Los vecinos de Ronda Gloria Fuertes 2, en Rivas-Vaciamadrid, han convocado una manifestación para el próximo sábado 24 de octubre, a las 12:00 horas, contra la pérdida de sus viviendas de alquiler. La protesta partirá de la estación de metro Rivas Futura y finalizará frente a la urbanización, donde varias familias denuncian que la inmobiliaria Nestar no renovará sus contratos.
La movilización se celebrará bajo el lema «Rivas para vivir, no para especular». Los residentes quieren trasladar al conjunto de la ciudad un conflicto que comenzó con las comunicaciones de finalización de los alquileres y que ha terminado convirtiéndose en una protesta vecinal organizada.
La convocatoria llega después de varias semanas de concentraciones, asambleas y denuncias públicas contra Nestar, la empresa propietaria de una promoción que nació como vivienda protegida y cuyos inmuebles, tras perder esa condición, pueden comercializarse a precios de mercado.
De viviendas protegidas a pisos en venta por más de 300.000 euros
La urbanización de Ronda Gloria Fuertes 2 fue construida entre los años 2000 y 2003 por la promotora privada Detinsa. Las viviendas estaban sometidas a un régimen de protección pública que permitía a sus primeros inquilinos acceder a alquileres inferiores a los habituales del mercado.
Según la información publicada por Diario de Rivas y El País, la promoción fue adquirida en 2008 por Lazora, posteriormente denominada Nestar. La compañía está gestionada por Azora, una firma especializada en inversión y gestión inmobiliaria.
El cambio de modelo se ha hecho especialmente visible al finalizar los contratos de los residentes. Varios inquilinos aseguran que la propiedad les ha comunicado que no renovará sus alquileres y que pueden adquirir los pisos si desean permanecer en ellos.
Sin embargo, los precios de venta constituyen uno de los principales obstáculos. Según la información publicada por El País el 12 de octubre, las viviendas se anunciaban por cantidades comprendidas entre 315.000 y 380.000 euros. Son importes que numerosos hogares consideran inasumibles, especialmente después de años pagando alquileres que también han aumentado.
La situación plantea una cuestión que trasciende esta urbanización: qué ocurre con las familias cuando una vivienda que fue protegida pierde esa condición y su propietario decide destinarla al mercado libre.
Familias que llevan más de quince años viviendo en la urbanización
Uno de los casos que ha dado visibilidad al conflicto es el de Fátima Moreno, que reside en la urbanización desde 2010 junto a su familia. Su contrato tenía inicialmente como fecha de finalización el 30 de noviembre de 2026.
La vecina explicó a distintos medios que la propiedad le había ofrecido comprar la vivienda, pero que el precio solicitado estaba fuera de sus posibilidades económicas. Abandonar el piso supondría también tener que buscar otra residencia y afrontar las consecuencias familiares y escolares de un posible traslado.
El caso de Fátima ha servido para movilizar a otros residentes que, aunque todavía tienen contratos en vigor, temen encontrarse en una situación semejante cuando llegue su vencimiento.
De acuerdo con Diario de Rivas, el vecindario calcula que alrededor de un centenar de personas podrían verse afectadas por las decisiones de la propiedad. Se trata de una estimación realizada por los residentes, no de una cifra oficial de procedimientos judiciales de desahucio.
Los vecinos también denuncian problemas de conservación en las viviendas, deficiencias que aseguran que no han sido reparadas y el cobro de distintos gastos asociados a los contratos de alquiler.
Entre esos conceptos mencionan el impuesto sobre bienes inmuebles, los gastos de comunidad, seguros y otras cantidades que consideran injustificadas o abusivas. La legalidad de cada cobro depende, entre otras circunstancias, de las condiciones contractuales y de la legislación aplicable, por lo que las denuncias vecinales no equivalen por sí mismas a una resolución judicial sobre todos estos gastos.
Una prórroga de dos años que no resuelve el conflicto colectivo
La organización vecinal ha conseguido un primer resultado después de las movilizaciones celebradas durante octubre.
El 15 de octubre, el medio local RivasVaciamadrid.info informó de que Nestar había comunicado una prórroga de hasta dos años para una de las familias afectadas. La información fue trasladada por Violeta Martínez, representante de los vecinos, después de que el hogar solicitara formalmente una ampliación del plazo mediante burofax.
La concesión supone un cambio respecto a la situación inicial, cuando la familia se enfrentaba a la finalización de su contrato sin una alternativa residencial asegurada.
Sin embargo, la ampliación no constituye una solución colectiva. Los restantes residentes siguen pendientes de las condiciones que la empresa aplicará cuando finalicen sus respectivos contratos.
Precisamente por eso, la manifestación del 24 de octubre mantiene su convocatoria. Los vecinos pretenden reclamar una respuesta que no dependa exclusivamente de negociaciones individuales y evitar que otras familias tengan que abandonar unas viviendas en las que llevan años residiendo.
Qué responde Nestar a las denuncias de los inquilinos
La empresa propietaria sostiene que su actuación se ajusta a la legislación de arrendamientos urbanos.
En declaraciones recogidas por Diario de Rivas el 8 de octubre, Nestar defendió su derecho a poner a la venta las viviendas una vez finalizados los contratos y aseguró que comunica esa decisión con antelación a los residentes, a quienes ofrece una posibilidad preferente de compra.
«Estamos ejerciendo nuestro derecho de sacar a la venta una vivienda cuando vence el contrato, todo según permite la ley».
La compañía también explicó a El País que estudia individualmente las situaciones de vulnerabilidad a través de un equipo de mediación social.
Estas explicaciones contrastan con el relato de los afectados, que consideran que las condiciones ofrecidas no les permiten continuar en sus hogares y reclaman una negociación que garantice mayor estabilidad residencial.
La finalización de un contrato y el desahucio judicial no son situaciones equivalentes. La negativa a renovar un alquiler puede desembocar en una reclamación de recuperación de la vivienda, pero no implica automáticamente que exista una orden judicial de lanzamiento.
El Ayuntamiento pide preservar la protección de las viviendas
El conflicto ha llegado también al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. El Gobierno municipal ha señalado que las viviendas proceden de una promoción privada y que no forman parte del parque gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda.
Según las declaraciones municipales recogidas por distintos medios, el consistorio ha ofrecido acompañamiento a las familias a través de los servicios jurídicos, los servicios sociales y otros recursos municipales. También ha facilitado espacios para que los vecinos puedan celebrar asambleas.
El Ayuntamiento sostiene que uno de los problemas de fondo es la existencia de regímenes de protección pública que tienen una duración limitada y permiten que las viviendas terminen incorporándose al mercado libre.
En declaraciones publicadas por El País, el Gobierno local explicó que pretende reclamar a la Comunidad de Madrid que se estudie la recuperación pública de estos inmuebles mediante la Agencia de Vivienda Social, teniendo en cuenta el origen público del suelo sobre el que fueron construidos.
No consta en las informaciones consultadas que esa recuperación se haya materializado ni que exista un acuerdo de adquisición de las viviendas.
Esta distinción resulta importante: el Ayuntamiento puede ofrecer asesoramiento, acompañamiento y mediación, pero no tiene capacidad por sí solo para obligar a un propietario privado a renovar todos los contratos una vez agotados los plazos legalmente establecidos.
Una movilización que cuestiona la pérdida de vivienda asequible
Lo ocurrido en Ronda Gloria Fuertes 2 ilustra las consecuencias de un sistema en el que determinadas viviendas pueden perder su protección pública con el paso del tiempo.
Una promoción construida para facilitar el acceso residencial a precios limitados puede terminar sometida a las mismas condiciones comerciales que cualquier otro inmueble de su entorno. Para quienes continúan viviendo allí, ese cambio puede suponer la imposibilidad de comprar la vivienda o asumir un alquiler alternativo.
En el caso de Rivas, el conflicto afecta a residentes que han construido su vida cotidiana en el municipio, cuyos hijos estudian en sus colegios y que mantienen relaciones familiares y vecinales consolidadas.
La reivindicación adquiere también una dimensión institucional: los afectados buscan fórmulas que permitan mantener la función social de unas viviendas inicialmente protegidas, mientras las administraciones deben determinar qué herramientas jurídicas y presupuestarias pueden utilizar para intervenir.
La movilización del sábado será una nueva oportunidad para trasladar estas reclamaciones a las calles. También permitirá comprobar el respaldo ciudadano a unas familias que han decidido organizarse colectivamente frente a la incertidumbre residencial.
Manifestación del sábado 24 de octubre: horario y recorrido
La convocatoria está fijada para el sábado 24 de octubre de 2026, a las 12:00 horas, en la estación de metro Rivas Futura.
Desde ese punto, los participantes marcharán hasta la urbanización Ronda Gloria Fuertes 2, escenario del conflicto entre los inquilinos y la empresa propietaria.
El cartel de la convocatoria recoge dos mensajes centrales: «Nestar nos echa de nuestras casas» y «Rivas para vivir, no para especular».
La convocatoria se produce cuando una de las familias ha logrado aplazar su salida, pero el resto de residentes todavía no dispone de una solución general sobre la continuidad de sus contratos.
Ese es el principal asunto pendiente de la protesta: si la presión vecinal y la intervención institucional pueden permitir que los inquilinos continúen viviendo en unas casas que, antes de incorporarse al mercado libre, estuvieron sometidas a protección pública.
Información relacionada: Los residentes de Ronda Gloria Fuertes 2 reclaman soluciones ante la incertidumbre de sus alquileres, publicado en Contraplano el 9 de octubre.
Fuentes consultadas
- Diario de Rivas: antecedentes del conflicto y declaraciones de vecinos y empresa.
- El País: testimonios de afectados, precios de venta y posición municipal.
- RivasVaciamadrid.info: información sobre la prórroga concedida a una familia.
- Cartel de convocatoria vecinal de la manifestación del 24 de octubre, facilitado a Contraplano.
