madre y posteriormente a ella. La empresa propietaria acudió a los tribunales al considerar agotadas las posibilidades legales para mantener aquellas subrogaciones.
Mari Carmen obtuvo inicialmente una resolución favorable, pero el procedimiento continuó hasta llegar al Tribunal Supremo, que terminó resolviendo a favor de la propiedad.
Desde ese momento comenzó el proceso destinado a recuperar judicialmente la vivienda.
La sentencia establece quién tiene jurídicamente derecho al inmueble. Pero el caso evidencia también que resolver un conflicto contractual no significa necesariamente resolver el problema humano que queda después.
La ONU pidió paralizar el desalojo
La situación llegó incluso al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
El organismo solicitó a España medidas cautelares para suspender el lanzamiento mientras estudiaba el caso o, en su defecto, garantizar una alternativa habitacional adecuada para Mari Carmen.
El Ministerio de Vivienda también pidió frenar el procedimiento y llegó a intentar intervenir para buscar una solución sobre el inmueble, según las informaciones publicadas durante estos meses.
Ninguna de esas actuaciones consiguió finalmente evitar el desalojo.
Que una mujer de 87 años haya terminado saliendo de su domicilio en camilla después de que un organismo de Naciones Unidas reclamara una solución alternativa plantea una pregunta inevitable sobre la capacidad de las instituciones españolas para intervenir cuando el derecho de propiedad entra en conflicto con situaciones de extrema vulnerabilidad residencial.
Las alternativas que no garantizaban seguir viviendo en su barrio
Durante estos meses también se ha discutido sobre las soluciones ofrecidas por las administraciones.
El Ayuntamiento de Madrid ha señalado que puso a disposición de Mari Carmen diferentes recursos sociales y alternativas habitacionales.
Sin embargo, tanto ella como el Sindicato de Inquilinas han cuestionado que esas propuestas constituyeran una solución equivalente a poder seguir viviendo de manera independiente en su entorno habitual.
Entre las opciones que trascendieron públicamente figuró una plaza residencial fuera de Madrid, en Alcalá de Henares, cuyo coste consumiría buena parte de su pensión.
Para una persona mayor, una vivienda no son únicamente cuatro paredes. Significa mantener cerca el centro de salud, los comercios habituales, los vecinos, las amistades y una red de apoyo construida durante décadas.
Trasladar a una persona de 87 años fuera de ese entorno puede resolver administrativamente dónde duerme, pero no necesariamente garantiza que conserve las condiciones de vida que tenía hasta entonces.
Cientos de personas intentaron evitar el lanzamiento
Desde la noche del martes, cientos de personas se concentraron en la calle Alcalde Sainz de Baranda convocadas por el Sindicato de Inquilinas.
Vecinos, activistas y diferentes personalidades del mundo de la cultura permanecieron durante horas junto al edificio. Algunos pasaron la noche en la calle para tratar de impedir el cuarto intento de desahucio.
La Policía Nacional estableció finalmente un dispositivo para permitir el acceso de la comisión judicial.
Alrededor de las 13:00 horas, Mari Carmen abandonó definitivamente la que había sido su vivienda durante unos 70 años. Sanitarios del Samur la trasladaron en camilla hasta una ambulancia mientras las personas concentradas continuaban mostrando su apoyo desde detrás del cordón policial.
Cuando permanecer en tu propio barrio se convierte en un lujo
El caso de Mari Carmen no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento privado entre una propietaria y una inquilina.
Su historia concentra algunos de los problemas que atraviesan actualmente el mercado residencial: contratos antiguos que desaparecen, edificios que cambian de manos, alquileres que se actualizan hasta niveles inaccesibles para buena parte de la población y vecinos que después de décadas en un barrio descubren que sus ingresos ya no les permiten seguir viviendo en él.
El mercado inmobiliario establece cuánto puede valer un piso. Lo que no puede calcular es el valor de siete décadas de recuerdos, relaciones y arraigo.
Mari Carmen no pedía un ático, ni una vivienda de lujo, ni mudarse a uno de los barrios más caros de Madrid. Pedía poder permanecer en la casa en la que llevaba viviendo desde 1956.
Este miércoles no ha podido hacerlo.
Y detrás de la imagen de una mujer de 87 años abandonando su vivienda en camilla queda una cuestión que Madrid todavía tiene pendiente: si una ciudad puede considerar normal que después de toda una vida viviendo en el mismo barrio llegue un momento en el que permanecer en él dependa exclusivamente de poder pagar el precio que marque el mercado.
